‘Es un brinco civilizatorio’

13 de Ene, 2013

“El hecho real, el hecho jurídico, el hecho legal es que el Congreso asume el desafío, da la cara por el Estado mexicano y responde bien”

“Institucionalmente no está prevista la participación (de la CIDH). La Comisión puede ayudar si el Estado mexicano así lo solicita en asesorar, coadyuvar a su implementación y su cumplimiento”

“Para mí el momento más valioso de todo esto fue cuando el 30 de abril se aprobó esta ley y las víctimas y los legisladores comenzaron a gritar en San Lázaro a una sola voz: ni un muerto más”

“Argumentos jurídicos pueden poner los quieran, pero a mí me parece que no solo hubo un incumplimiento a la palabra grave, sino que ésta quedó muy por debajo de la realidad. Con el gobierno federal (de Calderón) no se pudo construir una ley”

Señala que se deben atender las causas que generaron la necesidad de esta ley y una política de seguridad congruente

La labor de un movimiento victimal, la decisión de un Congreso que da la cara y la palabra de un presidente son “tres factores en la política de Estado muy valiosos”.

Son también las tres grandes enseñanzas que confluyen en torno a la reciente publicación de la Ley General de Víctimas.

Así lo considera Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para quien una ley es siempre el reflejo de un proceso social.

Tras ella hay una serie de símbolos y dinámicas vitales, dice el también reconocido defensor de los derechos humanos en entrevista exclusiva. 

La nueva legislación no se puede explicar sin la construcción de un movimiento victimal que germinó a partir de una realidad trágica y dolorosa que vive México. De ahí se desprendió la amplia discusión posterior.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y otros más, se dieron a la tarea de ponerle rostro y nombre a las víctimas.

Álvarez Icaza asegura que de ahí proviene la primera explicación para que esta ley exista: un amplio movimiento que levanta la voz y le reclama al Estado su deuda.

Para que la nueva legislación se publicara fue nodal la visión de Estado que tuvo el Congreso de la Unión.

Cabe recordar que cuando el Movimiento por la Paz y otros actores se sentaron a hablar con el presidente Felipe Calderón buscaron construir una ley, pero no se obtuvo un buen resultado por “las limitaciones, los compromisos, los autocandados”.

Fue entonces que el interlocutor se volvió el Poder Legislativo y con él “se pudo construir de manera impresionante”, asegura el maestro en Ciencias Sociales. La prueba está en que la ley se aprobó de forma unánime tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.

Por esta razón, quienes sostienen que antes de sacar la ley se debió reformar la Constitución lo que tienen es solo una interpretación, en opinión del ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

“El hecho real, el hecho jurídico, el hecho legal es que el Congreso asume el desafío, da la cara por el Estado mexicano y responde bien”.

La respuesta de los legisladores proporciona un instrumento legal, “un mecanismo para atender las múltiples necesidades de las víctimas”.

Hubo muchas formas de hacer las cosas. Mas lo nodal es destacar, de acuerdo con Álvarez Icaza, que se reconoció la deuda del Estado con las víctimas.

Destaca un tercer factor: el valor del diálogo. Enrique Peña Nieto acudió al Castillo de Chapultepec a dialogar y ahí dijo que si era presidente se iba a publicar la ley. 

“No solo es que cumple su palabra sino que muestra la virtud del diálogo en democracia”.

La ley es solo un piso

Entrevistado vía telefónica desde Washington DC, donde se encuentra la sede de la CIDH, Álvarez precisa que la ley de víctimas “es solo un piso”. Que aún falta diseñar la política pública e implementar mejoras o adhesiones.

El reconocido defensor de los derechos humanos subraya que entre ocho y nueve de cada 10 delitos ocurren bajo los gobiernos estatales “que han sido los grandes omisos, no solo en términos de vacíos (legales) sino del incumplimiento de las obligaciones del Estado a nivel internacional y nacional”.

Por ello considera que esta ley obligará a las distintas instancias estatales –y no solo al gobierno federal– a responder y atender, cosa que antes no hicieron. “Eso se llama política pública, por eso es tan importante”.

Lo que está por delante es un horizonte para diseñar acciones y políticas donde habrá cabida para las modificaciones y mejoras.

Considerado un factótum en la aprobación de esta ley, el ex ombudsman capitalino explica que también fue clave la intervención de otros actores.

Menciona a los organismos de derechos humanos, como el Centro de Colaboración Cívica, la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, pero hubo otros más. También la participación de los expertos en el tema, como Silvano Cantú e Iliana García, entre otros. “Mucha gente que se sumó de manera desinteresada al proyecto”, indica el sociólogo. Y, por supuesto, las víctimas.

“Para mí el momento más valioso de todo esto fue cuando el 30 de abril se aprobó esta ley y las víctimas y los legisladores comenzaron a gritar en San Lázaro a una sola voz: ni un muerto más”.

En opinión del ex director general del Centro Nacional de Comunicación Social México, existe la posibilidad de enfrentar “de forma inteligente y congruente uno de los temas más dolorosos” de la realidad del país.

En el estándar regional solo se cuenta con ley así en México y Colombia. De ahí que desde la práctica internacional sea un referente muy valioso.

-¿La voluntad política de la Presidencia y la nueva recomposición legislativa contribuirán a agilizar las adecuaciones que requiere esta ley?

“Espero que así se dé, hay señales de que se está caminando en esa dirección. Tanto el gobierno federal como los partidos políticos y los distintos poderes dan indicios de que hay posibilidad de construir acuerdos, lo cual es valiosísimo para la vida de la República. Hay un marco constitucional de derechos humanos que desde la lógica de los compromisos es muy valioso. Y, como señalas, importa la voluntad.

“Lamentablemente en la administración anterior por las limitaciones, compromisos, miedos; la responsabilidad política que implicaba no pudieron superar eso y de manera muy vergonzosa, el gobierno anterior no quiso aprobar la ley.

“Argumentos jurídicos pueden poner los que quieran, pero a mí me parece que no solo hubo un incumplimiento a la palabra grave, sino que ésta quedó muy por debajo de la realidad. Con el gobierno federal (de Calderón) no se pudo construir una ley”. 

-¿Las adecuaciones deberían implementarse antes de que se promulge la ley?

“No lo creo. La ley tiene tiempo, espacio y condición para que se pueda mejorar. Los tiempos se pueden echar a correr, la ley tiene previstos ciertos tiempos y se pueden hacer de manera paralela, modificando para acelerar su implementación”.

-Se habla de que la construcción del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas supondrá un proceso largo…

“Si para los políticos las víctimas son prioridad pues entonces es rápido. Si para los gobernantes la atención a ciudadanos, especialmente los que están en condición de víctimas, son una prioridad, es rápido. Si la atención a las víctimas es demagogia entonces va a tardar. Es un tema directamente proporcional a la prioridad que se le quiera dar”.

-¿Está por ratificarse la congruencia de la buena voluntad en el tema?

“Yo vi una señal muy positiva desde que el punto número dos de la intervención del presidente Peña Nieto fue el tema de la ley de víctimas, está mandando un mensaje de alta prioridad para el Estado. Lo que toca es que los demás se pongan a esa altura”.

-¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que representa podría participar en el seguimiento para esta ley de víctimas?

“Institucionalmente no está prevista la participación. La Comisión puede ayudar si el Estado mexicano así lo solicita en asesorar, coadyuvar a su implementación y su cumplimiento.

“En lograr colaborar con estándares internacionales y las mejores prácticas: puede ponerle espejos de prácticas de estándares de países del sistema interamericano. Por ley no está considerada, pero si el Estado mexicano así lo considera tendría que hacerlo saber y la Comisión tendría que, en su momento, tomar la decisión”.

Emilio Álvarez Icaza concluye la charla precisando que la ley “es un brinco civilizatorio para reconocer uno de los pendientes más dolorosos y más urgentes que tenía el Estado con las víctimas. Es un piso, las leyes por sí mismas no resuelven, no garantizan su cumplimiento. Lo que falta todavía es una dosis importante de congruencia y política pública para que se haga realidad”.

Además, dice que se deben atender las causas que generaron la necesidad de esta ley. Se necesita revisar una política de seguridad congruente con los derechos humanos, con los compromisos del Estado y con la reforma constitucional de derechos humanos.

“Si no se atienden los problemas que motivaron la creación de esta ley, poco va a servir para cambiar la realidad”, afirma.