Un año después de la tragedia del Casino Royale, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Rodrigo Medina tienen cuentas pendientes con las víctimas del ataque perpetrado por el crimen organizado.

Ni el mandatario federal ni el titular del Ejecutivo estatal cumplieron su promesa de castigar a los corresponsables –tanto autoridades como civiles– de la muerte de 52 personas el 25 de agosto de 2011 en Monterrey. 

El ataque dejó al descubierto una red de corrupción compuesta por funcionarios de los tres niveles de gobierno, jueces, casineros y miembros del crimen organizado.

Un grupo que aún mueve la maquinaria del juego de azar en uno de los principales destinos lúdicos de la república y cuyos engranajes le generan suficientes ganancias para asegurar impunidad y protección.

A casi 12 meses del ataque, nunca se sancionó al titular de Protección Civil del Estado, Jorge Camacho Rincón, principal responsable de que el establecimiento cumpliera las medidas de seguridad.  

Hoy sigue en el cargo.

Aunque la PGR señaló en su dictamen del peritaje del casino que éste no cumplía con las medidas de seguridad, la dependencia federal concluyó que ese hecho no fue determinante en la muerte de civiles inocentes.

En tanto, el Estado y la Federación se imputaban mutuamente la responsabilidad de la investigación, la cual se congeló cuando arrojó un saldo final de 17 detenidos que pertenecían a una célula de Los Zetas, la organización delictiva que atacó el casino.

Uno de los delincuentes que las autoridades no incluyeron en esta cifra, Carlos Alberto Oliva Castillo, “La Rana”, autor intelectual del ataque, recientemente fue convertido en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR).

El “caiga quien caiga” que prometieron Calderón y Medina tampoco se cumplió para aquellos que desde el Poder Judicial garantizaron al casinero Raúl Rocha Cantú la preservación de su negocio.

Por un lado, el dueño del Royale se exilió en Estados Unidos, desde donde sigue operando sus casas de apuestas.

Y el juez de Distrito considerado responsable de que el casino abriera ilegalmente sus puertas, Luis Armando Jerezano Treviño, recibió un premio que indigna a la sociedad. 

Porque el Consejo de la Judicatura Federal lo inhabilitó hace un año con goce de sueldo y hasta con protección, a pesar de que es acusado penalmente de secuestro, asociación delictuosa y extorsión.

A un año de la tragedia, los deudos esperan que de las cenizas y los escombros del Royale surjan la justicia y la verdad. 

“El problema es que no quieren sancionarse, no quieren sancionar a sus amigos”, dice Edmundo Jiménez Ramírez, uno de los deudos.

La crónica forense del 25 de agosto

Por primera vez, un documento en poder de Reporte Indigo describe los momentos posteriores al ataque al Casino Royale desde la perspectiva de dos fiscales del Estado de Nuevo León que fueron asignados a la investigación oficial del atentado que cobró la vida de 52 personas. 

Es una crónica forense de aquella tarde del 25 de agosto de 2011 que revela la imposibilidad de las autoridades de acceder al establecimiento a punto del colapso, la dificultad de identificar a algunas víctimas y el macrooperativo en torno a la casa de apuestas.

Como una instantánea de la tragedia, el acta elaborada por los dos agentes del Ministerio Público que hicieron las primeras diligencias recrea los saldos del ataque perpetrado por una célula delictiva de Los Zetas y que cimbró a la sociedad mexicana hace casi un año. 

Luego de recibir una llamada de emergencia de la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), los fiscales Javier Hiram Treviño González y Sergio Manuel Rodríguez Sandate acudieron al casino a las 16:15 horas del 25 de agosto.

Uno de los fiscales se desempeña como coordinador de Agentes del Ministerio Público Investigadores Especializados en Delitos Contra la Vida e Integridad Física de las Personas, el otro es delegado de la Agencia Número 4 especializada en la misma materia.

“(La llamada) informaba a esta representación social que en dicho sitio había personas sin vida, al parecer producto de un incendio provocado por un grupo armado”, se lee en el acta de fe e inspección cadavérica y de reconocimiento de lugar.

La primera impresión de los agentes fue el fuerte operativo implementado en torno al Casino Royale, que se ubicaba en el número 205 de la avenida San Jerónimo, en Monterrey, al que fue imposible entrar porque estaba a punto de colapsarse.

“(El subdirector de Protección Civil Martín Castillo Castillo) nos refiere que no es factible accesar al interior del negocio porque con la humedad y el daño estructural ocasionado por el incendio, la propiedad se puede colapsar el cualquier momento”. 

Acompañados de peritos de la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales y de policías ministeriales al mando del detective Francisco Chavarría Martínez, los agentes describen el tumulto de elementos de distintas corporaciones afuera del Royale.

Grupos de la Policía Ministerial, elementos de Protección Civil, cuatro unidades de los Bomberos de Monterrey y siete camiones con paramédicos de la Cruz Verde y Cruz Roja se arremolinaron en la escena del crimen.

“Del Ejército Mexicano acuden aproximadamente cien elementos de distintos agrupamientos, entre ellos el capitán Sergio Salazar del área de Explosivos, de la Policía Federal (Fuerzas de Apoyo), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de este Municipio”, continúa el informe.

“(Los paramédicos) realizaron diversos traslados de personas lesionadas principalmente por intoxicación, indicando que otro grupo de gente se retiró por sus propios medios al suscitarse el incendio”.