Todos a preguntar
Los padres de familia podrán preguntar si es verdad que no ha sido autorizada una plaza para conserje en la escuela de su hijo, los pacientes podrán verificar si es cierto que en la clínica el medicamento es insuficiente o los automovilistas recibirán una respuesta oficial sobre por qué un ayuntamiento no repara los baches, si en principio hay presupuesto para hacerlo.
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Con la entrada en vigor de la reforma de transparencia, los servidores públicos que no proporcionen información podrían ser sancionados hasta con mil 500 días de salario mínimo
Un sindicato podrá ser sujeto de transparencia en los fondos que reciba del gobierno, pero no con el dinero que obtenga de las cuotas de sus agremiado
“Si no responden (las autoridades) de una manera satisfactoria o si no responden tienen siempre al INAI, que estará atento siempre a los recursos de revisión”
“Es un sistema que estamos ofreciendo para que todos los mexicanos se animen(...) a preguntarles a sus autoridades cómo se utilizan los recursos”
Los padres de familia podrán preguntar si es verdad que no ha sido autorizada una plaza para conserje en la escuela de su hijo, los pacientes podrán verificar si es cierto que en la clínica el medicamento es insuficiente o los automovilistas recibirán una respuesta oficial sobre por qué un ayuntamiento no repara los baches, si en principio hay presupuesto para hacerlo.
Es el momento de las preguntas: ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué lo gastan? En principio, cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de una computadora o teléfono inteligente podrá preguntar el destino de los recursos públicos como nunca antes en la historia del país. Aun sin estos recursos, los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la información y las entidades están obligadas a responder, incluso en hojas de papel impreso, de manera oral o con información en discos compactos.
El calendario llegó al 5 de mayo de 2016 y entra en operaciones la reforma nacional de transparencia. Los estados tuvieron un año para homologar sus propias legislaciones y sólo 22 lo hicieron. Aquellos que no tienen su legislación deberán atenerse a la Ley General de Transparencia.
Desde hoy, existen más dependencias y sindicatos a los que se les puede preguntar y en los días siguientes se verá cuáles se prepararon y a cuáles no les importó y por lo tanto podrán ser sancionados, de acuerdo con las nuevas atribuciones el INAI. Ante preguntas opacas o nulas, puede haber castigos contra servidores públicos.
Hay más entidades que están obligadas ahora a otorgar información. A estas instancias se les conoce como sujetos obligados, que responderán a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que será presentada mañana en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La reforma al artículo sexto de la Constitución por el que se crea la Ley General de Transparencia otorga al INAI la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de cualquier autoridad, entidad u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato en la parte en que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.
Por ejemplo, un sindicato podrá ser sujeto de transparencia en los fondos que reciba del gobierno, no así con el dinero que obtenga de las cuotas de sus agremiados. Lo mismo pasa con los partidos políticos, que deberán informar los usos del dinero de las prerrogativas, mas no del que les entrega la militancia.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) delimitó el padrón de sujetos obligados de la administración pública federal en 882, pero en total suman más de 6 mil 670, además de que podrá ver sujetos obligados eventuales, que son aquellas organizaciones que reciban dinero público en una sola ocasión.
Las respuestas deberán ser otorgadas en formatos digitales abiertos —a menos que quien la solicite lo requiera por otro medio— y deberá ser respondida en un tiempo que no podrá exceder de 20 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, aunque se podrá dar un plazo de 10 días más “cuando existan razones fundadas y motivadas”
Las dependencias, sindicatos y organismos tuvieron un año para prepararse e incorporarse a la plataforma nacional de transparencia. El solicitante podrá enviar una sola pregunta a través de esta plataforma a todos los sujetos obligados. Cada pregunta generará un folio distinto y un proceso diferente en caso de llegar a ser recursos de revisión.
INAI más poderoso
A partir de hoy el INAI tiene facultades para sancionar, puede atraer casos de los estados y es el Instituto rector del Sistema Nacional de Transparencia.
Dentro de las atribuciones que tiene el INAI en el marco de la entrada en vigor de este nuevo esquema de transparencia y rendición de cuentas es que va a poder atraer aquellos casos que sospeche de opacidad, incluso a petición del solicitante.
Ya no deberá haber casos en que la respuesta simplemente deje de otorgarse o se intente cobrar miles de pesos por las copias de esos archivos. Tampoco las dependencias estarán obligadas a responder sobre preguntas sobre hechos anteriores a esta fecha.
El INAI entrará en aquellas situaciones en que lo solicite el ciudadano o “de especial relevancia” en casos de “algún ente muy importante o donde tengan que ver intereses de algún grupo relevante o que se considera que exista la responsabilidad de entrar como órgano garante”, afirma la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora.
“La responsabilidad es muy clara, que sepan los ciudadanos que van a tener mucho más y mejor acceso a la información de una manera más fácil, de una manera más rápida, de una manera más ágil y si no les responden tienen instancias a las que pueden acudir, como es el INAI, y lo pueden hacer desde una aplicación telefónica”, comenta.
La aplicación para teléfonos inteligentes estará disponible el 9 de junio, de acuerdo con el INAI.
Sanciones a opacos
Las servidores públicos de las entidades recién ingresadas en el padrón de sujetos obligados deberán dar información o de lo contrario serán sancionadas hasta con mil 500 días de salario mínimo, afirma Ximena Puente de la Mora, comisionada nacional del INAI.
“Hay que garantizarle a la gente que no se va a quedar sin consecuencia, estas resoluciones del Instituto de responsabilidad también serán públicas. La gente va a seguir estas disposiciones y cómo vaya trabajando el Instituto, con la finalidad de generar esta sociedad informada que pueda tener más herramientas para acabar con la corrupción”, afirma.
Con la entrada en vigor de la reforma de transparencia, ya hay un piso mínimo para garantizar la información público en todos los ámbitos de gobierno.
“Acabamos de aprobar un nuevo padrón de sujetos obligados, van alrededor de 6 mil 670 en todo el país. En México la información es pública en todas las autoridades, autoridades, municipales, estatales y autoridades. Todos organizados, todos armonizados dentro del Sistema Nacional de Transparencia”, dice la comisionada.
“El INAI garantiza el derecho de acceso a la información como un piso mínimo en toda la República. Si a alguien le niegan alguna información relativa al uso de recursos en la escuela de sus hijos o la evaluación de sus profesores puede acudir con nosotros si le negaron la información, incluso en algún instituto de algún estado de la República. Nosotros bajo la tramitación de un recurso podemos hacer que esa información se le entregue al ciudadano”, asegura la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora.
Los solicitantes de información deben tener en cuenta hoy más que nunca el procedimiento llamado “recurso de revisión”, que lo interpone el solicitante ante una respuesta opaca o nula por parte de las dependencias y demás sujetos obligados.
“Siempre y cuando exista un recurso público, esta información se tiene que dar a conocer. No solamente en el Poder Ejecutivo, ahora en el Poder Legislativo y Poder Judicial, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, organismos autónomos y cualquier persona que ejerza recursos públicos. Entran también los Congresos locales y los Poderes Judiciales de los estados”, afirma la titular del INAI.
Es muy importante este procedimiento, ya que si no se activa el recurso de revisión, no puede llegar a ser revisado por los Institutos de los estados ni por el pleno del INAI, en su caso. Antes, si un estado de la República no respondía una información no había otra instancia.
“A partir de este 5 de mayo el INAI ejerce todas estas facultades de revisión y atracción en el caso de la República”, comenta.
La comisionada presidenta destaca que el INAI cumple en tiempo y forma con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual comenzará operaciones en el primer minuto del día 5 de mayo y será presentada el día 6 en un hotel de la Ciudad de México.
“Es un sistema que estamos ofreciendo para que todos los mexicanos se animen a preguntar, se animen a ir por la información, se animen a consultar, a preguntarles a sus autoridades cómo se utilizan los recursos, y en general acceder, navegar y preguntar todo lo que quieran de sus autoridades”, expresó Puente de la Mora.
La plataforma fue concebida de manera que toda la información de transparencia esté dispuesta en un solo lugar.
“Estamos facilitando a la gente que tenga acceso, no tiene que tener una acreditación, no tiene que acreditar quién es la persona que la solicita, no tiene que demostrar para qué necesita la información, puede preguntar absolutamente lo que quiera. La información del Estado mexicano es pública, con algunas salvedades, que realmente son muy pocas”, dice.
A través del INAI se realizaron en el año 2015 más de 150 mil solicitudes, de las que 97 por ciento se respondió de manera electrónica.
“Es una manera mucho más rápida de acceder y conseguir información de sus autoridades”, pero advierte que “si no responden de una manera satisfactoria o si no responden tienen siempre al INAI, que estará atento siempre a los recursos de revisión”.
La información, considera, “debe dar posibilidad a que la ciudadanía esté mejor informada, pero de una manera más fácil y que les sea útil en su vida diaria. Cómo las autoridades de mi ayuntamiento, por ejemplo, invierten en los servicios públicos, qué está haciendo mi estado en materia de seguridad, en materia de justicia, de garantizar el acceso a personas con discapacidad a determinados programas”.
Invitó también a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con temas de educación, salud, justicia, entre otros, a que hagan preguntas, sobre todo a las nuevos sujetos obligados, porque es derecho de todos conocer detalles de las políticas públicas y saber cómo las autoridades se gastan el dinero.
Los estados que sí armonizaron sus leyes en materia de transparencia:
Los transparentes
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Querétaro
- Estado de México
- Morelos
- Oaxaca
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Chiapas
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Tamaulipas
