Duarte frente a la justicia mexicana

Luego de ser extraditado por las autoridades de Guatemala, Javier Duarte regresó ayer a México para enfrentar las denuncias penales que existen en su contra por presuntos desvíos ocurridos durante su etapa como gobernador de Veracruz.

La justicia mexicana lo reclama para que responda, hasta el momento, por tres averiguaciones penales iniciadas en su contra, dos por parte de la Fiscalía del Estado de Veracruz, y otra más integrada por la Procuraduría General de la República (PGR).

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Millones de pesos probable desvío de fondos del exgobernador de Veracruz
El abogado Marco Del Toro Carazo dijo desconocer si su cliente permanecerá en el Reclusorio Norte

Luego de ser extraditado por las autoridades de Guatemala, Javier Duarte regresó ayer a México para enfrentar las denuncias penales que existen en su contra por presuntos desvíos ocurridos durante su etapa como gobernador de Veracruz.

La justicia mexicana lo reclama para que responda, hasta el momento, por tres averiguaciones penales iniciadas en su contra, dos por parte de la Fiscalía del Estado de Veracruz, y otra más integrada por la Procuraduría General de la República (PGR).

En una celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el exgobernador de Veracruz aguardará los tiempos de su proceso, primero tendrá que desahogar lo referente a su juicio penal federal, en donde se le señala por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, para posteriormente dar paso a la defensa sobre los señalamientos del fuero común que se le imputan en su entidad.

A la par del reclamo que le está haciendo la PGR, Duarte de Ochoa es también requerido por el juez penal de la ciudad de Xalapa, en donde se le integraron dos causas penales, de donde se desprende el señalamiento por abuso de autoridad, incumplimiento de las Funciones del Servicio Público, peculado y tráfico de influencias.

Sumado a los siete tipos de conducta penal que indician a Duarte de Ochoa, tanto la federación como el Gobierno estatal de Veracruz están responsabilizando al exgobernador de Veracruz del mayor peculado que se registre en la historia de México, al señalarlo como probable responsable de un desvío de fondos estimado en 35 mil 623 millones de pesos.

Sólo dentro de las averiguaciones locales FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, al exgobernador se le imputan actos de desvío de recursos por un monto superior a los 223 millones de pesos, pero dentro de la indagatoria que integró la PGR existen al menos 35 expedientes que reclaman el esclarecimiento en el uso de más de 35 mil 400 millones de pesos, desviados durante su gestión.

Los delitos de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de las Funciones del Servicio Público, Peculado, Tráfico de Influencias y Coalición de Funcionarios para Delinquir, todos del fuero común, no se consideran graves, por lo que no ameritan la prisión preventiva oficiosa y por ello podría alcanzar la libertad, no así con los delitos del fuero federal.

De los expedientes marcados con los números 25/2016, 29/2016, 72/2016 y 73/2016, se desprenden los posibles delitos de Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero, de los que sólo el primero es considerado como grave y que es el que obligará al exgobernador de Veracruz a que pertenezca en prisión.

Hasta el momento, la mayoría de las acusaciones que enfrenta Javier Duarte tienen que ver con delitos relacionados al desvío de dinero del erario, y no existe ninguna acusación formal que lo vincule con delitos derivados de la inseguridad, pese al reclamo que algunas organizaciones como “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz”, han hecho al respecto.

La causa de homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, fosas clandestinas y delitos relacionados a la creciente presencia del crimen organizado, hasta el momento no han tenido ningún efecto sobre la situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, pese a que diversas organizaciones no gubernamentales de víctimas refieren la participación de fuerzas policiales del estado en algunos de esos ilícitos.

Se presume inocente

El abogado defensor de Javier Duarte, Marco Antonio del Toro Carazo, quien lleva la defensa de Elba Esther Gordillo, estimó que de acuerdo a lo establecido en el expediente integrado por la PGR, su cliente es inocente.

El jurista dijo que el expediente denota “plena inocencia” del inculpado, porque las imputaciones que la federación le ha hecho “no tienen el mínimo sustento”.

Del Toro Carazo dijo que se demostrará que las imputaciones hechas por el agente del Ministerio Público de la Federación no tienen el mínimo sustento y que de acuerdo al expediente, Javier Duarte denota plena inocencia y así lo habrá de demostrar en las audiencias subsecuentes.

Hermetismo sobre su reclusión

Aun cuando Javier Duarte de Ochoa fue recluido inicialmente en el penal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para comparecer a la audiencia inicial de su proceso ordenada por el juez quinto de lo penal con sede en ese complejo penitenciario, se desconoce cuál será la prisión en donde finalmente sea recluido el exgobernador de Veracruz.

Ni la defensa del inculpado ha sido notificada sobre la prisión que habrá de contener al indiciado durante el tiempo que dure el desahogo de las audiencias.

El abogado Marco Del Toro Carazo dijo desconocer si su cliente permanecerá en el Reclusorio Norte o si será trasladado a una prisión federal. La vocería oficial de la PGR también ha mantenido hermetismo al respecto.

Cabe recordar que por normatividad oficial, todos los imputados por el delito de Delincuencia Organizada deben afrontar sus procesos penales dentro de un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), pero en este caso Javier Duarte fue recluido inicialmente en un centro penitenciario de tipo estatal.

Se estima que la estancia de Duarte en la prisión del Reclusorio Norte de la Ciudad de México sea temporal, esto mientras al Poder Judicial de la Federación, junto con Gobernación a través del órgano desconcentrado administrativo en readaptación social, determinan en dónde será recluido, según la versión del subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

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