Barriles sin fondo
Casi la mitad de las universidades públicas en México operan con números rojos.
No hay dinero que les alcance. Se han convertido en “barriles sin fondo” de los recursos públicos federales.
Prueba de ello es que al menos 15 de las 34 universidades públicas estatales que operan en el país reciben fondos extraordinarios para el “saneamiento financiero” que les permita seguir en operación.
J. Jesús Lemus538,745
Las irregularidades fueron dictaminadas dentro de 20 observaciones administrativas
Entre las instituciones con más irregularidades en sus manejos financieros, está la Universidad Michoacana
México no ha pasado de ocupar el penúltimo lugar de cobertura académica de los países miembros de la OCDE
No solo la opacidad económica levanta sospechas de corrupción al interior de las universidades públicas del país
La SEP aprobó mil 895 de los 2 mil 100 proyectos educativos de las Instituciones de Educación Superior
Casi la mitad de las universidades públicas en México operan con números rojos.
No hay dinero que les alcance. Se han convertido en “barriles sin fondo” de los recursos públicos federales.
Prueba de ello es que al menos 15 de las 34 universidades públicas estatales que operan en el país reciben fondos extraordinarios para el “saneamiento financiero” que les permita seguir en operación.
De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), solo en el 2015, la federación aportó recursos adicionales por más de 2 mil 146 millones de pesos, para solventar deficiencias presupuestarias de las universidades estatales de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guerrero, Hidalgo, Guadalajara, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
Esa cantidad es casi similar al presupuesto regular otorgado por el Gobierno Federal, que en el 2014 fue de 2 mil 236 millones 853 mil 200 pesos para las 34 Universidades Públicas Estatales, 9 Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, 3 Universidades Interculturales, 18 Universidades Politécnicas y 62 Universidades Tecnológicas.
Para las universidades rescatadas financieramente -no fue suficiente el monto inicial asignado que osciló entre los 2 mil 650 millones y los 5 mil 900 millones de pesos- la mayoría de esos fondos salieron de los propios gobiernos estatales y se destinaron íntegramente al pago de nóminas, contratación de servicios o ejecución de obras que no se clarificaron en los informes entregados a la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
La opacidad con la que se manejan las instituciones públicas de educación superior en nuestro país, también salta a la vista en el informe de revisión de la cuenta pública del 2014, elaborado por la ASF, en donde se hacen serios señalamientos de malos manejos financieros a las principales universidades.
Pero no solo es la opacidad en el manejo de los fondos económicos asignados lo que levanta las sospechas de corrupción al interior de la mayoría de las universidades públicas del país.
Falta transparencia
De acuerdo a la ASF, tras la revisión de la cuenta de gastos del 2014, la mayoría de las universidades públicas que recibieron de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los subsidios económicos para que se conservara la acreditación de sus programas educativos de calidad, fueron sancionadas con observaciones.
La totalidad de esas observaciones tiene que ver con la falta de transparencia en el manejo de los fondos federales.
Si bien es cierto que la mayoría de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador en torno a la falta de claridad en el manejo del dinero federal fueron subsanadas al momento de las auditorias, al término de la revisión de los recursos económicos se hicieron seis observaciones graves que generaron igual número de “recomendaciones al desempeño”.
Con los fondos otorgados por la federación, en el 2014 las universidades públicas del país estuvieron en condiciones de incluir a 991 mil 891 alumnos en 2 mil 433 programas educativos acreditados como de calidad, alumnos que en su mayoría no cumplieron con el tiempo oficial de clases marcado en el calendario oficial de actividades de la SEP, a causa de los paros laborales en casi la mitad de las universidades públicas.
Con presupuestos “parchados”, recortes en los planes de estudio, amagos constantes de huelgas y paros laborales por los sindicatos universitarios, durante el 2014, según reporta la ASF, la SEP aprobó mil 895 de los 2 mil 100 proyectos educativos presentados por las Instituciones de Educación Superior para formar nuevos profesionistas.
Más escuelas, más opacidad
La alta demanda de alumnos que aspiran ingresar a las universidades públicas ha llevado a la federación a invertir más en la infraestructura de servicios educativos, lo que ha desencadenado una mayor opacidad en el manejo de los recursos aportados.
En 1995 en todo México se contabilizaban 2 mil 700 escuelas universitarias, infraestructura que creció en 49.5 por ciento para el 2000, cuando el censo de la Secretaría de Educación Pública ubicó un total de 4 mil 100 escuelas de formación superior, pero los montos de inversión destinadas a cada universidad nunca fueron claramente especificados en su ejecución.
A pesar de los montos invertidos en infraestructura de las universidades públicas, México no ha pasado de ocupar el penúltimo lugar de cobertura académica de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), dando cabida hasta el 2014 por cada ciclo escolar a solo 831 mil 500 alumnos del millón 436 mil 100 que demandaron un espacio en la universidades públicas.
Para mejorar los espacios de clases, en el 2014 el gobierno federal hizo una aportación de mil 010 millones 819 mil 700 pesos, con lo que se mejoraron espacios educativos en 57 universidades, pero solo en 12 universidades se aplicaron de manera correcta y total los fondos otorgados. En 45 universidades, entre ellas la de Michoacán, Veracruz, Morelos y Zacatecas, no hubo explicación correcta de los recursos.
La misma ASF, en su informe de la cuenta pública del 2014, reconoce que “desconoce la dimensión del problema público, que se pretende atender con los subsidios del programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior”, en donde 35 universidades ni siquiera concluyeron sus proyectos de obras.
Pero la falta de claridad en los proyectos de mejoras a la infraestructura de las universidades no solo es atribuible a las rectorías de esas escuelas públicas, sino también a la SEP.
El riesgo sigue
La ASF en su informe revela que la propia Secretaria de Educación Pública “no acreditó haber realizado el seguimiento de las acciones de infraestructura y equipamiento realizadas con los subsidios”.
La ASF reconoce que de continuar la discrecionalidad de la inversión en obras que no se concluyen y que no se aplican en sus fondos invertidos “persiste el riesgo de seguir erogando recursos de forma inercial, sin una visión clara del avance en la cobertura de alumnos de ese nivel educativo”.
Por la falta de claridad en el manejo de recursos del 2014 para mejorar las escuelas universitarias, la ASF emitió siete observaciones que dieron por resultado siete “Recomendaciones al Desempeño”, las que a la fecha no se han subsanado.
Entre las universidades que mayor cantidad de irregularidades registran en sus manejos financieros, se encuentra la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde las cuentas no encajan plenamente con los fondos federales transferidos para el programa Fondos para Elevar la calidad de la Educación de Calidad.
Recursos sin aclarar
La rectoría de la UMSNH no ha podido aclarar el ejercicio y la aplicación de 33 millones 746 mil 214 pesos con 52 centavos, los que fueron entregados en el 2014 para la ejecución de programas de calidad educativa, de acuerdo a la solicitud de aclaración 4-4-99016-02-0628-03-001 que entregó el órgano fiscalizados a la rectoría del plantel.
A la Universidad de Morelos la ASF le ha fincado responsabilidades.
Le encontró un desfalco por 77 millones 847 mil 014 pesos con 40 centavos, los que se destinaron al pago de una encuesta de opinión que nunca se hizo sobre los programas sociales a la población en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz, según el pliego de observaciones marcado con el número 14-4-99025-12-0209-06-002.
En esa misma institución educativa se presume un daño al erario por la cantidad de 22 millones 944 mil 101 pesos con 20 centavos, los que nunca se ejercieron dentro del “Plan de Servicios de Desarrollo, para la Operación con del Sistema de Control de Gestión con Interoperabilidad y Uso de Firma electrónica Avanzada”, del que solo el rector supo de qué se trataba, según la observación 14-4-99025-12-0209-06-003.
El quebranto financiero
En la Universidad de Colima no solo se han desviado los recursos destinados a los programas para el fortalecimiento a la calidad de la educación; el colmo la corrupción ha tocado a las puertas al desvanecerse los fondos federales entregados para el saneamiento de la finanzas internas de esa casa de estudios.
De acuerdo a la solicitud de aclaración de la ASF, allí existe un quebranto a las finanzas por la cantidad de 21 millones 355 mil 241 pesos con 30 centavos.
Eso fondos fueron utilizados en cualquier área, menos en el saneamiento de las finanzas, sin presentar evidencia de modificación del convenio con la federación para su uso distinto.
Del fondo para Elevar la Calidad de la Educación se utilizaron 538 mil 745 pesos con 74 centavos para la compra de 55 pantallas Led marca LG de 32 pulgadas y 16 computadoras de escritorio marca DELL, las que tenían por objeto la sustitución de equipo deteriorado u obsoleto, y para el apoyo del involucramiento de estudiantes en acciones de cooperación y la formación de valores.
La Universidad de Guanajuato ha sido emplazada por la Auditoría Superior de la Federación para que aclare la aplicación de un monto por 5 millones 199 mil 459 pesos, derivado del fondo de apoyo para el saneamiento de sus finanzas, el que se ejecutó en el pago de gastos corrientes y pago de nómina a personal que no está identificado como asalariado de esa institución.
Del fondo para Elevar la Calidad Educativa, la rectoría de esa institución dispuso de 11 millones 211 mil 090 pesos con 84 centavos, los que se transfirieron a una cuenta bancaria pagadora donde se identificaron pagos a diversos proveedores que no justificaron los requisitos establecidos, según la solicitud de aclaración número 14-4-99011-02-0625-03-001.
Veracruz, emplazada
La rectoría de la Universidad de Veracruz ha sido emplazada por la ASF, en base a la solicitud de aclaración 14-4-99009-02-0544-03-001, para que compruebe y justifique el manejo de 10 millones 295 mil 762 pesos que fueron tomados del fondo del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, y que no se conoce su aplicación.
En ese renglón, la Universidad Veracruzana adeuda 139 millones 548 mil 331 pesos con 70 centavos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según constan en la solicitud de Aclaración marcada con el número 14-4-99009-02-1098-03-002.
El Poli por las mismas
Otra de las instituciones de educación pública superior que ha quedado a deber en cuanto a la transparencia de los fondos federales aportados, es el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde el mayor número de observaciones se derivan en los renglones de pago al personal de jardinería, así como en las áreas de servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.
Allí se encontró que no se descontaron inasistencias del personal de limpieza y jardinería por un monto de 159 mil 200 pesos, ni hubo descuentos por inasistencia al personal por la cantidad de 22 mil 800 pesos. Igualmente se encontró una compra innecesaria de dos Kit de sistema de iluminación sustentable externa, con módulos fotovoltaicos por 10 millones 710 mil pesos, los que no fueron requeridos por la institución.
Pero lo más grave fueron las omisiones en la licitación para adquisición de 6 mil 866 bienes por un monto de 171 millones 393 mil 500 pesos, los que fueron contratados directamente al programa Superissste, cuyos funcionarios no entregaron al IPN 132 los bienes comprados, por un total de 13 millones 489 mil 400 pesos.
Esas irregularidades fueron dictaminadas dentro de 20 observaciones administrativas, de las que derivaron 18 recomendaciones 18 Recomendaciones, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones.
En el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional también se detectaron irregularidades. En base a la auditoria se encontró que los ingresos no corresponden a los estados financieros existentes en cuentas.
La auditora financiera reveló que ese centro de investigación hizo cobros por 537 millones 974 mil 200 pesos, por servicios y tecnología vendida, pero en la cuenta de la institución solo existen ingresos por 526 millones 531 mil 600 pesos, resultando un quebranto por el orden de los 11 millones 442 mil 600 pesos.
La ASF encontró que esa institución maneja cuentas bancarias que no están vinculadas con los conceptos de los servicios y actividades que otorga, de conformidad con los autorizados en su Reglamento para la administración de ingresos propios, lo que impide verificar el registro adecuado de dichos ingresos, los que no se sabe a dónde fueron a parar.
