Narco: poder político
El caso de Lucero Sánchez, la diputada de Sinaloa presuntamente pareja sentimental del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, no sólo exhibe al Partido Acción Nacional que la postuló como su legisladora en el pasado proceso electoral.
“La Chapodiputada” recuerda la incapacidad de todos los partidos políticos del país para diseñar un blindaje para evitar que la infiltración del crimen organizado siga avanzando en las campañas.
César CepedaTodas las acciones que han anunciado los partidos políticos para protegerse en contra del crimen organizado han fracasado una y otra vez
En Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, existen antecedentes históricos de que los cárteles de la droga operan en el proceso electoral y son un factor en el resultado de la elección
El caso de Lucero Sánchez, la diputada de Sinaloa presuntamente pareja sentimental del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, no sólo exhibe al Partido Acción Nacional que la postuló como su legisladora en el pasado proceso electoral.
“La Chapodiputada” recuerda la incapacidad de todos los partidos políticos del país para diseñar un blindaje para evitar que la infiltración del crimen organizado siga avanzando en las campañas.
Antes del caso de la legisladora Lucero Sánchez, quien enfrenta hoy un proceso de desafuero por parte de la PGR, estuvo José Luis Abarca del PRD, el alcalde de Iguala, Guerrero, ligado con el narcotráfico; y poco antes, el priista Jesús Reyna, gobernador de Michoacán coludido con el crimen organizado.
Y antes que ellos algunos más: los exgobernadores del PRI, Tomás Yarrington y Mario Villanueva, de Tamaulipas y Quintana Roo, respectivamente.
O el Exdiputado federal del PRD, Julio César Godoy Toscano, acusado de tener nexos con el capo Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
La realidad política ha demostrado que todas las acciones que han anunciado los partidos para protegerse en contra del crimen organizado han fracasado una y otra vez.
El proceso electoral que se celebrará este año en México -12 gubernaturas en juego- pondrá a prueba una vez más la capacidad de los partidos políticos de poner controles para evitar que los “narcocandidatos” se apoderen de los puestos de elección.
Como ha ocurrido en las elecciones anteriores, las principales fuerzas políticas han anunciado medidas para evitar que el crimen organizado financie con dinero sucio las campañas que se realizarán en el país.
Pero mientras el narco avanza ni los partidos políticos, ni el INE ni el Gobierno Federal se ponen de acuerdo para diseñar un mecanismo que sirva para detectar a tiempo la postulación de candidatos impulsados por el narcotráfico.
La semana pasada, legisladores del PAN y PRD le solicitaron al Gobierno Federal, durante una reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, crear un Protocolo de Seguridad para detectar a los “narcocandidatos”.
Sin embargo, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aclaró que es responsabilidad de los partidos políticos -y no del Gobierno Federal- vigilar que los candidatos que postulen no tengan antecedentes criminales.
Los intentos de las autoridades electorales por blindar las campañas han quedado en eso: intentos fallidos.
El INE, que encabeza el presidente comisionado Lorenzo Córdova, ha firmado varios convenios de colaboración con instituciones financieras para entregar información sobre los gastos de campañas.
El INE nunca en su historia ha denunciado a un candidato por manejar recursos procedentes del crimen organizado.
Y aún los casos siguen apareciendo en la actualidad.
La semana pasada la sombra del narco en las campañas regresó con la denuncia en contra del precandidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas, el exsenador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Una nota publicada por el periódico Reforma revelaba que de acuerdo a una declaración de un operador del Cártel del Golfo, Crescencio de León Fonseca, detenido el pasado 7 de enero en Tamaulipas, se le entregaba dinero al aspirante albiazul.
La declaración habría sido realizada por el narco a elementos de la Policía Federal que lo detuvieron el pasado 7 de enero en el municipio de Altamira.
No es la primera vez que García Cabeza de Vaca enfrenta una acusación así.
El mismo periódico publicó en diciembre que uno de los testigos del caso de Tomás Yarrington había declarado que el narco había financiado su campaña hace más de 10 años cuando fue alcalde de Reynosa.
“Nunca me he sentado en la mesa con un narcotraficante”, fue la respuesta del ahora candidato albiazul.
La filtración del reporte de la Policía Federal provocó cuestionamientos del PAN al Comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales.
Focos rojos en 4 estados
Hay cuatro estados donde este año se realizarán elecciones para elegir gobernador que son considerados focos rojos por la posible intervención del narcotráfico en el proceso electoral.
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo tienen antecedentes históricos de que los cárteles intervienen en el proceso electoral y son un factor en el resultado de la elección.
La elección en Sinaloa –la casa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera- prende las alertas por la influencia del narco en esta entidad.
Es precisamente en ese estado en donde ha surgido el último gran escándalo de la narcopolítica: la postulación por el PAN de Lucero Sánchez, pareja sentimental de “El Chapo” Guzmán.
Hace 6 años en Tamaulipas, a una semana de la elección, el entonces candidato del PRI a la gubernatura de este estado del norte de México, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado por el narco.
No se mató en ese entonces a un candidato, sino al eventual gobernador de Tamaulipas. Su hermano Egidio Torre Cantú fue designado candidato tricolor y ganó sin problemas la gubernatura.
En Veracruz en el 2012 la detención del empresario Francisco “Pancho” Colorado, acusado de lavar dinero para el Cártel de los Zetas, destapó sus conexiones con los candidatos a la gubernatura tanto del PRI como del PAN.
Y de Quintana Roo, entidad que forma parte de la conexión con los cárteles de la droga colombianos, salió un gobernador acusado de narco al finalizar su sexenio.
El priista Mario Villanueva fue detenido en el 2001 en Cancún acusado de tráfico de drogas y delincuencia organizada en complicidad con el Cártel de Juárez encabezado por el capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
Villanueva fue recluido en el Penal del Altiplano, luego absuelto pero detenido otra vez para ser extraditado a los Estados Unidos donde cumple una condena por lavado de dinero y narcotráfico.
Todos están involucrados
Los principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, han tenido sus escándalos protagonizados por servidores públicos ligados con el crimen organizado.
El caso del exgobernador de Quintana Roo, el priista Mario Villanueva, fue el primer mandatario detenido por sus nexos con el crimen organizado en la historia de México.
Luego siguió el caso del diputado federal del PRD, Julio César Godoy Toscano, acusado de formar parte del Cártel de Los Templarios. Hoy sigue prófugo el medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Es precisamente ese estado el otro que ha dado el otro gobernador que ha sido encarcelado por sus nexos con el narco: el exmandatario Jesús Reyna fue detenido en el 2014 acusado de proteger a los Templarios y de haberse reunido con Servando Gómez “La Tuta”.
Otro exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, también ha sido señalado de tener ligas con el narco. Su hijo, Rodrigo Vallejo, “El Gerber”, ha sido detenido por la PGR para ser investigado por sus reuniones con “La Tuta”.
El caso más reciente de políticos relacionados con el narco ha sido el de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, a quien se le vincula con Joaquín Guzmán Loera. Ella es conocida como la “Chapodiputada” y la PGR ha iniciado un proceso de desafuero para poder consignarla por el uso de documentos falsos en su visita el a ño pasado al Penal del Altiplano.
“El PAN debe una explicación a la ciudadanía y a su militancia acerca de las razones por las cuales fue postulada”, opinó Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y aspirante presidencial.
En el 2014, después de la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, salieron a relucir las relaciones del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, con el Cártel de los Guerreros Unidos, autores materiales de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, hoy está acusado de lavado de dinero y de delincuencia organizada y narcotráfico tanto en México como en los Estados Unidos. Está prófugo.
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