Presentan acusación contra Buchanan
La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Graciela Buchanan, es acusada por un matrimonio de instaurar el fraude procesal para despojarlos a ellos y a más familias de Nuevo León de sus viviendas.
José Humbertus Pérez y su esposa Beatriz Juárez, interpusieron ayer en el Consejo de la Judicatura del Estado una queja en contra de la magistrada y los jueces del Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente, Luisa Yolanda Salazar y Ricardo Cortez.
Javier EstradaPatrimonio S.A. de C.V. tampoco contrató las primas de seguros de las hipotecas, aunque era su obligación, y fueron cobradas al matrimonio en los pagos mensuales del crédito.
La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Graciela Buchanan, es acusada por un matrimonio de instaurar el fraude procesal para despojarlos a ellos y a más familias de Nuevo León de sus viviendas.
José Humbertus Pérez y su esposa Beatriz Juárez, interpusieron ayer en el Consejo de la Judicatura del Estado una queja en contra de la magistrada y los jueces del Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente, Luisa Yolanda Salazar y Ricardo Cortez.
Los quejosos manifiestan en su escrito que las resoluciones de los acusados favorecieron a Patrimonio S.A. de C.V. -una Sociedad Financiera de Objeto Limitado o Sofol- para despojarlos de su inmueble, que fue embargado y está próximo a rematarse.
Ellos solicitaron un crédito hipotecario por 456 mil pesos a esta institución que los demandó hace tres años.
La pareja manifiesta que la expresidenta siempre les negó el derecho de audiencia para explicarle cómo se había instaurado el fraude y que los otros jueces favorecieron en sus resoluciones a la Sofol.
Patrimonio S.A. de C.V. les otorgó el crédito para una vivienda en el Estado de México, pero su caso se trasladó a Nuevo León porque las oficinas centrales y operativas de la sociedad se encuentran en Monterrey.
Pérez, quien encabeza el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., explica que el principal reclamo es que la Sofol los demandó por una vía judicial que no está legislada en el estado.
La institución promovió un juicio especial hipotecario, una figura que no existe en Nuevo León, en lugar de hacerlo por otras vías jurídicas, como la ordinaria y la ejecutiva mercantil.
Aún así, los jueces favorecieron a la institución con sus resoluciones, según la queja.
“Los impartidores de justicia instauraron el fraude procesal para despojarnos no solo a mi familia, sino a miles de familias del Estado de Nuevo León de sus viviendas, en virtud de que en esta entidad federativa no se legisló el juicio especial hipotecario”, se lee.
A través de Javier Garza y Garza, el apoderado legal de la Sofol, se demandó a la pareja ante el Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial, bajo el número de expediente 1466/2009.
La sentencia definitiva del 25 de agosto de 2010 no condenó al matrimonio, a que si no pagaba la hipoteca, se procedería al remate del bien inmueble.
Sin embargo, la vivienda fue embargada y se pretende rematarla para pagar el monto de la cantidad condenada en la resolución.
“En el expediente en que se actúa no existe una sentencia de remate sobre mi vivienda, dado que no se promovió juicio hipotecario, sino en la vía ordinaria mercantil, y tampoco se promovió juicio ejecutivo mercantil”, menciona Pérez.
“Nunca se nos dio el derecho de señalar bienes de nuestra parte para el embargo y la parte actora arbitrariamente, con el consentimiento del juez ante el que se actúa, embargaron mi vivienda”.
A pesar de los reclamos, el juez Cortez ya ordenó rematar el bien dado en garantía.
Patrimonio S.A. de C.V. tampoco contrató las primas de seguros de las hipotecas, aunque era su obligación, y fueron cobradas al matrimonio en los pagos mensuales del crédito.
Pero en ese punto, la jueza Salazar resolvió a favor de la institución, a pesar de que “tuvo que haber absuelto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora”, reclaman en el recurso.
Los quejosos exponen en su escrito diversos casos ganados a las Sofoles por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., que han sido llevados por las vías ordinarias mercantiles, ordinarias civiles y ejecutivas mercantiles.
“En estos juicios las sentencias definitivas no se podrán ejecutar para reclamar las hipotecas, porque no se recurrió a la vía del juicio especial hipotecario”, puntualizan en la queja.
La organización que Pérez encabeza, de acuerdo con el escrito, ha ganado 282 juicios por esas vías, en juzgados de Tecámac, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán de Romero Rubio, en el Estado de México.
Esto se debe a que los jueces de primera instancia en estas localidades absolvieron del remate y la entrega de los bienes a varias familias, porque las Sofoles intermediarias no recurrieron al juicio especial hipotecario.
Ayer, el matrimonio ratificó su queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado, con el fin de no sólo investigar a las autoridades señaladas como responsables, sino también para que el Poder Judicial exhorte al Congreso de Nuevo León a que legisle esta vía inexistente en la entidad.
