El gobierno del presidente Felipe Calderón y las administraciones estatales fueron rebasados, no solo en el registro cuantitativo de ejecuciones, sino también en la identificación de cadáveres.

De las 71 mil 804 ejecuciones documentadas por Zeta durante cinco años y medio, clasificadas por el Sistema Nacional de Información como homicidios dolosos cometidos “Por Arma de Fuego”, “Por Arma Blanca”, “Sin Datos” y “Otros”, 30 mil 957 corresponden a los rubros “Sin Datos” y “Otros”. Es decir, no se conoce la identidad de 43 por ciento de las víctimas.

Los homicidios “Sin Datos” y “Otros” no pertenecen únicamente al rubro de dolosos. El gobierno de Calderón también los ubica entre los homicidios culposos.

Resulta que en el actual sexenio federal, 78 mil 185 cadáveres fueron arrojados al rubro de homicidios culposos “Sin Datos” y “Otros”.

En pocas palabras, 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos han sido clasificados por el gobierno federal como “Sin Datos” y “Otros”.

Ante la gravedad de estos hechos, la hermana Consuelo Morales explica a Zeta:

“Es una situación muy dolorosa. Estamos viviendo un grave retroceso a pesar de que el año pasado constitucionalmente se aprueba la reforma constitucional de Derechos Humanos en junio de 2011. La verdad es que, en la práctica, esto no se ha venido reflejando en lo más mínimo.

“Cuando nos están hablando de 109 mil homicidios nos dejan perplejos, pero, por otro lado, nos deja en una situación en que seguramente son muchísimos más, porque tenemos mucha gente desaparecida que no sabemos dónde está, que no sabemos si ya la mataron o no, si fue la delincuencia organizada o con la complicidad de las mismas autoridades.

“La decisión del señor Calderón de cambiar la estrategia que tenía en su campaña, de haber dicho que iba a ser ‘el presidente del empleo’ por un presidente que nos quiso dar la seguridad, pues nos metió en una tendencia abismal donde vamos cayendo rápidamente en situaciones de mayor inseguridad.

“Hay un verdadero retroceso en el cumplimiento, en la concreción del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”.

Edgardo Buscaglia, catedrático e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Columbia, también opinó sobre este tema.

“Es un síntoma de debilidad de Estado. Es un síntoma de que el Estado no tiene capacidad de investigar, acusar, procesar homicidios. Es el tipo de indicadores que yo veo en Afganistán, que veo en el norte de Pakistán, veo a veces en Sudán, en la zona limítrofe entre Sudán del sur y Sudán. Es un símbolo de Estado débil. Homicidios ‘Sin Datos’ es un nivel que se observa en estados del sub-Sahara, en los países más pobres de Asia. Es realmente una vergüenza”.

Los más sangrientos

Las 71 mil 804 ejecuciones ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón y vinculadas con el crimen organizado han sucedido en estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Chihuahua, que es gobernado por el PRI, concentra 21.6 por ciento de los homicidios con 15 mil 513 víctimas.

Sinaloa, también con gobierno tricolor, tiene 7 mil 221 ejecuciones. Guerrero, con 6 mil 106 casos, es gobernado por el PAN y el PRD. Baja California, con 4 mil 210 víctimas, tiene administración panista. Y el Estado de México, con 3 mil 894, tiene gobernador del PRI.

Precisamente esas entidades son disputadas por el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. El primero comandado por la mancuerna de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada; el segundo por Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales.

Estas dos organizaciones criminales no han sido desmanteladas por el gobierno de Felipe Calderón. En cambio, la actual administración federal sí ha actuado contra otras estructuras delincuenciales que han sido mermadas con aprehensiones, como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, La Familia y el Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Desprecio por las víctimas de la guerra de Calderón

El gobierno federal también se ha caracterizado por minimizar las muertes de civiles. Los llama “daños colaterales”. Son niños, estudiantes, empresarios, periodistas, amas de casa, activistas sociales.

“(El) 90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Solo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010. Esa ha sido la postura del gobierno calderonista.

De las 71 mil 804 muertes registradas por Zeta, el 10 por ciento de “blancos civiles” serían 7 mil 804 personas. Pero no hay autoridad estatal ni federal que informe sobre la cantidad real de víctimas civiles en el sexenio que agoniza.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Raúl Plascencia, informó el 26 de enero de 2011 que, en 2010, murieron 111 personas en medio de la guerra del presidente Calderón.

Un año después, el 25 de enero de 2012, la CNDH informó que 43 civiles fallecieron en 2011 durante enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con este organismo, 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas en la administración calderonista, y 8 mil 898 cadáveres no han sido identificados.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez. Además, 120 mil personas fueron desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Y más de 40 mil mexicanos han pedido asilo político, indican los reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Más muertos que averiguaciones

Por Adela Navarro Bello y Enrique Mendoza