Alguien está jugando con fuego en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sus particulares intereses están poniendo en riesgo la seguridad del país.

El más reciente caso, que involucra un presunto escándalo militar porque se filtraron documentos de la compra millonaria de equipo de inteligencia, pone en evidencia una gran disputa de poder en las fuerzas armadas.

Y decimos presunto escándalo porque nada tiene de extraño que los mandos castrenses de cualquier país adquieran sofisticados y costosos equipos para vigilar y combatir al enemigo.

En este caso, el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero en un juego muy peligroso, se pretende hacer creer que las compras son ilegales. Que debieron licitarse, darse a conocer públicamente, para que todos –incluyendo a los delincuentes– conozcan los equipos a detalle y puedan comprar con qué neutralizarlos.

Lo que sí es una traición nacional es que alguien desde adentro de la Secretaría de la Defensa, con intereses políticos futuristas, pretenda exhibir como delincuentes a los responsables de esas compras.

Porque en el momento en que los documentos clasificados se exhiben mediáticamente, la contrainteligencia nacional queda al desnudo. Y con ello se vulnera la seguridad nacional.

Más aún, se dan detalles de los proveedores, que a partir de ese momento se convierten en blanco del crimen organizado. Para que se los vendan por la buena o arrebatárselos por la mala.

Si con controles y protocolos más rigurosos, en Estados Unidos se ventilan asuntos de tráfico de armas y secretos militares, ¿pueden imaginar lo que se da dentro de las fuerzas armadas mexicanas, y sus consecuencias?

Por eso el caso de la filtración de documentos no puede ser visto ni como un triunfo del libre acceso a la información, ni como una muestra de interés en la búsqueda de la verdad.

Porque esos papeles clasificados solo pudieron salir, con fines muy claros, de un alto mando de la Secretaría de la Defensa que los controla.

Para nadie es un secreto que en el seno de la fuerzas armadas existen distintos grupos en disputa abierta por quedarse con la próxima titularidad de la dependencia.

También es claro que desde la actual Secretaría de Seguridad Pública federal se apadrina ya a un candidato con el que se busca preservar el statu quo en el sexenio que inicia en diciembre.

Ya lo advertimos antes. En este guión se inscribe también el caso del general Tomás Ángeles, arraigado desde hace casi 60 días por un delito que todavía no le definen.

Y cuando se investigue la verdad en torno al asesinato del general Acosta Chaparro, se verá que detrás de sus sicarios, actuaron los mismos que buscan perpetuarse más allá de este sexenio.

Sabemos que el caso de la filtración de los documentos militares indignó profundamente al actual general secretario Guillermo Galván Galván. Siente que las disputas políticas ya llegaron demasiado lejos y están lesionando el honor militar.

Pero si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, bien haría Felipe Calderón en ordenar una investigación a fondo para llamar a cuentas a los responsables de esa traición a la patria.

De poco sirve que el inquilino de Los Pinos arengue a diario sobre su lucha contra el crimen organizado, si en el seno de los que lo combaten se filtran informaciones que vulneran esa cruzada.

Y todavía mejor sería que, de confirmarse como presidente electo, Enrique Peña Nieto tomara nota.

Que se atreva a desenmascarar desde ahora a quienes pretenden darle un golpe anticipado imponiendo por la ruta de la traición una voluntad que no es la suya.