El joven egresado de la FES Cuautitlán estaba a punto de concluir su tesis para terminar la carrera de Ingeniero en Alimentos.

No pudo. Hoy, con 31 años y medio, Victor Hugo Tumalán purga una condena de 43 años de cárcel sin haber cometido ningún delito.

Fue detenido hace dos años por los judiciales Lubin Alvarado Enríquez, Víctor Manuel García Ventura, César Torres Morales y Salvador Sánchez Ramírez.

Todo empezó el 30 de abril de 2010 cuando el joven manejaba su Toyota azul eléctrico por la carretera Picacho-Ajusco, regresaba de trabajar.

Los cuatro judiciales lo bajaron del vehículo a punta de pistola, le pegaron en la cabeza y lo esposaron. Lo acusaron de traer una camioneta robada y clonada.

En ese momento, lo relacionaron con Luis Jafet Jasso Rodríguez, a quien acababan de detener por robo y se encontraba también en la patrulla.

Víctor Hugo negó conocer a Jasso Rodríguez y los judiciales lo pasearon por la ciudad. Uno de ellos lo bajó del vehículo en Six Flags y le pidió 150 mil pesos para dejarlo en libertad.

El estudiante, que trabajaba en ese entonces en una empresa que entrega medicamentos a hospitales, le dijo al judicial que “no tiene porqué darle dinero, pues no cometió ningún delito”, relata a Reporte Indigo Rita Castañeda, su madre.

Le aseguró que acudiría a Derechos Humanos para defenderse y el judicial lo volvió a introducir a la patrulla. Ahí comenzó su calvario.

En ese momento lo trasladaron a la Agencia 50 del Ministerio Público y lo arraigaron por 30 días, aunque se demostró con la factura que era el propietario de la camioneta, que no conocía a Jasso y que el vehículo robado era otro.

A los 30 días de estar arraigado y sin dejar ver a los familiares el expediente porque la MP Esperanza Medrano Ortiz decía que “estaba blindado”, le imputaron otros delitos:

Secuestro exprés, robo con violencia, delincuencia organizada y encubrimiento por receptación (comprar algo robado), le dictaron orden de aprehensión el primero de junio del 2010 y fue trasladado al Reclusorio Norte.

“El proceso se llevó a cabo en el Juzgado  3° de lo Penal del DF, y todos los delitos se echaron abajo. Incluso, la misma Procuraduría capitalina presenta un video donde se puede apreciar que no es mi hijo al que iban siguiendo”, cuenta la madre del inculpado.

De mal en peor…

Un año después se demostró que no tenía nada que ver con ninguno de los hechos que le imputaban. Por el delito de secuestro exprés, la víctima que dijo reconocer a Víctor Hugo “después ya no estaba tan segura”. La citaron a declarar tres veces, y solo acudió en una.

Lamentablemente para Tumalán, el Juez Tercero de lo Penal del DF, José Luis Antonio de Alba, quien analizaba el expediente murió en septiembre de 2010. El caso pasó a manos de Mauro Fernando Rodríguez León. Tres meses después llegó la actual Juez Tercero de lo Penal, Esperanza Medrano Ortiz, quien dijo a los familiares de Tumalán que “apenas iba a leer el expediente y no se comprometía a nada”.

Sin embargo, bajo su criterio “el delito se cometió y la víctima no puede reconocerlo porque ya pasaron seis meses y no se acuerda”, detalla Rita Castañeda.

Presentaron una apelación que recayó en la sala 8a. de lo Penal, pero no hubo audiencia. Los enviaron a la sala 7a. y ahí en septiembre del año pasado confirmaron la sentencia, sin ningún elemento de peso.

Abogados, otro calvario

En ese remolino de acusaciones para cerrar los casos pendientes, sobre todo donde no se tiene a los verdaderos delincuentes y buscan presuntos culpables, Rita Castañeda enfrentó otro calvario.

La falta de profesionalismo de su abogado Arturo Diez Sollano Domínguez, quien no integró bien la demanda en la primera instancia y luego, según él, perdió todo el expediente.

Buscó otro abogado, Sergio Ramírez Moscoso, cuando el caso llegó a los Tribunales en segunda instancia, pero lejos de ayudarla solo logró que confirmaran la sentencia por 43 años en septiembre de 2011.

“Estamos en la calle y enojados porque los abogados que llevaron el caso de Víctor Hugo hicieron un pésimo trabajo y nos cobraron hasta lo indecible”, lamenta la madre.

“Aunque siempre comentaron que había elementos suficientes para que mi hijo saliera libre”, dice, los abogados nunca hicieron nada.

Ante la falta de dinero y orientación, Rita Castañeda acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos  para solicitar la revision del caso de su hijo.

La CNDH envió el documento elaborado por el propio Tumalán a la Primera Visitaduría, que ya solicitó el expediente al juzgado y espera respuesta. También solicitaron el apoyo de la asociación civil Agustín Pro para promover un amparo que no les cueste.

“Si lo solicitamos a través de un abogado, nos piden de 150 mil a 600 mil pesos y no los tenemos. Es el último recurso que tiene mi hijo para salir en libertad”, detalla Castañeda.

Hoy, a más de dos años de iniciar la pesadilla, Víctor Hugo Tumalán espera la respuesta de la CNDH y el apoyo de la asociación civil para salir de la cárcel donde purga una pena por delitos que no cometió.