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Investigan nexos de ‘El Zopi’

Para las autoridades, la ejecución del exagente federal José Ernesto García Ramírez podría estar relacionada con los disturbios recientes en el Penal de Cadereyta o con su relación con funcionarios estatales

La Procuraduría del Estado investiga si la ejecución de José Ernesto García Ramírez, alias “El Zopi”, operador cercano al equipo del gobernador Jaime Rodríguez, fue una represalia del narco por la matanza de reos ocurrida en el Penal del Cadereyta o fue motivada por su relación con funcionarios y amigos del mandatario estatal.

El exagente federal, ejecutado la madrugada del domingo en el Bar Watson en el sector San Jerónimo, en Monterrey, estaba relacionado con funcionarios del primer nivel del gobernador Jaime Rodríguez y de su círculo de amigos.

Se trata del empresario Ramón Baca McGuire, quien apenas la semana pasada acompañó a Rodríguez Calderón en su registro en la Ciudad de México como aspirante independiente a la presidencia de México.

García Ramírez también era conocido de Jesús Hernández Martínez, subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Educación y considerado operador cercano a “El Bronco”.

Recientemente, todos ellos estuvieron reunidos en una fiesta de cumpleaños de la esposa de Baca McGuire, en una quinta ubicada por el rumbo de la Presa de La Boca, cuyo propietario era presuntamente García Ramírez.

En la fiesta también estuvo presente el exprocurador Roberto Flores, de acuerdo con fotografías de revistas de sociales que cubrieron el evento.

La Procuraduría del Estado establece el probable vínculo de “El Zopi” con el grupo delictivo que controla la plaza del municipio de San Pedro, conocido como “La Oficina”, responsable del cobro de piso y venta de droga en los antros sampetrinos.

Una fuente de la Procuraduría reveló que las primeras investigaciones giran sobre el presunto nexo de “El Zopi” con Baca McGuire.

Otra línea va en el sentido de que la ejecución está relacionada con la narcomanta que se colgó la noche del sábado en Juárez, donde presuntamente un cártel amenazaba con represalias a funcionarios del gobierno de “El Bronco” por la matanza de la semana pasada en el Penal de Cadereyta.

Con sello fatal

El círculo de amistades de Ramón Baca McGuire, amigo personal del gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, ha sufrido bajas ligadas a la delincuencia organizada.

Se trata de Carlos Arturo Valle Novelo, coordinador de Análisis de la AEI; Javier Alejandro Rodríguez, escolta de Valle Novelo; el abogado Benito Villarreal, todos ellos ejecutados en San Pedro, y ahora José Ernesto García Ramírez, alias “El Zopi”.

Ejecuciones de alto impacto, que aún permanecen en la impunidad, y todo apunta a que el reciente crimen del “El Zopi” va por el mismo camino.

Fuentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) confirman que todos tendrían un nexo con Baca McGuire, y que habría “línea” de no averiguar a profundidad.

“Esos homicidios no se resuelven, ni se resolverán… y menos por lo del (bar) Watson”, dijo la fuente.

Cuestionan al alcalde regio

El excandidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano, detalló en su cuenta de Twitter que Filiberto de la Garza es propietario del Bar Watson, lugar donde se ejecutó a José Ernesto García Ramírez, alias “El Zopi”.

Filiberto es hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

“Qué dice el acalde @AdriánDelaGarza del asesinato cometido en el antro ‘Watson’ de su propiedad y de su hermano. ¿En qué anda metido alcalde?”, señala el tweet de Zambrano.

La ejecución de “El Zopi” exhibe que este antro tiene vía libre para cerrar hasta después de las 5:00 horas, a pesar de que la Ley de Alcoholes obliga a los negocios con venta de bebidas alcohólicas a cerrar a las 2:00 horas. El Bar Watson se había convertido en uno de los after con más demanda.

La investigación de la AEI revela que “El Zopi” tendría un nexo con Alexandro González Cantú, exagente ministerial del área de robos y actual titular del Comité de Transparencia de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey.

El informante dijo que Alexandro González Cantú y José Ernesto García Ramírez presuntamente operaban una red para recabar la cuota a los antros y casinos; el primero para permitir violar el horario de venta de bebidas alcohólicas, y el segundo, la Ley de Tabaco para que se pudiera fumar en lugares cerrados.   

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