La Constitución mexicana es taxativa cuando dice en su primer precepto que, “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”... 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Es decir, ninguna Ley podrá limitar la obligación expuesta por la norma constitucional. 

La vinculación es directa, absoluta y excluyente de cualquier norma o interpretación que restringa ese amplio ámbito de aplicación. En México, hoy por hoy, cualquier autoridad que no cumpla con esta máxima, incurrirá en graves responsabilidades penales, y los jueces deberán exigirla en la proporción que corresponda.

Este artículo estaba pensado inicialmente para hablar de los asesinatos, desapariciones y ataques a medios de comunicación, en atención a los últimos crímenes contra varios reporteros. 

Pero la realidad se impone ante los 49 asesinatos producidos en el área metropolitana de Monterrey, otrora intocable capital ejemplo para el mundo, y hoy, destruida por la desesperación de sus habitantes y la impotencia de las autoridades para hacer frente a la barbarie del crimen organizado. 

Decenas de miles de vidas humanas han sido cobradas como peaje en la autopista de la incompetencia y la descoordinación. No vale decir como argumento que se trata de ajustes de cuentas entre miembros de bandas rivales; o que se trata del lumpen de la sociedad; o que el ejército o la policía hacen bien en acabar con ellos. 

El desafío de los “Chapos” y sus aprendices al Estado es claro, y ya no es suficiente con las acusaciones cruzadas y las descalificaciones del contrario, mientras que cuerpos descuartizados siguen apareciendo.

La barbarie y la irracionalidad de estos individuos y sus organizaciones son su propia debilidad. Ninguno de ellos está preparado para hacer frente a la acción organizada del Estado, si éste, de una vez, desarrolla todo su potencial, pero un potencial diferente al estrictamente militar. 

Este último, ya se ha develado y lo sigue haciendo como insuficiente para erradicar el fenómeno criminal. Si ubicamos la responsabilidad en el Estado y la exigencia de solución en el mismo, lo primero que deberemos tener claro, desde un punto de vista dialéctico, es qué entendemos por Estado. 

Desde luego se equivocan quienes equiparan al Estado con el Gobierno que gestiona los servicios de aquél. También lo hacen quienes reubican la cuestión en los respectivos gobiernos de los estados. Ni uno ni otros, por sí mismos, pueden dar solución a un problema que es mucho más global y complejo que lo que aparenta.

Evidentemente, no se trata de un fenómeno local, sino internacional; por ende las posibles soluciones, de esta parte, deben venir dadas con un alcance similar. Es decir, no es un problema exclusivo de México, sino mucho más generalizado y que afecta en su génesis a Estados Unidos y a otros países de la zona y de Europa, porque todos son corresponsables de un fenómeno delictivo del que participan, de una u otra forma, en su génesis, desarrollo y efectos. 

En segundo término, no es una cuestión de desarrollo simplista, sino de asumir la naturaleza de los crímenes que asolan las tierras mexicanas; el crimen masivo se desenvuelve a través de organizaciones y redes que necesitan mantener sus estructuras de poder, para continuar recibiendo los beneficios de los que dependen y que, en definitiva, constituyen la única razón para su propia subsistencia.

Y es por ello que la acción del Estado tiene que ir dirigida al corazón de esas estructuras, que no es otro que sus finanzas. Es aquí donde surge el interrogante de si en México se están empleando todos los esfuerzos en la capacitación de quienes tienen que investigar y desarticular esas redes. 

Es decir, si existe una policía de inteligencia financiera, una policía científica especializada o grupos o brigadas con toda la experiencia en el ámbito del blanqueo de activos, persecución de bienes, etc, que haga frente a las estructuras de ingeniería financieras de las que disponen. 

Ni los “Zetas” ni el “Chapo Guzmán” son tan elementales que desarrollen su “guerra” sin guardarse económicamente las espaldas. Se precisan por tanto esas estructuras. Pero la acción contra las mismas, hasta destruirlas, resulta obvio que tiene que ser una iniciativa no sólo federal, sino también de cada uno de los estados. La unión de los mismos debe demostrarse, no solo en el papel, sino en la práctica.

Pero esa implementación policial y de inteligencia tiene que ir acompañada de una clara intención política de poner fin a esta barbarie. En México, es la hora de los valientes. 

Las elecciones presidenciales, cuya resolución está a la vuelta de la esquina, no deben ser causa para agravar la situación, sino para mejorarla.