El caso HSBC es una vergüenza internacional para México. Pero, sobre todo, para el gobierno mexicano. 

De nuevo la urgencia de limpiar lo que está sucio. Una vez más, la justicia expedita a la mexicana para evitar la justicia justiciera.

Y 379 millones de pesos fueron suficientes para limpiar la lavandería de 7 mil millones de dólares que ese banco creó para desprestigio de México.

Una vez más, como ya es costumbre, el caso estalló en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta la PGR, fueron incapaces de olfatear la fuga millonaria de divisas.

En un año, y a través de un solo banco, se les fugó el 5 por ciento de las reservas internacionales, ¿y nadie se dio cuenta?

A lo mejor porque no convenía. Quizás porque en algún momento era un familiar de la casa presidencial el responsable de vigilar esos ilícitos. En un descuido, porque uno de los socios mayoritarios de la lavandería opera desde adentro del gobierno.

No en balde el hijo de un ex presidente de México y el primo del director de Pemex son altos ejecutivos del banco que lava y manda al extranjero con tanta facilidad los dineros de los narcos. Y también de los políticos.

Pero que nadie se preocupe. La sanción impuesta a HSBC por sus “travesuras” es de apenas 25 millones de dólares. 

Si el cobro de comisiones por lavar dinero fuera de apenas uno por ciento –que lo dudamos–, significaría que el cuestionado banco ganó unos 70 millones de dólares en esas cuestionables operaciones.

Pagar una multa de 25 millones de dólares y obtener ganancias de 70 millones de dólares, cualquiera quisiera un negocio de ésos. Sobre todo con el beneplácito oficial. Es una patente para delinquir. Una autorización para convertir cada banco en una lavandería del crimen organizado. Y del desorganizado también.

Lo más sintomático, lo más preocupante, es que estén tan urgidos de cerrar el caso. Como les pasó con la lavandería que le descubrieron a Zhenli Ye Gon, uno de los clientes premier de HSBC. Por eso la consigna es que se lleven el dinero, que ya nadie cuestione, caso cerrado. 

¿A qué le temen? ¿A que se descubra qué? ¿A que se exhiba a quién? ¿A que quede al descubierto qué?

¿Más exhibida que el ridículo internacional que hacemos como nación al permitir que un banco extranjero use la concesión que tiene para lavar dinero de criminales?

Hace unos siete años, Estados Unidos endureció sus mecanismos y castigos para impedir el lavado de dinero en sus instituciones bancarias. 

Para los de HSBC, la solución fue simple. Trasladaron a México todas sus operaciones offshore. Y nuestro país se convirtió en una de las lavanderías favoritas de esa corporación financiera británica.

Sabían que los controles eran laxos, que la vigilancia era escasa y que si eran sorprendidos, el arreglo era sencillo. Como ocurrió. 

Alguien en Hacienda o en la CNBV nos debe una explicación a todos los mexicanos. ¿De qué tamaño tiene que ser el pecado que cometa un banco para que se le retire la concesión que le otorga el gobierno?

La ecuación de los 7 mil millones de dólares y la multa de 25 millones de dólares no da. Suena a burla, a acuerdo, a dejar hacer, dejar pasar. Por supuesto, no a castigo ni a escarmiento.

Si a cualquier mexicano se le pasa pagar los impuestos, le caen con todo el peso de multas, recargos y hasta cárcel, ¿por qué a un banco al que se le sorprende –y se le prueba– lavando dinero se le limpia tan fácilmente el expediente?