Apenas a unos minutos que cerrara la contienda electoral, en la casilla numerada 1211, se hizo presente la fuerza pública y autoridades encargadas de los delitos electorales, respondiendo a una denuncia ciudadana.

La acusación venía de Teresa Hernández, observadora voluntaria que argumentó que la capacitadora electoral y la presidenta de la casilla cometieron irregularidades.

Según el testimonio de Hernández, cuando supervisaba la jornada electoral, observó boletas individuales en posesión de las funcionarias de casilla anteriormente mencionadas, así como copias de credenciales de elector de personas provenientes de otros estados de la república.

Tanto la capacitadora como la presidenta argumentaron que estos documentos estaban en su poder ya que estaban permitiendo que personas foráneas votaran, acción prohibida por el IFE en casillas no especiales.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales acudió al sitio en compañía de la Fuerza Civil, para proceder a una detención de ser necesario.

Después de juntar a las partes involucradas, la FEPADE pretendió llegar a un acuerdo de "destruir la evidencia para que todos quedaran contentos", según comentó Teresa Hernández.
Entre las copias de credenciales de elector en poder de las funcionarias estaban ciudadanos provenientes de San Luis Potosí y Papantla, Veracruz.

Un funcionario del IFE presente dijo que todo se debía a una supuesta confusión por parte de la presidenta y de la capacitadora, quienes por error pretendían darle el derecho a voto a personas que no estaban inscritas en ese padrón electoral.

Al lugar arribó personal de la PGR para aclarar el asunto y redirigir al caso que denunció Teresa Hernández al Ministerio Público, una vez que dio por terminada la jornada electoral.
En unas elecciones plagadas de propaganda llamando a denunciar delitos electorales con la FEPADE, parecen hacer su trabajo de manera insatisfactoria, como la denunciante lo consideró.