La postura final de Andrés Manuel López Obrador respecto a la elección presidencial es clara y tiene un sólo objetivo: anular la elección.

Esto “por la vía legal y pacífica”.

Tras mostrar un nuevo cúmulo de evidencias de la presunta compra de votos, del desvío de recursos públicos y aportaciones del extranjero para favorecer al candidato del PRI-PVEM, el abanderado de la izquierda aseguró que impugnará los resultados de la elección el próximo jueves.

“Hemos actuado de manera responsable, vamos a recurrir a las instancias que permite la ley, en este caso, el tribunal electoral”, advirtió.

En conferencia de prensa aseguró que el Movimiento Progresista aún se encuentra recopilando toda la información de las anomalías detectadas previo y durante la jornada electoral, para precisar cuál es la vía legal que utilizarán.

“Como tenemos prisa queremos ir despacio. Traficaron con la pobreza y lo vamos a demostrar”, dijo en tono mesurado y firme.

Pruebas “irrefutables” vs el IFE

Fuentes consultadas por Reporte Indigo detallaron que el punto medular del juicio que presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se basa en el artículo 41 de la Constitución.

 En su párrafo segundo, el artículo señala que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, autenticas y periódicas con sufragio universal, libre secreto y directo.

 De acuerdo con el grupo cercano a Andrés Manuel López Obrador, ha sido esta ruta la que ha permitido la invalidez de elecciones estatales en los últimos años.

 Para el candidato progresista existen pruebas “irrefutables” que demuestran que el recuento de votos en el Instituto Federal Electoral no limpia la elección y por lo cual tendrán que acudir a los tribunales.

“Hubo introducción de boletas electorales en las urnas de manera ilegal. Le puedo demostrar al presidente del IFE que tengo boletas que se utilizaron para el relleno de urnas”, añadió.

Aunque en el discurso a los medios de comunicación López Obrador dijo que será hasta el jueves a las seis de la tarde cuando asuma una postura oficial, ya dejó clara la ruta post-electoral.

Entre los argumentos jurídicos del bloque de izquierda, incluirán números de cuenta de movimientos atípicos en entidades gobernadas por el PRI, en los días previos a la jornada electoral.

De acuerdo con las acusaciones, las irregularidades relacionadas con la compra de votos se acentuó en al menos cinco estados: Veracruz, Chiapas, Estado de México, Zacatecas y Nayarit.

En la conferencia de prensa, reveló que Zacatecas es sólo un ejemplo, ya que ahí el PRI entregó tarjetas telefónicas, materiales para la construcción y hasta condonaron la tenencia vehicular a cambio del voto. 

Bajo ese supuesto estimó que se compraron más de cinco millones de votos. Con ese margen se podría revertirse el resultado de la elección presidencial que tuvo una diferencia de tres millones de sufragios.

Ahí estuvo acompañado de su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, quien dio números de cuentas de mandos medios de Zacatecas, que previo al domingo 1 de julio, tuvieron a su disposición recursos por encima de sus salarios normales.

“Con números de cuentas y talones de cheques, el gobernador Miguel Alonso Reyes, designó para esta operación de compra a cuatro altos funcionarios, quienes a su vez armaron equipo con otros servidores de segundo nivel, los cuales abrieron cuentas y recibieron altas cantidades de dinero”.

Luego agregó que entre los involucrados también está el Oficial Mayor, el procurador y el secretario de Planeación y Desarrollo estatal.

“El suboficial mayor Víctor Manuel Rentería, con un sueldo de 22 mil pesos mensuales, en tres meses aperturó y manejó 10 cuentas bancarias con recursos estatales” añadió Monreal.

Para los progresistas, el dinero detectado en cuentas de funcionarios públicos se utilizó para el pago de operadores políticos. Mientras que otra de las afirmaciones indica que tienen detectadas dos cuentas en las que se depositaron recursos del extranjero para la campaña del PRI.

“Otro ejemplo es el del 29 de junio, donde dos días antes de la elección, cinco funcionarios de Zacatecas recibieron pagos en efectivo de entre 600 mil y 100 mil pesos”.

Por último Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a los militantes de Acción Nacional en la recopilación de pruebas para anular la elección presidencial: “todo lo que se haga para limpiar la elección es válida”.

Investigación exhaustiva

En el Instituto Federal Electoral (IFE) la postura en torno a la compra de votos también es clara. El IFE no tiene facultades para anular una elección, eso es tarea del TEPJF.

De acuerdo con el consejero Lorenzo Córdova, la investigación en torno a estos dos casos no es expedita si no exhaustiva y para eso se requiere de tiempo. “No sabemos cuanto pueda llevarse pero se actuará de manera contundente”.

En entrevista con Reporte Indigo, detalla que en caso de que se acreditara una compra de votos, la repercusión es de índole penal y si está relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña procede una sanción económica.

Según el artículo 354, en casos graves, el partido señalado de cometer irregularidades, puede hacerse acreedor a una multa e incluso, la cancelación del registro como instituto político si se comprueban las acusaciones.

Detalló que los estados de cuenta presentados por el Movimiento Progresista son indicios y no pruebas fehacientes, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá que pedir informes detallados para analizar los movimientos.