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Ley de Víctimas: reforma polémica

La cuestionada Ley de Víctimas otra vez está sobre la mesa de la discusión pública. 

 

Al menos 100 organizaciones no gubernamentales y representantes de familias agraviadas por la desaparición de alguno de sus integrantes se han inconformado con la iniciativa de reforma a la ley, planteada desde el Senado de la República.

90
por ciento de los fondos aportados para apoyo a víctimas se ha destinado a miembros de los grupos del crimen organizado, según Isabel Miranda de Wallace
Es una simulación, ya que la ley no está protegiendo a las víctimas y sigue dejando a millones sin protección. Me parece un doble discurso del Senado decir que están legislando para proteger a las víctimas, no es cierto” 
Isabel Miranda de Wallacepresidenta de la organización Alto al Secuestro

La cuestionada Ley de Víctimas otra vez está sobre la mesa de la discusión pública. 

 

Al menos 100 organizaciones no gubernamentales y representantes de familias agraviadas por la desaparición de alguno de sus integrantes se han inconformado con la iniciativa de reforma a la ley, planteada desde el Senado de la República.

 

El principal cuestionamiento refiere la falta de visión de los legisladores para permitir el rápido acceso a las víctimas de violencia a la reparación del daño, asumida tácitamente por el Estado. La postura más radical es la de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, que señala que la reforma “es una simulación”, porque realmente no se está protegiendo a las víctimas.

 

Y considera que simplemente, desde el dictamen de reforma, no se le garantiza el acceso a los fondos de reparación del daño a ningún afectado por la violencia, pues se descarga la responsabilidad en las comisiones de Atención a Víctimas en los estados, de las que solamente seis de las 17 conformadas a la fecha cuentan con recursos para su labor.

 

Además, dijo Miranda de Wallace a Reporte Indigo, la reforma propuesta en el Senado de la República, “no establece obligatoriedad para el Estado en su responsabilidad de atención a las víctimas de la violencia; parece que el Estado se encuentra más preocupado por atender las violaciones de derechos humanos que son ocasionados por él mismo”.

 

Tan es así, explicó Miranda de Wallace, que las reformas propuestas no contemplan la forma de suministrar apoyo para abogados ni para la atención psicológica.

 

“Desde que entró en vigor la Ley de Atención a Víctimas, solo una o dos víctimas han podido acceder al fondo económico de reparación del daño”, expuso.

 

La iniciativa de reforma presentada el mes pasado en la Cámara Alta del gobierno federal, refiere también un incremento de facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las Comisiones de Atención a Víctimas en los Estados (CAVE), a fin de otorgar de manera directa y urgente medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al fondo correspondiente, a todos los clasificados en el renglón de ayuda.

 

De acuerdo a María Inés López, víctima de secuestro en el estado de Michoacán, con la iniciativa de reforma propuesta por los senadores, “la estructura institucional con la que se pretende dar respuesta a los reclamos de reparación del daño a las víctimas de delitos solo crecerá, y el fondo de ayuda se podría diluir solo en el sostenimiento de la burocracia”.

 

Esa misma situación fue reconocida por la senadora Marcela Torres Peimbert, quien estimó que el actual modelo de reparación del daño a las víctimas de violencia es ineficiente, al considerar que “las víctimas se revictimizan por una burocracia, por una victimización burocrática que les ha impedido llegar a ese resarcimiento”.

 

Bajo ese entendido fue que la semana pasada en las comisiones unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, se aprobó el Proyecto de Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en donde prevalece la intención para que los familiares de las víctimas, o éstas, puedan acceder al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de manera pronta y sin burocracia.

 

Por esa razón, los senadores de las comisiones unidas propusieron “flexibilizar los mecanismos de acceso al fondo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas, y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos”.

 

Comisión con más facultades

 

Un punto medular de dicha reforma fue modificar la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y de ser aprobado el dictamen en el pleno del Senado, podría asumir aquellos casos que las comisiones estatales no puedan resolver en forma rápida por falta de recursos.

 

Pero eso no es suficiente, aseguró Isabel Miranda de Wallace, quien ha focalizado su cuestionamiento en el hecho de que la reforma a la Ley de Víctimas no diferencia entre víctimas de violencia y víctimas de violación a los derechos humanos, a quienes en la ley se les considera de igual manera, aunque las primeras tengan que esperar más tiempo para lograr la reparación del daño.

 

La iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas también propone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deje de ser un órgano colegiado, que la responsabilidad de ella esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

 

La propuesta de los senadores pretende que el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas sea nombrado por el Presidente de la República en base a una consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas y que, además, deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República.

 

Es una simulación

 

Isabel Miranda de Wallace dijo que pareciera que se está legislando más a favor de los delincuentes, en lugar de ver por las víctimas, y citó que el 90 por ciento de los fondos aportados para apoyo a víctimas a la fecha se ha destinado a miembros de los grupos del crimen organizado, a los que se les ha beneficiado con una ayuda de 81 millones de pesos, de los casi 2 mil millones de pesos con que cuenta la Comisión Ejecutiva de Atención de Victimas.

 

Para la activista no existe equidad por parte del Estado en la atención de las víctimas, toda vez que desde su perspectiva “no se debe poner en el mismo nivel a las víctimas del delito con las víctimas en materia de derechos humanos”.

 

La iniciativa de reforma a la citada ley, considera, va sin hacer distingo entre víctimas de violencia y las de violación de derechos humanos, estableciendo que los pagos se realizarán por anticipado y las víctimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos dentro de los 30 días naturales siguientes.