Tensión en Baja California

La liberación de la planta La Rosita de Pemex en Baja California que estaba provocando escasez de combustibles en la entidad, bajó un poco la tensión en el estado, aunque ahora se enfrenta a la controversia sobre la Ley de Agua Potable.

Esta polémica Ley que se aprobó a finales de 2016 en el Congreso local ha ocasionado un amplio rechazo entre la población, así como entre la clase empresarial y las organizaciones que ya están promoviendo un referéndum para su revocación.

“Estamos en contra de la forma en que la ley fue presentada y aprobada, nos sorprendió que fuera tan expedita, por lo que estamos solicitando una revocación o modificación, debido a que no fue consensuada”
Marco Antonio Coronado ValenzuelaPresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada
“Nuestro proceso es ese, por la vía jurídica, por la vía pacífica echar abajo esta ley que desde nuestro punto de vista es privatizadora aunque no lo diga como tal”
Marisol PérezAbogada
El rechazo a esta legislación obedece al aumento a las tarifas del agua y a la apertura al sector privado para que puedan entrar total o parcialmente en la prestación de servicios de agua potable 

La liberación de la planta La Rosita de Pemex en Baja California que estaba provocando escasez de combustibles en la entidad, bajó un poco la tensión en el estado, aunque ahora se enfrenta a la controversia sobre la Ley de Agua Potable.

Esta polémica Ley que se aprobó a finales de 2016 en el Congreso local ha ocasionado un amplio rechazo entre la población, así como entre la clase empresarial y las organizaciones que ya están promoviendo un referéndum para su revocación.

El unánime rechazo a esta legislación obedece no solo a un aumento a las tarifas del agua, sino a la apertura al sector privado para que puedan entrar total o parcialmente en la prestación de servicios de agua potable, tales como administración, operación y mantenimiento.

Al descontento social surgido a principios de año tras el gasolinazo, se suma este nuevo factor de protesta y movilización, que está unificando a los diversos actores de la entidad para intentar la revocación de dicha Ley, que afirman abre la puerta a la privatización del agua.

La madrugada del día de ayer, elementos de la Policía federal, ministeriales y municipales, lograron llegar a un acuerdo de forma pacífica con los manifestantes que mantenían un plantón en la terminal de abastecimiento de Pemex La Rosita.

El bloqueo se mantuvo desde el pasado sábado y ocasionó un desabasto crítico de gasolina y diesel en varios puntos de la entidad, principalmente en Mexicali, y tras la liberación comenzaron a salir las primeras pipas de combustible para tratar de normalizar el abasto de combustibles.

Sin embargo, a pesar de la liberación de esta terminal, se esperan todavía en los próximos días diversas manifestaciones en contra del alza al precio de los combustibles, así como en contra del rechazo por la polémica Ley de Agua, lo que aumentará la tensión social en toda la entidad.

Van por referéndum

Organizaciones ciudadanas de Baja California han emprendido una lucha por la vía legal para poder echar abajo la Ley de Agua en la entidad.

Diversos colectivos se han sumado al esfuerzo para recolectar firmas ciudadanas para solicitar un referéndum abrogatorio ante el Instituto Estatal Electoral.

Las organizaciones tendrían que recolectar una cifra de entre 12 mil y 13 mil firmas para cumplir el requisito, y tienen como fecha límite el próximo 9 de febrero.

La abogada Marisol Pérez, una de las promotoras del referéndum y quien está asesorando jurídicamente al movimiento, señala que sería la primera vez que la ciudadanía asumiría la responsabilidad de salir a votar una ley.

“Estamos pidiendo a la ciudadanía que asuma su responsabilidad y que cada uno ponga una mesa de firmas en su casa para completar los porcentajes que nos pide el instituto”.

En entrevista, Pérez calificó la Ley como privatizadora, y se muestra confiada en que las prácticas recurrentes de la clase política en contra de los intereses ciudadanos pueda terminar si el referéndum es exitoso.

“Creemos que la ciudadanía debe empoderarse y asumir que tenemos una responsabilidad histórica porque finalmente el agua es un derecho humano, no puede ser mercantilizada”.

La abogada deja en claro que la lucha por la vía legal debe separarse de las protestas o manifestaciones que se han dado en las calles, pues cree que la vía jurídica es la mejor alternativa para derogar esta ley.

“Nuestro proceso es ese, por la vía jurídica, por la vía pacífica echar abajo esta ley que desde nuestro punto de vista es privatizadora aunque no lo diga como tal”.

Omar García, otro de los promotores del referéndum, asegura que lo que se pretende con esta ley es la de concesionar el servicio público del agua y entregar la infraestructura existente a empresas privadas, por lo que insiste en la necesidad de la participación ciudadana.

“Si nos dejamos los ciudadanos y no nos organizamos no vamos a poder enseñarle a los diputados que ya la ciudadanía está cansada y ya no podemos tolerar más sus malas decisiones.

Los ciudadanos necesitamos organizarnos para que no sigan haciendo con nuestros derechos lo que se les antoje”, concluye.

Empresarios piden revocación

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada también se manifestó en contra de la Ley de Agua en la entidad y pidió al Congreso Local su revocación.

El presidente del organismo, Marco Antonio Coronado Valenzuela, señaló que el rechazo obedece a que no se pidió la opinión de la iniciativa privada para la redacción de dicha Ley.

“Estamos en contra de la forma en que la ley fue presentada y aprobada, nos sorprendió que fuera tan expedita, por lo que estamos solicitando una revocación o modificación, debido a que no fue consensuada”, señaló Coronado en conferencia de prensa.

Asimismo, el dirigente indicó que se instalarán centros para la recepción de firmas con el fin de solicitar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se realice un referéndum en torno a la ley.

De igual forma, aseguró que buscará a los coordinadores de las diferentes bancadas en el Congreso local para solicitarles que presenten una controversia constitucional para la revocación de la polémica ley.