Huicholes: pueblo desplazado
De todos los pueblos indígenas, el de los Wixárikas o Huichol es el más golpeado en México por el despojo de tierras para la ejecución de los llamados proyectos de desarrollo.
Dentro del territorio de esta etnia, que comprende algunas regiones de los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, se registran a la fecha al menos 15 conflictos derivados de la disputa por el suelo, bosques y agua.
J. Jesús Lemus“Todas las comunidades nativas del país se encuentran ante la posibilidad de desaparecer, a causa del desapego de sus tierras originales”
De todos los pueblos indígenas, el de los Wixárikas o Huichol es el más golpeado en México por el despojo de tierras para la ejecución de los llamados proyectos de desarrollo.
Dentro del territorio de esta etnia, que comprende algunas regiones de los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, se registran a la fecha al menos 15 conflictos derivados de la disputa por el suelo, bosques y agua.
La mayor cantidad de conflictos por los recursos naturales ha sido generada por empresas mineras transnacionales, que sin tomarles en cuenta se han apropiado de miles de hectáreas para la exploración y explotación de los recursos del subsuelo, lo que ha ocasionado -más allá del malestar de este pueblo indio- un desplazamiento poblacional sin precedente en la historia reciente de México.
De acuerdo con el gobernador indígena de Nayarit, Leonardo Muñoz, a la fecha, a causa de los conflictos por la posesión de la tierra, ya son más de 12 grupos indígenas de esta etnia los que se han tenido que desplazar de sus lugares de origen, a causa de la llegada de empresas transnacionales que se dicen propietarias del suelo y que cuentan con el aval del Gobierno federal para la ejecución de proyectos que comprenden principalmente minas e hidroeléctricas.
La extensión territorial que se considera propiedad natural del pueblo Wixárika se estima en mas de 60 mil hectáreas de suelo, extendido en al menos seis estados del país.
Más de la mitad de ese territorio se encuentra actualmente entregado en concesión por el Gobierno federal, para la ejecusión de proyectos de desarrollo a cargo de empresas transnacionales.
Los mandos ancestrales de esta etnia solicitaron la intervención de un grupo de diputados a nivel federal para que la Secretaría de Economía (SE) cese su política de entrega del suelo y sus recursos naturales a las empresas.
Expulsados de centros ceremoniales
Uno de los mayores conflictos se presenta en Real de Catorce, San Luis Potosí, donde el Gobierno federal entregó 22 concesiones de exploración y explotación de yacimientos de oro y plata a la compañía canadiense First Majestic Silver Corp.
Sólo en San Luis Potosí, denunció el gobernador indígena Leonardo Muñoz, se avaló el despojo del pueblo Wixárika de más de 6 mil 725 hectáreas de suelo, en donde se asentaban centros ceremoniales, áreas comunales y “reservas de convivencia con la madre tierra”, lo que ha ocasionado la salida de al menos 2 mil pobladores naturales que ahora radican en zonas urbanas de la capital del estado.
Lo mismo sucede en el estado de Nayarit, en donde desde el 2014 se autorizó el asentamiento de 14 proyectos mineros que han ocasionado el desplazamiento de por lo menos mil 400 indígenas despojados.
La agresión al pueblo Wixárika tambien se vive en Chihuahua, donde fue despojado de más de 3 mil 670 hectáreas de suelo para la exploración de yacimientos de oro, plata y cobre.
Muestra de la violencia con la que algunas mineras están actuando contra el pueblo Wixárika, es el asesinato de los dos líderes comunales de Tuxpan, Jalisco, Miguel y Agustín Vásquez Torres, ejecutados por oponerse a la entrega de más de 2 mil hectáreas de suelo a mineras trasnacionales.
Prevalece el capital
Para el gobernador indígena de Nayarit, Leonardo Muñoz, el principal problema del pueblo Wixárika en el desplazamiento que están padeciendo la mayoría de los grupos de esa etnia en todo el país por “la ambición del dinero” privilegiada por el gobierno frente a las necesidades de todo un pueblo.
No puede ser, dijo, que el gobierno prefiera la riqueza del dinero en lugar de la riqueza que representa un pueblo con miles de años de tradición y cultura.
“El principal aporte que hemos hecho a la humanidad es el respeto y cuidado a los recursos que nos aporta en forma diaria la madre tierra, a la que nos debemos en nuestro origen, y que un día vamos a heredar a nuestros hijos”, detalló Muñoz.
Consideró que de seguir sobreexplotando los recursos naturales, no sólo el pueblo Wixárika está en riesgo, sino que “todas las comunidades nativas del país se encuentran ante la posibilidad de desaparecer, a causa del desapego de sus tierras originales”.
Los corren de sus tierras
La extensión territorial que se considera propiedad natural del pueblo Wixárika es amenazada en varios estados:
Chihuahua
Fue despojado de más de 3 mil 670 hectáreas de suelo a favor de las empresas Agnico Eagle, Costellation Copper Corp War, Eagle Mining Company Inc., Sierra Metals Inc., Endeavour Silver Corp., Frenillo PLC, Silver Standard, Azure Minerals y Minerales Metálicos del Norte S.A. de C.V.
San Luis Potosí
Se avaló el despojo de más de 6 mil 725 hectáreas de suelo, en donde se asentaban centros ceremoniales.
Nayarit
Desde el 2014 se autorizaron 14 proyectos mineros, la mayoría a favor de las transnacionales Minera Silver Creek, S.A., Rochester Resources Ltd., UC Resources Ltd., y Golden Anvil, S.A.
Jalisco
La comunidad está siendo despojada de más de 3 mil hectáreas de suelo y bosques para las empresas Fisrt Majestic Silver Corp., Bandera Gold, Ganbo, Macmilan Corp., y Reyna Mining, que se han cerrado al diálogo con los indígenas.
Llamado de urgencia
Representantes del pueblo Wixárika han solicitado la mediación de legisladores federales para hacer un llamado al Gobierno mexicano a cesar la devastación de su territorio.
Con el respaldo de los diputados Clemente Casatañeda, Macedonio Tamez y Fela Pelayo, los representantes de las comunidades de San Sebastián Teponahuxtlán, San Andrés Cohamiata y Santa Catarina Cuexcomatitlán, del estado de Jalisco, reclamaron al Gobierno federal seguridad jurídica para el pueblo Wixárika para que les sean devueltos los territorios despojados.
Clemente Castañeda, representante indígena, denunció la existencia de “un embate permanente no sólo por la ausencia del Estado, sino a veces con la complicidad del propio Estado y la omisión de los gobiernos (sic)”, que han desembocado en un clima de inseguridad, toda vez que “las comunidades han sufrido desde hace muchos años un proceso de abuso de la autoridad, de exceso de violencia que incluso ha llevado a la muerte a varios a varios de sus liderazgos”.
Por eso se reclamó una acción inmediata para que el respeto al derecho natural adel pueblo Wixárika sea el principal eje de los proyectos de desarrollo.
