Polémicas recompensas
Entre 1.5 y 2 millones de pesos de recompensa ofrece la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione datos para dar con el paradero de 14 personas desaparecidas en México.
Predeterminado del sitio14
Resulta ‘un misterio’ conocer las razones por los que la autoridad decide qué casos sí y cuáles no son merecedores de que se oferten tales recompensas
Entre 1.5 y 2 millones de pesos de recompensa ofrece la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione datos para dar con el paradero de 14 personas desaparecidas en México.
La dependencia federal a cargo de Jesús Murillo Karam establece que la información proporcionada debe ser “veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente, efectivo y oportuno” en las indagaciones que se realizan para localizar a Minerva Vera Alvarado; Milynali Piña Pérez, Alexis Domínguez Pérez y José Arturo Domínguez Pérez; Elizabeth Moreno Chávez; Julio Alberto López Alonso, Óscar Noé Chavana Leal, Leonardo Garza González, Daniel Treviño Rodríguez; Alejandro Rodríguez González; Luis Enrique Castañeda Nava, Diego Antonio Maldonado Castañeda y Ana Belem Sánchez Mayorga así como Nayelli Francia Morales.
Las y los jóvenes, mujeres y hombres desaparecieron en distintos poblados y ciudades de los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz.
Este lunes el Diario Oficial de la Federación publicó el aviso mediante el cual se dan a conocer las recompensas contenidas en los acuerdos A/319/12; A/320/12; A/321/12; A/322/12; A/323/12; A/324/12; A/325/12 y A/326/12 de la PGR.
Ahí se precisa que las referencias solicitadas son para localizar, detener o aprehender a “los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten cometidos en agravio” de las personas mencionadas.
Prerrogativas ‘discrecionales’
En su último día como procuradora, Marisela Morales aprobó emitir diversas recompensas para hallar a los presuntos responsables de algunas desaparecidas a cambio de recompensas pero hasta ahora varias de ellas no habían sido publicadas en ningún sitio oficial.
A inicios de 2013 la PGR bajo la nueva administración federal mantenía activos 29 acuerdos referentes a otorgar recompensas para encontrar a 73 personas que desaparecieron, entre 2006 y 2012, presuntamente a manos del crimen organizado.
La disposición de la autoridad ha causado polémica debido a que varios ciudadanos se cuestionan “¿por qué el resto de las familias no tienen esta prerrogativa a su favor?”
Resulta “un misterio” conocer las razones por los que la autoridad decide qué casos sí y cuáles no son merecedores de que se oferten tales recompensas. Juan López Villanueva, asesor legal de Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en México (Fuundem), señala que desconocen las directrices de la federación para escoger los casos y asegura éstas son “discrecionales” pues no se conocen los criterios específicos que permitan tener certidumbre jurídica sobre qué familias pueden resultar “beneficiadas”.
Las dudas se refieren a que ante la incapacidad del Estado para establecer la investigación científica –una estructura de investigación y búsqueda- puede resultar fácil comercializar con la justicia con esta especie de oferta y demanda que suponen las recompensas.
El ofrecer dinero a cambio de información el experto piensa es “una forma de mercadeo” donde otra vez la sociedad es la que tiene que aportar la información relativa al paradero ante la ausencia de investigación del Estado. Considera inconveniente plantear las cosas en esos términos pues el riesgo que se corre es que “haya delaciones de la propia delincuencia organizada”. Algunas familias con desaparecidos temen que quien dé la información sea el propio perpetrador del delito, lo que podría gestar “una situación extraña, anómala y paradójica: que se dé dinero a la delincuencia organizada y las recompensas las vean como un negocio”. Los delincuentes terminaría beneficiándose de múltiples maneras.
López inquiere si el Estado está preparado para prevenir tales circunstancia que contemplan algunas familias. Y apunta que para Fuundem esta parece “una práctica discriminatoria” pues no hay claridad respecto a si esta política pública será benéfica para la investigación y si será una prerrogativa a la que podrá acceder toda la ciudadanía victimizada en el país.
El abogado apunta que alguien debe explicar los criterios por los que la mayoría de los casos de desaparecidos no aparece en el listado de las recompensas.
