Guaruras sin control
El Estado falla en ofrecer la seguridad pública para los ciudadanos y también en certificar a los policías privados que se dedican al resguardo de personas.
De esta manera, casi cualquiera puede convertirse de la noche a la mañana en un escolta, ya que el Estado falla en la certificación de este tipo de servicios.
Los datos del sector de seguridad privada indican que por cada empresa registrada hay cinco más que operan en la clandestinidad o tienen sus permisos en trámite.
Julio Ramírez"Las compañías de seguridad privada deben estar más reguladas, faltan controles (...) ”
"Si no en lugar de tener una mayor tranquilidad (...) van a tener elementos que después de enterarse de qué es lo que tienen”
"Hay que decir que la policía y la autoridad es insuficiente para darnos seguridad pública, es insuficiente la labor que hace”
El Estado de México es la entidad que mayor incremento reporta en la contratatción de agentes de seguridad privada en los últimos años
Casi cualquiera puede convertirse de la noche a la mañana en un escolta, ya que el Estado falla en la certificación de este tipo de servicios
El Estado falla en ofrecer la seguridad pública para los ciudadanos y también en certificar a los policías privados que se dedican al resguardo de personas.
De esta manera, casi cualquiera puede convertirse de la noche a la mañana en un escolta, ya que el Estado falla en la certificación de este tipo de servicios.
Los datos del sector de seguridad privada indican que por cada empresa registrada hay cinco más que operan en la clandestinidad o tienen sus permisos en trámite.
Expertos del área de seguridad pública, como Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega, indican que es necesaria la certificación de los escoltas privados porque a ellos se les confía lo más importante, como los propios hijos, las llaves de la casa y el conocimiento de los horarios y de todas las actividades de la familia.
A estos guardias se les encomienda hasta el propio prestigio, según ha quedado de manifiesto en casos como “Lord Ferrari” o la agresión contra el city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag, cuyos comportamientos fueron causa de comentarios en redes sociales en contra de los patrones de estos agentes privados, quienes presuntamente ordenaron las agresiones.
El escolta de Alberto Sentíes Palacios, de nombre Sergio González Ibarra, agredió a un chofer de Uber y los hechos quedaron grabados en video.
El hombre, tras una discusión de tránsito con el chofer de nombre Jair, lo sacó a empujones de una camioneta blanca que conducía por Viaducto Tlalpan, lo llevó a la banqueta y lo golpeó.
El dueño del auto Ferrari rojo, ahora conocido en las redes sociales como “Lord Ferrari”, aguardaba mientras el escolta siguió la golpiza contra Jair.
Días después se notificó que el escolta murió supuestamente por un paro respiratorio.
El domingo pasado se informó que Jair llegó a un acuerdo económico con Sentíes Palacios para otorgar “el perdón más amplio que en derecho proceda”, con lo que dio por terminado el pleito con el empresario.
En el caso de Arne aus den Ruthen Haag, el funcionario de la delegación Miguel Hidalgo fue agredido por cuatro escoltas, y uno solo fue detenido.
La jefa delegacional Xóchiotl Gálvez criticó la manera en que operan estos grupos de escoltas.
“Lo que queremos es que se investigue, tenemos las placas de los vehículos, está cañón este país de poderosos y de nuevos ricos prepotentes”, detalló la funcionaria.
El boom de la seguridad en Edomex
Un sector de nivel económico privilegiado busca la protección de sus bienes y su persona a través de empresas de seguridad privada cuyo personal no está certificado.
Muchas de las veces, incluso se trata de personas que salieron de las corporaciones oficiales y al no encontrar trabajo en las instancias -debido a que no logran acreditar los exámenes de control de confianza- buscan en la iniciativa privada la manera de seguir en la actividad policial.
En el Estado de México hay registro de 37 mil 707 policías privados estatales, en tanto que en todo el país hay 122 mil 996.
Apenas en 2009, había en la misma entidad mil 551 elementos estatales y en todo el país 77 mil 424.
Es decir, en 2009 el Estado de México tenía menos del 2 por ciento de los policías privados estatales con registro oficial y hoy tiene 30.6 por ciento, casi una tercera parte del registro nacional realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El reporte indica que en el Estado de México hay más policías privados que en la corporación estatal, que en Edomex suma 18 mil 960 elementos , mil 222 administrativos y 17 mil 738 operativos asignados a la calle-.
La suma de los policías municipales de todos las alcaldías es de 24 mil 009 agentes.
La Fiscalía Estatal tiene 5 mil 475 agentes (administrativos y operativos).
El Estado de México es la entidad que mayor incremento reporta en la contratación de agentes de seguridad privada en los últimos años, pues pasó de mil 551 agentes estatales privados reportados en 2009 a más de 37 mil en diciembre pasado. En la Ciudad de México en 2009 había registro de 14 mil 458 agentes y este diciembre se contabilizaron 16 mil 730.
En Baja California, a finales de 2009 se reportaron 5 mil 956 elementos privados estatales y este diciembre había 8 mil 729. En Nuevo León la cifra disminuyó, pues pasó de 7 mil 958 policías privados con registro estatal a 6 mil 759 agentes a finales de 2015. En Chihuahua el crecimiento fue de 2 mil 693 agentes privados estatales con registro en 2009 y a finales de 2015 la cifra se incrementó a 5 mil 851 policías privados.
En el ámbito nacional, de 2009 a 2015 el incremento de policías privados estatales registrados de manera oficial ante la Secretaría de Gobernación se incrementó 58 por ciento.
En riesgo, la vida y la libertad
Al contratar un escolta, un empresario o jefe de familia se lo juega todo, pone en riesgo la vida, la libertad y su patrimonio, afirma el abogado José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
“Las compañías de seguridad privada deben estar más reguladas, faltan controles, es una puerta para que elementos que tienen capacitación de seguridad, que han estado en algún cuerpo policiaco y han sido corridos de esos lugares, se refugien en la seguridad privada y ahí no hay los suficientes controles para ver quiénes tienen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
“Si en las policías no hay un suficiente control, no hay una depuración adecuada y vemos que hay personal que tiene órdenes de aprehensión pendiente de ejecutar y que hay corrupción en esos lugares, es más fácil que haya en las corporaciones privadas esa falta de control”, asegura el experto en entrevista.
Dice que ha tenido conocimiento de casos en que las víctimas de algún delito fueron señalados por el mismo personal de seguridad privada que contrataron para su resguardo, a veces también en colusión con la seguridad pública del Estado.
Considera importante que los contratantes de estos servicios tengan conocimiento sobre si el agente cuenta con antecedentes penales, órdenes de aprehensión o si fue expulsado de una corporación.
“Tienes que saber a quién vas a meter a tu casa”, apunta. “Si no en lugar de tener una mayor tranquilidad, una mayor seguridad, que es lo que se busca cuando se está contratando este tipo de seguridad privada, van a tener elementos que después de enterarse de qué es lo que tienen y cuáles son sus movimientos, por ahí puede venir alguna información que los ponga en riesgo”.
Las personas contratan estos servicios debido a la carencia de seguridad pública, pues se sientes vulnerables ante actos de inseguridad.
“Hay que decir que la policía y la autoridad es insuficiente para darnos seguridad pública, es insuficiente la labor que hace y los ciudadanos nos sentimos desprotegidos y los ciudadanos sentimos que tenemos que hacer algo para nuestras familias, para nuestras empresas y para nuestro entorno, porque lo que nos proporciona el Estado es insuficiente”, afirma Ortega.
El especialista recomienda contratar sólo a empresas certificadas y que estén en los padrones de Gobernación y la Policía Federal.
“Hay un padrón de la Policía Federal y deben de someterse todas las personas que ellos agrupan a los registros y a las verificaciones y a las depuraciones que tiene también la policía regular, porque ellos están haciendo trabajos de seguridad, se ponen en sus manos la libertad, el patrimonio y la vida de varias personas”, apunta el experto.
Ortega comenta que la violencia no es igual en todo el país y hay estados que reportan menos delitos. A su parecer, esto está relacionado con que se combaten también los delitos pequeños y eso manda un mensaje a los delincuentes acerce de que no habrá impunidad.
“Eso empieza no con los delitos grandes, con los delitos pequeños. Y si tú inhibes, aclaras y castigas los delitos pequeños mandas una señal muy importante para que los delincuentes en lugar de irse a cometer delitos, a ejercer violencia a tu entidad federativa, se vayan a otra, porque si se van a la tuya saben que van a ser castigados”, apunta.
Gobierno debe registrar escoltas
El gobierno debería de registrar por ley a todos los escoltas y regular el uso de armas, porque en la actualidad no puedes saber en qué momento te sale un loco armado, afirmó la activista Isabel Miranda de Wallace en entrevista con Reporte Indigo.
“Primero, que los registren, que no se pueda ser escolta si no pasan por un registro de escoltas, que registren las armas, que sepan que están capacitados para el manejo de armas y que les hagan un examen psicológico porque hay cada loco suelto por la calle armado que es un golpe para la sociedad”, aseguró la presidenta de la organización Alto al Secuestro.
Criticó que no exista oficialmente ni un registro público de escoltas de seguridad o una identificación para los agentes que se dedican al resguardo privado de personas.
“No hay forma de identificarlos, no sabes en qué momento te vas a encontrar con una persona armada. Ahí sí hay un gran problema porque no está regulado, no están registrados, no hay ningún distintivo para saber cuáles son escoltas.
“Debería de existir algo, una credencial, o algo, que indique que son escoltas, que esté pública, algunas placas que sepa la gente que son escoltas”, añadió.
Miranda de Wallace criticó que se hayan dado casos en que las personas que se dedican a ofrecer estos servicios de resguardo tienen antecedentes penales, carecen de actualización en el manejo de armas y hay opacidad en la operación de estos servicios.
“Para empezar, el Gobierno del Distrito Federal da ese servicio y cobra. Les pagamos a los policías de nuestros impuestos. Ellos (los del GDF) por lo menos están con licencia de arma y todo, pero hay algunos guaruras que contratan de manera clandestina”.
