Yum Balam que en maya significa “Señor Jaguar”, debe su nombre a que en esta zona ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, al noreste de Quintana Roo, habitaba un gran número de esos felinos adorados otrora por los “Guardianes del Tiempo”.

Hoy, los habitantes de esta reserva ecológica en la isla de Holbox, una de las regiones más pobres del Estado, enfrentan un calvario de más de 13 años de litigios en tribunales agrarios y amparos que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.

La causa: despojo y fraude contra más de 65 de los 116 ejidatarios y propietarios de las tierras de esta isla, santuario del tiburón ballena y donde existe una enorme biodiversidad de manglares, fauna y flora silvestre.

Con artilugios de que mejoraría la calidad de vida de los lugareños y habría trabajo para todos con un desarrollo turístico de altura, el empresario yucateco Fernando Ponce García envolvió a los ejidatarios. Esta reserva ecológica protegida, tierra de pescadores tiburoneros desde 1884, fue declarada ejido por el presidente Lazaro Cárdenas.

Desde 1995, Fernando Ponce, concesionario de Coca-Cola en el sureste del país, comenzó -a través de sus propios agentes de ventas- a convencer a los ejidatarios para desarrollar el turismo en la isla.

¿Mejor calidad de vida?

El empresario comenzó, con todo interés, a cambiar las lanchas de los pescadores, los motores. Incluso les regaló televisiones. Algo que no había en la isla.

Junto con su yerno Ermilo Castilla Roche constituyó con los ejidatarios el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, el 17 de enero de 2006. Como fiduciario participó el banco JPMorgan, Sociedad Anónima.

“Nos engatuzó y despojó de una extensa parte de terreno que era área natural protegida y llega hasta Cabo Catoche”, denuncia a Reporte Indigo Nivardo Mena, presidente del Comisariado Ejidal de Holbox.

El también concesionario de Volkswagen, Porsche, International Cummings, Toyota y otras trasnacionales en la region los convenció de que vendieran sus tierras mediante un contrato de prestación de servicios.

Modificó los planos del ejido y creó una sociedad mercantil “para beneficio de los ejidatarios”, quienes comenzaron a aparcelar la isla.

Incluso les ofreció hacer las mediciones a cambio de que le cedieran cinco kilómetros lineales de plaza, un procedimiento que hace gratuitamente el gobierno.

El contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Manuel Correa Mena, y ahí convencieron a los ejidatarios para que aportaran al fideicomiso sus parcelas de 4.5 hectáreas, cada una, y ofrecerlas al mejor postor.

Para su sorpresa, JP Morgan ya tenía comprador para todas las tierras.

Se trataba del propio Ponce García, quien lo hizo a través de la empresa Península Maya Development S.A. de C.V, en contubernio con Península Maya Group, propiedad de su yerno en ese momento.

Fue así que el primero de octubre de 2008, Fernando Ponce y Ermilo Castilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hectáreas.

El dinero cubriría las parcelas de 4.5 hectáreas, con 100 metros de playa y 400 metros de fondo.

Pero el valor catastral real de cada uno de esos 116 lotes es de 99 millones de pesos, lo que significa que solo recibieron el cinco por ciento de su valor.

A finales de ese mismo año se realizó una Asamblea General de Ejidatarios para acordar la separación de los 65 que vendieron y que la cesión de derechos sobre el uso común de tierras se hiciera a favor de Germán Ahumada Alduncín, propietario de Casas ARA y padre de Germán Ahumada Russek.

El 30 de junio de 2009, nueve ejidatarios demandaron la nulidad de la aportación que hicieron al fideicomiso de Ponce García, el juicio agrario 250/2010 se radicó en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 con sede en Chetumal.

Pero el tres de junio del año siguiente, el comisariado ejidal presentó demanda de nulidad de la asamblea de enajenación de bienes y de la asamblea del 28 de diciembre de 2008, en la que se separó del ejido a 65 ejidatarios.

La demanda se radicó en el juicio agrario 312/2010 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 de Chetumal, y el magistrado Benjamín Arellano Navarro, del mismo tribunal, falló el 14 de julio de 2010 a favor de los nueve ejidatarios.

En menos de dos meses, recuerda Mena Villanueva, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, removió a Arellano Navarro y nombró a Georg Rubén Silesky Mata, quien actúa en favor de los intereses de Ponce García.

Martínez Guerrero, advierte, es consuegro de Roberto Hernández, ex accionista de Banamex y quien adquirió la mayoría de las haciendas henequeneras en Yucatán.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo sino al robo y al despojo que han hecho de nuestras tierras, creíamos tener el apoyo del ex gobernador del Estado, Félix González Canto, pero él está coludido con Ponce García”, denuncia el ejidatario.

Todo lo hicieron “por debajo del agua” porque el Registro Agrario Nacional nunca les advirtió nada.

Tan es así, dice, que al momento de la venta la entonces delegada del RAN, la ex alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, “calificó de inmediato la operación como fraudulenta.

“Vimos hace poco al gobernador del Estado Roberto Borge y le dijimos lo que estaba pasando y los años que llevamos peleando nuestras tierras, pero como ‘Pilatos’, se lavó las manos”.

Buscaron el aval del gobierno

Para lograr el objetivo final, Ponce García buscó el respaldo institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semernat).