Duarte acepta ser extraditado a México

Un sonriente exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acudió a la Torre de Tribunales de Guatemala este martes, donde ha aceptado su extradición para ser procesado por los delitos que se le imputan en México. 

“Acepto allanarme, en términos coloquiales, acepto la extradición”, fueron las palabras del exfuncionario frente a un grupo de jueces de Guatemala. 

El exgobernador fue capturado con fines de extradición el 15 de abril, luego de seis meses de estar prófugo por delitos cometidos durante su gobierno en Veracruz entre 2010 y 2016. El 19 de abril, Duarte acudió por primera vez ante los tribunales guatemaltecos, y rechazó la opción de ser extraditado a México.

En su primera comparecencia, Duarte dijo que podría aceptar la extradición cuando las autoridades mexicanas realizaran una solicitud formal, la cual fue presentada el pasado 7 de junio ante los aparatos judiciales de Guatemala.

El exgobernador calificó de “irrisorias” algunas de las acusaciones en su contra, como el desvío de más de 200 millones de pesos que fueron extraídos de las arcas públicas. Argmentó que en ambos movimientos estuvieron relacionadas cuentas pertenecientes al gobierno veracruzano; y responsabilizó a los titulares de las secretarías por ese señalamiento.

¿De qué se le acusa?

La PGR, en octubre de 2016, acusó al exgobernador por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, por utilizar un helicóptero oficial del gobierno de Veracruz para escapar e incumplimiento del deber legal, entre otros.

El Órgano de Fiscalización de Veracruz acusó al gobierno duartista de desviar más de 940 millones de pesos mediante las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Protección Civil. Por otra parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), aseguró que realizaba indagatorias por entregar mil 300 millones de pesos por pago de servicios y productos a empresas fantasma.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puntualizado que la administración de Duarte aplicó de forma errónea 35 mil millones de pesos, los cuales fueron pagados en exceso o simplemente desaparecidos.