El episodio de terror suscitado la semana pasada en Colorado, Estados Unidos, podría conseguir lo que 60 mil muertes en México no han logrado.

Se trata de la reapertura del debate sobre la venta y portación de armas en Estados Unidos.

Y más aún, se discute la posibilidad de reinsertar una ley que prohíba la venta de fusiles de asalto, la cual expiró en 2004.

La finalidad es reducir el riesgo de que se repitan episodios como éste y frenar el tráfico de armamento militar hacia México.

Porque 90 por ciento de las armas confiscadas en México provienen de Estados Unidos.
Rifles de asalto de diversos calibres, pistolas de todo tipo y granadas son introducidas a México de manera ilegal y compradas por los cárteles del narcotráfico para combatir a sus rivales y a las autoridades.

Incluso han sido confiscados granadas de fragmentación, lanzagranadas (RPG), fusiles Barrett calibre .50 mm capaces de atravesar cualquier blindaje y artillería antiaérea.

Armas como éstas –AR-15, dos pistolas Glock .40 mm y una escopeta– fueron las que usó el joven de 24 años James Holmes para asesinar a 12 personas en una sala de cine en Aurora, Colorado, mientras veían la película “Batman: The Dark Knight Rises”.

Con estas armas en manos del crimen organizado, fueron asesinados más de 915 policías municipales, 698 policías estatales y más de 463 agentes federales en México. Y todo en solo tres años.

Por ello, con los presupuestos públicos más altos de la historia de México, el gobierno federal y los estatales se abastecieron de armas. Compraron grandes cargamentos a Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, los policías continuaron siendo intimidados por los cárteles.

Los únicos capaces de igualar la capacidad de fuego de los criminales han sido los solados y los marinos.

En campaña, el presidente Felipe Calderón aseguró que revisaría aspectos estratégicos de la Iniciativa Mérida y que urgiría al gobierno estadounidense a fortalecer las regulaciones de armas.

La repentina designación de Arturo Sarukhan como embajador ante Estados Unidos así lo indicaba.

Se esperaba que el hijo del ex rector de la UNAM ocupara la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la tan afamada Iniciativa Mérida pasó a ser casi una campaña de donativos, no de cooperación.

Se trata de premios de consolación que da Estados Unidos ante la incapacidad de la clase política norteamericana de llegar a un consenso y recuperar lo que ya existía.

La tragedia en Colorado

Aurora es un pequeño condado del estado de Colorado, en el centro de Estados Unidos. Y ahí tuvo lugar una masacre más en la historia de ese país.

Esta vez ocurrió en un cine durante el estreno del éxito taquillero “Batman: The Dark Knight Rises”.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando un individuo disfrazado arrojó dos latas de gas lacrimógeno y empezó a disparar.

Primero con un rifle de asalto AR-15, y después con una pistola marca Glock calibre .40 mm.

El atacante mató a 12 personas e hirió a casi 60. Identificado como James Holmes, de 24 años, el agresor era candidato a un doctorado en neurociencia.

Fue aprehendido en el lugar de los hechos por un equipo SWAT de la policía estatal.

El episodio acaparó la atención pública nacional.

El presidente Barack Obama canceló un mitin en Florida. Aunque sí se presentó en el lugar, afirmó que habría otros días para hacer campaña.

Su contrincante republicano, Mitt Romney, también suspendió sus actividades de campaña.
Así, a lo largo del fin de semana, la tragedia rápidamente se politizó.

No era para menos. Se conmocionó la opinión pública en todo el país. Y la inquietud se expandió a México.

El debate sobre armas

El presidente Felipe Calderón insistió en el tema del acceso a las armas. Dijo que lo sucedido representaba una oportunidad para que el Congreso de Estados Unidos revisara “su equivocada legislación, pues nos daña a todos”.

Al darse a conocer el tipo de armas que utilizó el agresor, además de lo que tenía en su automóvil y su domicilio: un artefacto explosivo improvisado (IED), armas y al menos 6 mil municiones, resurgió la gran problemática de las armas.

La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que todos lo ciudadanos tienen derecho a poseer un arma de fuego.

Sin embargo, con el tiempo, los ciudadanos no se conformaron con tener pistolas y rifles de cacería, y empezaron a comprar libremente rifles de asalto como los que utiliza el Ejército.

Por ello, el Congreso aprobó en 1994 una ley que prohibía la venta de fusiles de asalto en todo el territorio estadounidense. Pero esa ley expiró en 2004 y no ha sido renovada.

Durante su campaña en 2008, el presidente Barack Obama prometió reinstaurarla.

Sin embargo, pese a la presión ejercida por grupos que están a favor de la regulación de armas en su país y por el gobierno mexicano, esto no ha sucedido.

Quizá no sea falta de voluntad, pero dado que la industria armamentista estadounidense es la más grande del mundo, hace valer su enorme poder político.

Y también está la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), dirigida por el ultraconservador Wayne LaPierre, organización no gubernamental especializada en cabildear a favor de la posesión de armas en Estados Unidos.

Esta organización cuenta con el poder político y mediático necesario para hacer perder a cualquier político que esté a favor de la regulación de armas.

El presidente Obama ganó las elecciones en 2008 sin su apoyo.

Sin embargo, otros menos afortunados, como el ex vicepresidente demócrata Al Gore, no corrieron con la misma suerte.