Juzgado niega al Municipio cerrar caso del Foliatti
El Municipio de Monterrey presentó una queja contra el Juzgado de Distrito que suspendió la clausura impuesta al casino Foliatti, acusado de falsificar un permiso de uso de suelo.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), encabezada por Brenda Sánchez Castro, interpuso el recurso el pasado 23 de abril dentro del juicio de amparo promovido por el permisionario del establecimiento, la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. (Comenchi).
Javier EstradaNo es la primera vez que el Ayuntamiento de Monterrey está en desacuerdo con las decisiones de ese juez de Distrito.
El Municipio de Monterrey presentó una queja contra el Juzgado de Distrito que suspendió la clausura impuesta al casino Foliatti, acusado de falsificar un permiso de uso de suelo.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), encabezada por Brenda Sánchez Castro, interpuso el recurso el pasado 23 de abril dentro del juicio de amparo promovido por el permisionario del establecimiento, la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. (Comenchi).
Luego de la clausura provisional impuesta al Foliatti a finales de febrero, la autoridad abrió un procedimiento para cerrar en definitiva el casino.
Así que el Ayuntamiento regio pidió archivar el asunto y darlo por concluido al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de Javier Rubén Lozano Martínez.
Sin embargo, el funcionario federal no cerró el caso y consideró que se debía comunicar a Comenchi del procedimiento municipal.
Esto motivó al Ayuntamiento a interponer la queja número 37/2013, que fue turnada el 2 de mayo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa en el Estado.
Mientras se resuleve este nuevo recurso se suspendió temporalmente la resolución del fondo del amparo.
“Ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja interpuesta, y se suspende este procedimiento constitucional hasta en tanto se resuelva el medio de defensa interpuesto”, se lee en el acuerdo del Juzgado.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Monterrey está en desacuerdo con las decisiones de ese juez de Distrito.
En un afán de revertir la clausura impuesta por el Municipio, Comenchi promovió el juicio de amparo 401/2013, y obtuvo de Lozano Martínez una suspensión provisional.
El juzgador ordenó a la autoridad municipal a retirar los sellos de clausura, pero Protección Civil del Estado volvió a cerrar el casino porque incumplía con las medidas de seguridad.
Más adelante, el Ayuntamiento regio denunció penalmente a la operadora porque presentó en el juicio de garantías un permiso falso para que el Foliatti operara en la Pulga Mitras.
El polémico centro de apuestas fue uno de los 10 establecimientos que fueron clausurados el 27 de febrero de este año, luego de que auditorías detectaron que no contaban con licencia de uso del suelo para casas de apuestas.
En el operativo sorpresa, efectuado por inspectores de la SEDUE, y apoyado por elementos de Fuerza Civil del Estado y la Secretaría de la Marina, también fueron cerrados los locales del Yak y el Caliente, así como el Crystal Palace en Revolución, el Casino 909 en Constitución, y el Miravalle Palace, entre otros.
Comenchi tiene un cuestionado historial, porque desde su creación ha sido señalada por falsificación.
Su presunta autorización apareció de la nada, es decir, no está en el archivo de Secretaría de Gobernación.
La PGR la acusó porque la dependencia federal, encargada de expedir los permisos, no reconoció el documento que tiene para operar unos 60 casinos en el país.
Gobernación denunció que era apócrifo, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Puebla resolvió en agosto de 2012 que es válido.
Por tal motivo se vio obligada a admitir que Comenchi obtuvo el supuesto permiso número GAJS/SCEVJ/P-08/2005, que le permite operar los centros de apuestas.
Luego, el Municipio de Monterrey la denunció penalmente por falsificación cuando presentó en su más reciente amparo un documento con la firma del exsecretario de la SEDUE, José de Jesús Garza Gallardo, quien nunca reconoció la rúbrica.
Este permiso tiene una supuesta vigencia de 25 años y su validez es hasta noviembre de 2030.
El permisionario renta su autorización, presuntamente apócrifa, a diversos establecimientos en el país.
En Nuevo León abrió siete casinos, distribuidos entre Monterrey, Allende, Montemorelos y Linares.
En esta empresa aparecen como socios Marco Antonio Ayala Anzaldúa y Antonio Ochoa Garza, pero también se le vincula con el extinto abogado y casinero Eliseo Martínez Elizondo, asesinado hace dos semanas.
El controvertido litigante era clave en la operación de los casinos de diversos grupos, hasta que fue encontrado muerto en los límites de San Pedro y Monterrey, el viernes 26 de abril.
