En los hechos pasó inadvertida. Casi nadie objetó la reforma a la ley general de contabilidad gubernamental, que sin embargo puede afectar de manera decisiva la forma de gobernar en México.  

A diferencia de la reforma laboral, que se discutió al mismo tiempo en la Cámara de Diputados, la otra iniciativa preferente que Felipe Calderón envió al Congreso para reformar, no encontró oposición. 

De los 110 senadores presentes el día que se votó el dictamen de la ley general de contabilidad en el pleno, 104 lo hicieron a favor, solo tres en contra y otros tres se abstuvieron. 

Y es que ¿cómo no estar de acuerdo en que los gobiernos de los estados y los municipios tengan la obligación de informar sobre el ejercicio de los recursos federales, inclusive cuánta deuda han contratado?

Sin embargo, para algunos el hecho de que Felipe Calderón enviara esta iniciativa faltando tan solo tres meses para que concluya su gobierno, da qué pensar.

Sobre todo, al ser tan evidente el entusiasta apoyo que recibió la iniciativa presidencial de parte de la bancada del PRI. 

¿Por qué los senadores priistas habrán aceptado con tanta facilidad transparentar las finanzas de las entidades federativas que en su mayoría están gobernadas por priistas?

¿Hubieran hecho lo mismo, si el candidato ganador hubiese sido el perredista Andrés Manuel López Obrador o Josefina Vázquez Mota?

O más bien, ¿esta reforma podría obedecer a una solicitud del presidente electo para tener un instrumento adecuado para volver a ejercer eficazmente el poder de la presidencia imperial?

Analicemos:

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa para reformar la ley General de contabilidad gubernamental,  el objetivo central de la reforma propuesta es “garantizar la armonización de la información financiera y, con ello permitir tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como la sociedad en general, tener acceso a información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas de los entes públicos de todos los órdenes de gobierno.”

Sin embargo la reforma va más allá de una simple armonización de procedimientos y criterios de información. La ley vigente que fue aprobada en el 2008, cumple con esos objetivos.

En el fondo, esta reforma obliga a Estados y Municipios a una rendición de cuentas pormenorizada ante diversas instancias del gobierno federal, así como ante la Cámara de Diputados y la Auditoria de la Federación. 

De acuerdo con la reforma, los gobiernos de los Estados tendrán que rendir informes pormenorizados a la Secretaria de Hacienda y Crédito público trimestralmente, sobre sus ingresos, egresos y deuda. 

Para ello, se propuso la creación de todo un nuevo título, el quinto, denominado: “De la transparencia y difusión de la información financiera”. 

Titulo que incluye más de seis capítulos conformados por más de 20 artículos, y en los que se imponen diversas obligaciones a las entidades federativas respecto de la forma en que deben informar a las instancias federales sobre el manejo de su hacienda pública.

Así, la ley de contabilidad general gubernamental dejó de ser un simple instrumento de “armonización” de criterios y procedimientos contables para hacer comparable la información y convertirse en un conjunto de normas que los autoridades hacendarias de cada Estado deben observar, so pena de incurrir en un delito.

De no cumplir al pie de la letra con este ordenamiento, los servidores públicos locales podrían llegar a ser sancionados con una pena de dos a siete años de prisión y multa de hasta 500,000 días de salario mínimo, que sumaría 31 millones de pesos.

El problema es nuevo

La relación entre los gobernadores y del Presidente de la República no siempre ha sido tersa. Más bien casi siempre ha sido muy complicada.

Y es que los gobernadores de los estados, pertenezcan o no al PRI, son “los jefes natos” de las instituciones de sus respectivas jurisdicciones. Tienen mando de la fuerza y se supone que gobiernan estados libres y soberanos. 

Y si en el pasado varios gobernadores representaron un peligro para el poder presidencial, en el presente pareciera que este temor subsiste. 

Antecedentes hay muchos.  

En el periodo presidencial del “demócrata”  Lázaro Cárdenas, por ejemplo, 19 gobernadores no concluyeron su período. 

Con Manuel Ávila Camacho fueron siete los gobernadores que no terminaron su período por decisión presidencial.

 “Alguno pidió licencia, otro sufrió la revocación de sus poderes, otro más renunció, dos fueron asesinados; pero lo cierto es que Ávila Camacho procuraba intervenir lo menos posible en el ámbito estatal.” Relata Enrique Krauze en su libro “La presidencia imperial”.

Y es que, la presidencia imperial, escribió Krauze: “es una especie de sistema político solar donde los diversos protagonistas colectivos (poder legislativo y judicial, burócratas, gobernadores, ejército, caciques, grupos corporativizados de obreros y campesinos, prensa, empresarios, iglesia, universidad, intelectuales, partidos de oposición, etcétera) giran alrededor del sol presidencial-priista con diversos grados de subordinación.”

Posteriormente, la práctica fue tan frecuente que se hizo costumbre, como una especie de prerrogativa presidencial.

Sin embargo, a pesar de que todos los presidentes de la República destituyeran a gobernadores de los estados, nadie como Miguel de La Madrid fue tan explícito.

Las reformas

Cambios más relevantes a la ley de general de contabilidad gubernamental.

— Art. 61
Transparentar la deuda pública de los estados y municipios, y las garantías de esos pasivos.

— Art. 63
Publicar en internet todos los ingresos y gastos.