Una ‘mordida’ muy cara
En México, el problema de la corrupción ha penetrado de tal forma en todas las esferas de la vida social que ha provocado que los ciudadanos comunes pierdan el temor a no cumplir con la ley, lo que provoca la descomposición social, sin contar los costos económicos que acarrea para todos los sectores.
Tan solo para los empresarios, el pago de cuotas para solventar la corrupción puede equipararse al pago de un impuesto del 15 por ciento.
Imelda García100,000
"Para los hogares mexicanos los actos de corrupción representaron un impuesto adicional de más de 14 por ciento sobre los ingresos promedio y 33 por ciento de los ingresos para quienes reciben hasta un salario mínimo”
En México, el problema de la corrupción ha penetrado de tal forma en todas las esferas de la vida social que ha provocado que los ciudadanos comunes pierdan el temor a no cumplir con la ley, lo que provoca la descomposición social, sin contar los costos económicos que acarrea para todos los sectores.
Tan solo para los empresarios, el pago de cuotas para solventar la corrupción puede equipararse al pago de un impuesto del 15 por ciento.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado sobre la corrupción en México, revela que la práctica de actos de corrupción es tan común, que el promedio de pago de todos los mexicanos para las “mordidas” es de 165 pesos percápita.
“Para los hogares mexicanos los actos de corrupción representaron un impuesto adicional de más de 14 por ciento sobre los ingresos promedio y 33 por ciento de los ingresos para quienes reciben hasta un salario mínimo”, señala el estudio La Corrupción en México.
Entre las formas más comunes de corrupción se identifican el soborno, nepotismo, extorsión, fraude, evasión de impuestos, tráfico de influencias, cohecho, favoritismo, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, conflicto de interés, traspaso al sector privado, uso indebido de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y los moches.
El análisis realizado por el Instituto es dado a conocer en medio del debate que se realiza en la Cámara de Diputados sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se busca que todas las instancias gubernamentales y sociales ayuden a combatir este problema.
Los costos de la corrupción
Una de las consecuencias más devastadoras que tiene la corrupción en el país es la pérdida económica para todos los sectores.
El Consejo Coordinador Empresarial estima que la corrupción ha tenido un costo de un billón 529 mil 300 millones de pesos, lo que representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
De acuerdo al Banco Mundial, la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento del país entre un 0.5 y 1 por ciento al año. Transparencia Internacional ha estimado que México pierde 100 mil millones de dólares al año por actos corruptos.
Según el Barómetro Global de la Corrupción, que mide el estado de este fenómeno en el mundo, México fue calificado con un 4.7 en una escala del 1 al 5, por lo que el problema es considerado como “muy grave”.
Esa medición indica que los mexicanos consideran que la institución más corrupta es la policía, con un 73 por ciento; los partidos políticos, con un 72; los funcionarios, con un 67; el Poder Judicial, con un 58; y el Poder Legislativo, con un 57 por ciento.
Entre 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México se ubica en el último lugar de países menos corruptos.
Una estadística citada en el estudio y que refleja la magnitud del problema en el país fue una encuesta realizada por Transparencia Mexicana en el 2010, en el que se identificaron 210 millones de actos de corrupción “provistos por las autoridades de los tres órganos de gobiernos, así como concesiones y servicios administrados por particulares”.
“Para que la población pudiera tener acceso o facilidad a los 35 trámites y servicios públicos medidos, pagó más de 32 mil millones de pesos en mordidas.
Sin embargo, las consecuencias más duras de la corrupción se encuentran en el ámbito social. La corrupción que señorea en el país afecta la credibilidad de los gobiernos en turno, genera el desprestigio de la clase política y fomenta en la ciudadanía una actitud de desconfianza y escepticismo en los gobernantes.
La impunidad
Todo esto se agrava, mencionan los investigadores, si los casos quedan impunes.
“Ante una opinión pública sensible frente a la corrupción, la denuncia sobre actos de este tipo se ha convertido en una poderosa arma política contra los adversarios, muchas veces sin pruebas que respalden tales acusaciones, lo que contribuye al debilitamiento del sistema democrático”, advierte el análisis.
Todo esto trae como consecuencia que la ciudadanía pierda el respeto y el temor a violar la ley, con lo que el rompimiento del tejido social se acelera, aumentando los crímenes y las conductas antisociales.
La pérdida de respeto a la legalidad contamina los ámbitos más privados de la vida de la población y comienzan entonces conductas que afectan a las familias y las comunidades.
Además, se incentiva el clientelismo que interfiere en la toma de decisiones; por ejemplo, se prefiere a quienes pagan sobornos a la hora de realizar obras u ofrecer servicios.
Las formas de la ilegalidad
>Soborno
>Nepotismo
>Extorsión
> Fraude
>Evasión de impuestos
>Tráfico de influencias
>Cohecho
>Favoritismo
>Lavado de dinero
>Malversación de fondos públicos
>Conflicto de interés
>Traspaso al sector privado
>Uso indebido de información privilegiada
>Enriquecimiento ilícito
>‘Moches’
Cede el PRI, avanza reforma
De última hora el PRI tuvo que ceder en los puntos que mantenían empantanado el avance del Sistema Nacional Anticorrupción.
Este martes, los coordinadores del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones; del PAN, Ricardo Anaya; y del PRD, Miguel Alonso Raya, anunciaron de forma conjunta que habían llegado a un acuerdo para destrabar la negociación y permitir el avance de un dictamen para crear el Sistema.
El tricolor tuvo concedió tres puntos: aceptó que el secretario de la Función Pública sea nombrado por el Ejecutivo, pero ratificado por el Senado, para evitar un posible conflicto de interés.
Que las faltas graves no prescribirán al menos en siete años, para que los servidores públicos puedan ser castigados aun cuando ya hayan terminado su cargo.
Actualmente, la Constitución prevé que los delitos administrativos prescriben a los tres años de que fueron cometidos.
Y en tercer lugar, los priistas aceptaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda fiscalizar las participaciones federales, con lo que el 92% del dinero que gastan los gobernadores y los alcaldes, será sujeto de revisión.
Anteriormente, estos recursos eran considerados como dinero estatal, por lo que la ASF no podía interferir en su revisión.
El 8 por ciento restante de los recursos de los estados y municipios deberá ser vigilado por los órganos locales de fiscalización.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista en la Cámara baja, reconoció que no fue fácil alcanzar un acuerdo, pero se dijo listo para seguir adelante con la aprobación del dictamen.
“Trabajar sobre este Sistema, y lo hemos platicado en distintas ocasiones, no ha sido sencillo; se trata de hacer un acto responsable.
La construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción debe funcionar y darle resultados a la sociedad en su conjunto, a los mexicanos en general”, expuso Beltrones.
El PRI tuvo que ceder por el costo político que debía pagar de oponerse a las medidas propuestas por el PAN.
En repetidas ocasiones, Ricardo Anaya, coordinador de los legisladores del albiazul, amenazó con realizar una campaña para evidenciar a quienes se opusieran a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Este miércoles, la Comisión de Puntos Constitucionales discutirá y aprobará el dictamen para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que podría ser votado este jueves en el pleno de San Lázaro.
La aprobación de este Sistema podría acelerar el nombramiento del fiscal anticorrupción, selección que se encuentra empantanada en el Senado por la falta del marco legal que dé facultades al nuevo funcionario.
