Autoridad jalisciense ignora a víctimas
Jalisco presenta un rezago muy serio en la implementación de los nuevos mecanismos legales para la atención de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, previstos en una ley que, tras aprobarse en febrero pasado, se paralizó entre las señales de indiferencia del Gobierno estatal.
El 28 de marzo, la entonces presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Olga Noriega Sáenz, dijo:
Luis HerreraEn desapariciones, Jalisco es el segundo estado del país, pues según el Registro nacional persisten 2 mil 113 desaparecidos
Jalisco presenta un rezago muy serio en la implementación de los nuevos mecanismos legales para la atención de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, previstos en una ley que, tras aprobarse en febrero pasado, se paralizó entre las señales de indiferencia del Gobierno estatal.
El 28 de marzo, la entonces presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Olga Noriega Sáenz, dijo:
“Hacemos un llamado puntual a todos los Congresos locales y gobiernos de los estados, para que cuanto antes instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas (…) Tienen como plazo hasta el día 3 de mayo para contar con su Registro Estatal de Víctimas, con su Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y con sus oficinas de Asesoría Jurídica gratuita”, dijo la exfuncionaria federal.
Todo ese andamiaje institucional que le da sentido a la Ley de Atención a Víctimas de Jalisco, debería estar funcionando en el estado desde hace cinco meses, pero nada se ha puesto en marcha, aunque las condiciones de violencia lo demandan de manera inmediata.
Este año por primera vez el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está publicando ya no sólo la cantidad de averiguaciones previas emprendidas, también el número de personas victimizadas en las entidades federativas por los principales delitos.
Jalisco es el sexto estado del país con más víctimas por homicidio (mil 210); y el séptimo si se restringe al homicidio doloso (671); es el segundo a nivel nacional con más víctimas por extorsión (564) y el décimoquinto por secuestros (16), hasta agosto.
El mismo fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, reconocía el 24 de septiembre pasado: “Hay una ola de llamadas de extorsión telefónica a funcionarios, a presidentes municipales y a la ciudadanía en general”.
Los diputados de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano le preguntaron a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), qué adecuaciones presupuestales había realizado para la implementación de la ley de víctimas, como lo marca el artículo cuarto transitorio, y el 6 de octubre respondió:
“Se informa que la Dirección de Presupuesto, durante este año, no ha realizado modificaciones presupuestales de la información que refiere su petición”.
Justo en esos días, su titular, Ricardo Villanueva, se encontraba en España para cumplir los trámites finales de su doctorado.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, inexistente, es fundamental para la instrumentación de la ley, pues soporta toda la nueva arquitectura institucional, y hace las veces de órgano operativo del Sistema Estatal, compuesto por instancias estatales y municipales, que velará por los derechos de los afectados.
Es la que proporcionará la asesoría jurídica a las víctimas y autorizará los pagos compensatorios para la reparación del daño del fondo también aplazado.
A la desidia del Ejecutivo, sin embargo, se suma la del Legislativo, que cuenta desde el 28 de mayo con tres ternas para elegir a los comisionados, sin definirse aún.
Mientras tanto, en Jalisco persisten 2 mil 113 desaparecidos, 384 son mujeres y mil 729 hombres, es el segundo estado con más desapariciones del país, luego de Tamaulipas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).
La emergencia
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y organizaciones como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), son críticas de esta ley local como producto legislativo, pues la consideran muy por debajo de la Ley General de Víctimas.
“Ni siquiera la Comisión está. Con este escenario yo no la creería indispensable, me parece que si ni siquiera se ha mostrado esa cercanía y ese esfuerzo, pues finalmente crear una Comisión sobre esto sería solamente montar una oficina sobre algo que no hay voluntad para que se dé realmente”, señaló Francisco Macías Medina, integrante del Cepad.
Entre los principales cuestionamientos que arrastra la ley local está el que mientras la CEAV se compone enteramente por ciudadanos, sin actores gubernamentales, la de Jalisco, muy por el contrario, se diseñó con una mayoría de funcionarios estatales (cuatro) y una minoría independiente (tres).
“Esta ley tiene que tener eficacia porque la tiene que tener, porque está empujada desde este horror, esta indignación de vivir esta emergencia humanitaria”, señala Macías, por los miles de desaparecidos en el estado, “por las víctimas, en el caso de Jalisco parece que desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo no entendieron esta emergencia y se aprobó una ley parche”.
Y si en la Ley General el Registro Nacional de Víctimas queda en manos de la CEAV, aquí en Jalisco se entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE), en particular a su Fiscalía de Derechos Humanos , la cual ha mostrado deficiencias, advierte Macías.
“Tiene un rango altísimo de opacidad, donde en el caso de los jóvenes que murieron en Lagos de Moreno (los seis cuya desaparición se denunció el 6 de julio de 2013), con cuestiones de hostigamiento hacia los jóvenes, hacia las familias, te lo pueden comentar las familias”, dice.
El 30 de abril del 2014, cuando Jalisco ya había aprobado su ley, la CEAV presentó los resultados de su “Diagnóstico sobre el cumplimiento de los estados para la armonización de sus legislaciones locales con la Ley General de Víctimas”.
En éste se hace constar que la ley de Jalisco no cumple en materia de la autonomía que debió proporcionarle a su Comisión Ejecutiva Estatal, lo que es evidente con el control político que ejercerá su mayoría de funcionarios públicos.
“Es una ley que de origen tiene vicios fundamentales, que jamás se consultó con las víctimas”, continúa el entrevistado, “más bien hay un estado de negación de la condición de víctimas de las personas (…) finalmente hay una preocupación de que se creó un organismo donde realmente las víctimas van a hacer minoría”.
Y no obstante, aunque el Diagnóstico también marca un cumplimiento parcial con respecto al diseño del Fondo Estatal de Ayuda, en el resto de los rubros la ley de Jalisco sale bien librada, incluso en el apartado que evalúa si hay una restricción de derechos, y donde no se le hace ningún señalamiento.
Derecho a la verdad
Con esta legislación los familiares de los miles de desaparecidos en el estado podrán exigir la reparación del daño al Gobierno estatal, cuando éste no resuelva el paradero de las víctimas, salvo que la autoridad demuestre que hizo todo lo que pudo en aras de encontrarlas. Es el derecho a la verdad.
La ley brinda el derecho a “una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño”.
Apunta el integrante del Cepad: “La novedad es que si la autoridad no investiga los casos por su responsabilidad o no puede localizar a los responsables, evidentemente tiene que reparar el daño. Obviamente esto es irreparable, ni siquiera los sobrevivientes de estas terribles situaciones quieren una reparación del daño, pero es importante que comience a haber un pago”.
Las tres ternas
El Ejecutivo dejó fuera de estas ternas a organizaciones especializadas en la atención a víctimas, como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Cepad. La ley local, a diferencia de la general, no exige a los postulantes una “actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos”.
1.
> Carlos Felipe Aviña Ulloa. Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud
> María del Socorro Piña Montiel. Asociativo Pro Personas con Discapacidad
> Moisés Cholico Ávila. Colectivo de Asociaciones Civiles en Defensa de los Derechos de la Seguridad Social
2.
> Laura Beatriz Chávez Zavala. Colegio de Especialistas en Derecho Familiar
> Ana María Barajas Cervantes. Asociación de Lisiados
> Angélica Plascencia Flores. Red de Asilos
3.
> Alfonso Ponce Varela. Colegio De Abogados en Mediación y Medios Alternativos
> Sofía Del Refugio Reynoso. Comité Promotor por una Maternidad Segura
> Georgina Hernández Abarca. Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente
