Cruzar la frontera, para pensarlo dos veces
Tras la detención en la garita de San Diego, California, de la exdiputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, a la que se le relaciona con Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y es acusada por el delito de conspiración, ahora muchos políticos mexicanos se la pensarán dos veces antes de intentar cruzar a Estados Unidos.
J. Jesús Lemus“El departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene alertas vigentes en sus fronteras para la detención de varios funcionarios públicos mexicanos, entre los que se encuentran ediles y legisladores locales”
Tras la detención en la garita de San Diego, California, de la exdiputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, a la que se le relaciona con Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y es acusada por el delito de conspiración, ahora muchos políticos mexicanos se la pensarán dos veces antes de intentar cruzar a Estados Unidos.
A la fecha, al menos una docena de políticos, entre ellos algunos legisladores, son señalados por sus posibles nexos con el narcotráfico, los que en México -a causa de la impunidad y del fuero constitucional- saben que no serán detenidos; no así en EU, en donde se ha evidenciado que ante la justicia de ese país no hay fuero que valga.
La forma en la que la justicia de Estados Unidos actúa se evidenció en marzo pasado, cuando el exfiscal de Nayarit intentó pasar hacia la frontera norte, pero en el cruce fue requerido por la justicia de ese país al considerarlo responsable de ilícitos que tienen ver con su presunta responsabilidad con el crimen organizado en México.
“El departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene alertas vigentes en sus fronteras para la detención de varios funcionarios públicos mexicanos, entre los que se encuentran ediles y legisladores locales”, dijo una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR) consultada por Reporte Indigo.
La colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado es uno de los grandes problemas que afronta nuestro país en el tema del combate al narcotráfico, siendo Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Morelos en donde se ha acentuado esta situación.
El caso más reciente de un funcionario público acusado de nexos con el crimen organizado se acaba de presentar en Michoacán, en donde el alcalde del municipio de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, fue detenido por elementos de la Policía Federal, luego de la presunción de nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios.
“Si el caso del edil de Jungapeo hubiese estados en manos de la justicia norteamericana, o si el alcalde hubiese intentado cruzar la frontera hacia Estados Unidos, no existe duda de que hubiese sido detenido en forma inmediata, sin mayor negociación o miramientos; esto porque así actúa la justicia de Estados Unidos”, dijo el sociólogo e investigador en temas de narcotráfico, Edgar Morín.
Desde su punto de vista, la detención de la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez López, es una llamada de alerta para todos los funcionarios públicos mexicanos que tengan cuentas pendientes con la justicia.
“Para que se la piensen dos veces antes de intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos”.
Por razones de fuero
Son muchos los funcionarios públicos que a la fecha han sido señalados de relaciones con el crimen organizado o que tienen pendientes con las autoridades locales, pero que siguen en libertad sin ser siquiera llamados a proceso, en algunos casos por el uso del fuero constitucional y en otros por su relación de impunidad con las esferas del poder.
Entre esos funcionarios resalta el diputado por el distrito de Cosamaloapan, Veracruz, Antonio Tarek Abdala Saad, acusado de desvíos millonarios del erario público durante su función como tesorero del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y relacionado con las estructuras de mando del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).
Otro diputado que mantiene problemas con la justicia penal es el michoacano Omar Noé Bernardino Vargas, legislador por el distrito de Apatzingán, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no ha podido ser llamado a cuentas por razones de su fuero como legislador.
Al “Vale Bernardino”, como se le conoce al diputado, le se acusa desde el 27 de abril del 2014, por su probable responsabilidad en el delito de amenazas, cometido en contra de su esposa Jessica Julieta González Torres.
En el 2014, cuando se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, algunos de los líderes de grupos de autodefensas señalaron a Noé Bernardino como uno de los operadores del entonces gobernador interino Jesús Reyna García, actualmente preso en la cárcel federal de Almoloya.
Reyna García está acusado de los delitos de Delincuencia Organizada y Fomento al Narcotráfico, luego de aparecer en un video que documenta una de las muchas reuniones que sostuvo con el entonces jefe del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta”.
Otro diputado al que nada le han podido hacer los señalamientos de nexos con el crimen organizado ni los reclamos de desafuero, es el expanista y hoy perredista José Manuel Tablas Pimentel, al que se le acusa que, durante su gestión como alcalde de Ayala, mantuvo relación con miembros del crimen organizado.
En un audio subido a las redes sociales, el legislador de la bancada del PRD en el congreso local de Morelos, cuando era alcalde de Ayala, ofrece total impunidad a un presunto integrante del crimen organizado en la entidad.
“Yo no me voy a meter en tu actividad ni en tu negocio”, le dijo luego de explicarle que no puede poner a su disposición a la policía municipal, por la entrada en vigor del Mando Único de Policía.
También el diputado priista local de Guerrero, Saúl Beltrán Orozco, es acusado de homicidio y se le relaciona con miembros del crimen organizado.
El diputado priista Beltrán Orozco se ha valido de un amparo logrado de la justicia federal para evitar responder a la fiscalía del estado por el secuestro y homicidio de Ceferino Gil, un funcionario del gobierno de San Miguel Totoloapan, quien habría sido testigo del secuestro del sacerdote José Ascensión Acuña, en el municipio de Altamirano.
El legislador Saúl Beltrán, tras haber sido despojado de las comisiones que encabezaba y solicitar licencia al cargo, aún mantiene vigente el fuero constitucional con el que ha evitado la orden de aprehensión, en donde se le llama a cuentas por su posible relación con el cártel local de Los Tequileros, que opera en la zona de Tierra Caliente del Estado.
Poder de impunidad
Funcionarios públicos señalados de relaciones con el crimen organizado, pero que siguen en libertad:
>> Nombre
Antonio Tarek Abdala Saad
Cargo
Diputado por el distrito de Cosamaloapan, Veracruz
Delitos
Desvíos millonarios del erario público y relacionado con las estructuras de mando del CJNG
>> Nombre
Omar Noé Bernardino Vargas
Cargo
Legislador por el distrito de Apatzingán, Michoacán
Delitos
Probable responsabilidad en el delito de amenazas en contra de su esposa Jessica Julieta González Torres y señalado como uno de los operadores del entonces gobernador interino Jesús Reyna García
>> Nombre
José Manuel Tablas Pimentel
Cargo
Diputado del PRD
Delitos
Presunta relación con miembros del crimen organizado
>> Nombre
Saúl Beltrán Orozco
Cargo
Diputado priista de Guerrero
Delitos
Acusado de homicidio y por su posible relación con el cártel local de Los Tequileros
