El narco vota
Todo indica que el narco se ha enseñoreado –otra vez- de las elecciones en algunos estados.
La expulsión de tres candidatos del PRI a alcaldes en Tamaulipas, destapó lo que es una sospecha generalizada en esa entidad: el narco es el actor principal en ese escenario.
El hecho también destapó otra realidad: los partidos políticos carecen de mecanismos que les permitan tener certeza de que sus candidatos están libres de vínculos con el crimen organizado.
Ya en el pasado la participación del crimen en las elecciones ha traído eventos desafortunados en los estados.
Los líderes de los partidos políticos se han declarado imposibilitados para verificar los antecedentes de sus candidatos y saber si están relacionados de alguna manera al narcotráfico o la delincuencia
Los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas, tanto del PAN como del PRI han sido vinculados con el crimen organizado
En 2010, el asesinato del candidato puntero a la gubernatura del estado evidenció una severa crisis de seguridad en la entidad
Los partidos políticos carecen de mecanismos para estar seguros que sus candidatos están libres de vínculos con el crimen organizado
Todo indica que el narco se ha enseñoreado –otra vez- de las elecciones en algunos estados.
La expulsión de tres candidatos del PRI a alcaldes en Tamaulipas, destapó lo que es una sospecha generalizada en esa entidad: el narco es el actor principal en ese escenario.
El hecho también destapó otra realidad: los partidos políticos carecen de mecanismos que les permitan tener certeza de que sus candidatos están libres de vínculos con el crimen organizado.
Ya en el pasado la participación del crimen en las elecciones ha traído eventos desafortunados en los estados.
El asesinato de un candidato a gobernador o el descubrimiento de que un alcalde tenía vínculos con el crimen organizado y “entregó” la policía a los grupos criminales, han sido pruebas fehacientes de que la delincuencia organizada tiene interés en entrar al gobierno de las comunidades.
Como en cada proceso electoral, los discursos de los dirigentes de los partidos políticos y las autoridades electorales aseguran que todas las etapas de la elección están blindadas.
La falta de protocolos establecidos y garantizados para evitar la infiltración del crimen en las elecciones, ha politizado el tema.
Líderes de partidos y autoridades federales se culpan y se retan mutuamente para que el crimen organizado no participe en las elecciones. Lo único cierto es que nadie tiene la capacidad de evitar que esto suceda.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha alertado sobre algunos estados donde se tienen localizados puntos de conflicto por la presencia de cárteles de la droga.
Se trata de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
“Hay algunas entidades donde estamos teniendo problemas de criminalidad organizada y entonces tenemos que desplegar una capacidad de amoldamiento y de establecimiento de protocolos que nos permitan sortear el tema”, reveló Lorenzo Córdova, presidente del INE, en abril pasado.
En estas entidades, algunos partidos han pedido, incluso, que el Ejército patrulle las calles el día de la elección, para evitar que los grupos criminales amedrenten a los votantes.
México está a merced de los grupos delincuenciales que han infiltrado la política nacional.
Tamaulipas el foco más rojo
Era un día cualquiera de campaña. Rodolfo Torre Cantú se dirigía por la mañana al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a Matamoros y continuar con sus cierres regionales. Ya no llegó.
Era 28 de junio del 2010 cuando un comando armado acabó con la vida del candidato puntero (PRI-PVEM-Panal) a la gubernatura de Tamaulipas.
Con Torre Cantú, otras seis personas fueron asesinadas. Faltaban solo seis días para las elecciones.
La imagen de su cadáver, que yacía ensangrentado en el acotamiento de la carretera, era el vivo retrato de la crisis de inseguridad que azotaba no solo a Tamaulipas, sino al país entero.
Años después se dijo que el asesinato del candidato había sido por obra de Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, líder del Cártel del Golfo, porque supuestamente Torre Cantú se había negado a proteger inversiones en la industria de la construcción que permitían el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La entidad se vio entonces sumida en una espiral de violencia: enfrentamientos, balaceras, secuestros y asesinatos que han cobrado la vida de cientos de personas, muchas de ellas sepultadas en fosas clandestinas.
Los sobresaltos son cosa de todos los días en la entidad, a la que coloquialmente se le conoce con el nombre de “Mataulipas”.
En este 2016, esa entidad nuevamente acapara las portadas de los periódicos la supuesta participación del crimen organizado en la elección.
En un hecho inédito, tres candidatos del PRI que buscaban llegar a la alcaldía de tres municipios diferentes, fueron expulsados de ese partido por supuestamente estar involucrados con el crimen organizado.
Se trata de Reyes Zúñiga Vázquez, candidato a la alcaldía de Hidalgo; Luis Cesáreo Aldape Lerma, aspirante a la presidencia municipal de Mainero; y Gustavo Estrella Cabrera, al municipio de Villagrán.
Sin embargo, no se trata de un involucramiento directo que haya sido comprobado por autoridades de investigación.
‘Tenemos denuncias’
Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, tomó la determinación de quitar la candidatura y expulsar a estos tres priistas del partido, por haber expresado abiertamente su apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca, candidato del PAN a la gubernatura. Algo que hicieron por dinero o por coerción, según el líder.
“Tenemos denuncias sobre de ellos, que han sido amenazados, chantajeados o comprados por la delincuencia para apoyar al candidato del PAN. Eso es muy grave y nosotros vamos a investigarlos, y lo que resulte de ahí, lo habremos de poner a disposición de las autoridades”, dijo Beltrones el sábado pasado, en Tamaulipas.
“Como partido político, el PRI no quiere que se le aparezca, como al PRD y a López Obrador se le apareció, un Abarca en Iguala”, reiteró el líder tricolor este lunes en entrevista con Grupo Imagen.
Beltrones narró que en Tamaulipas era vox populi que estos tres candidatos habían sido presionados para hacer campaña a favor del abanderado panista a la gubernatura, lo que parecía “totalmente incongruente”.
Así, en ese estado, el líder partidista se reunió con habitantes de esos municipios y con personas cercanas a los candidatos, y pudo determinar que los tres habían sido obligados o comprados para hablar bien de García Cabeza de Vaca.
“Preferimos quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos”, sentenció Beltrones.
El escándalo comenzó en esos municipios cuando, a finales de abril, un grupo de hombres identificados como parte del grupo Columna Armada Pedro José Méndez expuso en mantas su “saludo fraternal” a García Cabeza de Vaca como su candidato a la gubernatura.
“Juntos venceremos”, decía una de las mantas. “A Dios rezando y con la cuarenta y cinco dando”, se leía en otra.
Dicho grupo es identificado como brazo armado del Cártel del Golfo.
Ese mismo día, una de las mantas sostenía que “El PRI de Hidalgo, Villagrán y Mainero apoya incondicionalmente a Cabeza de Vaca”.
Política infiltrada
Han sido múltiples los escándalos en que candidatos se han visto involucrados con el crimen organizado:
Julio César Godoy Toscano
> Diputado federal en 2009. Acusado de nexos con La Familia Michoacana cuando era diputado electo; en 2010 se amparó y tomó protesta, entrando a hurtadillas a San Lázaro. Se le siguió un juicio de desafuero para que enfrentara los cargos en su contra. Hoy está prófugo.
Gregorio ‘Greg’ Sánchez
> En el 2010, cuando competía por la gubernatura de Quintana Roo, fue acusado de tráfico de personas, lavado de dinero y crimen organizado. Estuvo detenido por más de un año. Hoy compite por la alcaldía de Benito Juárez, por el Partido Encuentro Social.
Saúl Solís Solís
> En el 2009, compitió por una diputación federal en Michoacán. Perdió la elección.Fue señalado por la PGR como lugarteniente de Los Templarios. El candidato era primo de Enrique Plancarte, líder de Los Templarios junto con Servando Gómez, “La Tuta”. Fue detenido en el 2011.
Lucero Sánchez
> Diputada local de Sinaloa. Las autoridades la han relacionado con Joaquín Guzmán. La acusan de haber visitado al capo utilizando papeles falsos. Actualmente se le sigue un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados para retirarle la protección constitucional y se le pueda seguir el proceso en su contra. Será este mes cuando se resuelva.
Jesús Reyna
> Secretario de Gobierno de Michoacán y luego gobernador interino, durante el periodo de Fausto Vallejo. Se le acusó en el 2014 de tener nexos con Los Templarios. Actualmente está en prisión.
José Luis Abarca
> Alcalde de Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades lo acusaron de haber ordenado el ataque contra los estudiantes. Actualmente está en prisión.
Dudas sobre candidatos
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas, ha sido relacionado con el crimen organizado.
Desde el 2009, el periodista Salvador García Soto documentó varios de los conflictos de seguridad en los que García Cabeza de Vaca ha estado envuelto.
En 1986 fue detenido por robo de armas por la Policía de McAllen, Texas.
Según el expediente 03645237, él y otros cuatro amigos robaron varias armas de fuego de un centro comercial. Estos cuatro amigos ya fueron asesinados. Según información del periodista, cuando García Cabeza de Vaca fue alcalde de Reynosa, se llevaron a cabo varios eventos en los que participó el Cártel del Golfo.
Uno de ellos fue el festejo del Día del Niño del 2006 en el estadio Adolfo López Mateos, donde se dieron regalos a nombre de Osiel Cárdenas, identificado como líder del cártel, preso en el penal de Almoloya.
Los escándalos alcanzaron también a varios miembros de su familia; algunos fueron ejecutados; otros, detenidos.
En Estados Unidos, su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, ha sido investigada por realizar transferencias de millones de dólares en cuentas bancarias de ese país.
“Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene ni una sola averiguación en su contra y así lo ha acreditado la propia Procuraduría General de la República.
“Su ventaja en las encuestas es contundente, será el próximo gobernador del estado, y eso explica la reacción desesperada del PRI y su presidente de atacarlo personal y reiteradamente”, ha dicho Ricardo Anaya, líder nacional del PAN.
Hinojosa, también
La sospecha también alcanza al candidato priista, Baltazar Hinojosa, quien ha sido señalado por recibir dinero del crimen organizado.
En agosto del 2012, el diario Reforma publicó que se seguía una investigación contra Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas, donde un testigo protegido declaró que el Cártel del Golfo había financiado varias campañas.
Entre ellas, la de la alcaldía de Matamoros, en el 2002, que ganó Hinojosa.
El candidato priista también ha negado las acusaciones en su contra, alegando que se trata de una guerra sucia de sus adversarios.
Nadie asume responsabilidad
A partir de las elecciones del 2009, la revisión a los candidatos ha sido un tema que ha enfrentado a autoridades y partidos políticos.
Ese año, el PRD entregó su lista de candidatos a la PGR para que revisara si alguno de ellos tenía relación con el crimen organizado y evitar así que se colara alguna persona indeseable a cualquier nivel de gobierno, cobijado por el partido del sol azteca.
Aun así, se dejó competir en la elección al michoacano Julio César Godoy Toscano, quien ganó una diputación federal.
Días después de la elección, las autoridades lo señalaron por ser parte del grupo criminal La Familia Michoacana y trabajar bajo las órdenes directas de Servando Gómez.
La verificación que la PGR había realizado de Godoy no había servido de nada. A partir de entonces, en cada proceso electoral se repite la historia.
Por un lado, los líderes de los partidos se han dicho imposibilitados para verificar los antecedentes de sus candidatos y saber si están relacionados de alguna manera al narcotráfico o la delincuencia.
Para la elección del 2015, Carlos Navarrete, entonces presidente del PRD, pidió a la PGR que revisara los antecedentes de sus candidatos y así evitar una infiltración.
Aun así, se permitió que compitiera –y ganara-, Eric Ulises Ramírez como alcalde de Cocula, Guerrero, a quien luego se detuvo por sus presuntos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La PGR respondió que “no se encuentra dentro de sus atribuciones verificar los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular, ni algún otro requisito de elegibilidad que señalan las leyes respectivas”.
Explicó, además, que no podía revelar si hay alguna indagatoria contra una persona que estuviera compitiendo en una elección.
Para 2016, tanto el PAN como el PRD acordaron pedir a la Secretaría de Gobernación que revise los antecedentes de los candidatos.
Sin embargo, fue el PRD quien pidió a la Secretaría de Gobernación y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que revisara a sus candidatos.
La respuesta de Gobernación fue que no dará información a los partidos y que, si encuentra algo irregular, darán aviso a las autoridades.
