El conflicto líquido
La firma del Acta 323 compromete a México a pagar con agua la infraestructura hidráulica que EEUU instalará en el país. El acuerdo ha sido cuestionado ya que en México la venta del agua es ilegal. El hecho podría derivar en confrontaciones entre sociedad y gobierno
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_mxgruy95″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /]
En Baja California renace ya un conflicto internacional por el agua potable del Río Colorado que comparten México y Estados Unidos.
La firma de un acuerdo binacional para que México ceda a Estados Unidos una parte del agua que le corresponde en el norte del país, sumará al conflicto que desde principios de año enfrenta a ciudadanía y autoridades en Baja California.
No sólo eso. Se trata de otro problema que suma a la escasez de agua en la región noroeste del país y por la que ya se presentan varios conflictos sociales que han llevado, incluso, a que la población encare el gobernador de la entidad, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) firmó la semana pasada el Acta 323, un acuerdo en el que México se comprometió con Estados Unidos a darle agua a cambio de inversión en infraestructura hidráulica.
El tema provocó el rechazo entre los ciudadanos de Baja California, sobre todo en los agricultores del Valle de Mexicali, pues consideran que el acuerdo traerá aún más escasez de agua en la zona productiva del desierto del norte de México.
El tema se suma a otros que han rechazado los habitantes de esa zona del país, como la instalación de una planta cervecera en ese mismo valle que -prevén- también traerá carencia del vital líquido en toda la región.
Los productores de la frontera mexicana han rechazado que sea entregado el vital líquido a cambio de infraestructura y obras porque, denuncian, en una o dos décadas se presentaría una crisis productiva en esa zona y miles de familias quedarían sin posibilidades de seguir trabajando en el campo que han levantado en medio del desierto.
Agricultores de Mexicali consideran que el acuerdo traerá aún más escasez de agua en la zona productiva del desierto del norte de México
Los acuerdos de agua
En 1944 México y Estados Unidos firman el Tratado Internacional de Aguas que estipula que se haría un intercambio de aguas: mientras que México da líquido a Estados Unidos de la cuenca del Río Bravo, México la recibe del país del norte en el Río Colorado
El Valle de Mexicali, al este de la ciudad del mismo nombre, en Baja California, bien merece ser llamado un oasis en medio del desierto.
Parcelas verdes donde se cultivan lo mismo hortalizas, cereales o algodón, contrastan con el color caqui del terreno arenoso del desierto.
Hasta ahí llegaron cientos de familias en los años 30, cuando el Gobierno federal les regaló amplias parcelas a cambio de que se quedaran a vivir ahí, para evitar que los norteamericanos tuvieran intenciones de extenderse hacia el sur de su propio territorio.
Fue entonces que se crearon los primeros ejidos en Baja California. Los pioneros, como se les conoce, abrieron brecha en el desierto y lograron hacer de esa tierra una de las regiones más productivas del norte del país, tanto en la agricultura como en la ganadería.
En 1944, México y Estados Unidos firman el Tratado Internacional de Aguas, en donde ambos países acuerdan los mecanismos para el reparto de agua de los caudales que comparten ambos países: el Río Colorado, en la región de Baja California y Sonora; y del Río Bravo, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El Tratado estipula que se haría un intercambio de aguas: mientras que México da líquido a Estados Unidos de la cuenca del Río Bravo, México la recibe del país del norte en el Río Colorado.
A lo largo de los años, se han llevado a cabo reuniones y se ha llegado a acuerdos para ir modificando las condiciones del intercambio, en negociaciones que han involucrado a las autoridades y los ejidatarios.
Sin embargo, el último acuerdo fue firmado en los últimos días del mes de septiembre. Lo pactado se plasmó en el Acta 323, en la que se establecen los nuevos términos del intercambio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el 27 de septiembre pasado que ese día entró en vigor dicha Acta, que lleva por título “Ampliación de las medidas de cooperación y adopción de un plan binacional de contingencia ante la escasez de agua en la cuenca Río Colorado”.
“Este acuerdo binacional da certidumbre a las operaciones hidráulicas de México y Estados Unidos y brinda a nuestro país una herramienta de planeación para el manejo de los recursos de este río, que le asigna el Tratado de Aguas desde 1944. Este acuerdo estará en vigor hasta el año 2026”, expuso la SRE en su comunicado sobre el tema.
En la negociación del Acta 323 no estuvieron involucrados los productores agropecuarios; la firma se llevó a cabo en Santa Fe, Nuevo México.
En la negociación del Acta 323 no estuvieron involucrados los productores agropecuarios; la firma se llevó a cabo en Santa Fe, Nuevo México
Los proyectos que México piensa pagar con agua
México cedió 283 millones de metros cúbicos de agua a cambio de 31.5 millones de dólares, precio total aproximado de la infraestructura que EU construirá en México
> Revestimiento de canales
> Conservación a nivel parcelario
> Conservación de vasos reguladores
> Pago por el descanso de tierras de cultivo
> Modernización y tecnificación de riegos
> Mejoras en la operación del sistema
> Creación de humedales
Reúso de aguas tratadas
El Acta 323
EEUU se comprometió a dar 31.5 millones de dólares a cambio de reducir la dotación de agua que le corresponde a México
El nuevo acuerdo para el reparto de agua entre ambos países establece que México cederá a Estados Unidos una parte del agua que le corresponde a cambio de más infraestructura y obras hidráulicas en la región.
De acuerdo con el documento del Acta, del que Reporte Indigo tiene copia, Estados Unidos se comprometió a contribuir con 31.5 millones de dólares (574.2 millones de pesos al tipo de cambio actual de 18.23 pesos por dólar) a cambio de reducir la dotación de agua a México en 86 millones de metros cúbicos, en el rubro de conservación del medio ambiente; 62 millones de metros cúbicos para agua “en beneficio de todos los usuarios”; y 135 millones de metros cúbicos de agua “para su uso en Estados Unidos”.
“Durante la vigencia de esta Acta, México deberá tomar las acciones necesarias para cumplir con sus compromisos en la misma proporción y al mismo tiempo en que se efectúen las transferencias de fondos estadounidenses”, señala el documento.
Entre las obras y proyectos de conservación que se realizarán están el revestimiento de canales; la conservación a nivel parcelario; los vasos reguladores; el descanso de tierras; la modernización y tecnificación en los distritos de riego; las mejoras en la operación del sistema; y la creación de humedales y reúso de aguas tratadas.
Además, se plantean como necesarios algunos proyectos para “incrementar la entrega o el intercambio de aguas”.
Entre ellos están la creación de tres plantas desalinizadoras binacionales: una, en la costa del Océano Pacífico; otra, en el Río Nuevo; y una más en el Mar de Cortés.
A ello se suma el reúso del efluente de las plantas de tratamiento en el Valle de Mexicali para humedales o para la restauración riparia del Río Colorado; y el reúso en los Estados Unidos del efluente de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Tijuana.
Asimismo, se establece que México tendrá una reducción por concepto de evaporación y que solo podrá crear una reserva adicional de agua si su creación es por medio de un proyecto de conservación o por alguna emergencia.
En la propia Acta 323 se establece que, aunque haya una reducción en el flujo de agua, para efectos prácticos se considerará que Estados Unidos cumplió con su parte.
“Se considerará que los Estados Unidos han cumplido con sus obligaciones de entrega a México, de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944 durante la vigencia de esta Acta, independientemente de cualquier reducción o ajuste al programa de entregas a México conforme las estipulaciones de esta Acta”, se lee en el documento.
El Acta 323 ha sido rechazada por los ciudadanos de Baja California, que ven en ese acuerdo una entrega del vital líquido al vecino país del norte en perjuicio de los productores mexicanos.
La firma ha sido rechazada por los ciudadanos de Baja California, que ven en ese acuerdo una entrega del vital líquido a EU en perjuicio de los productores mexicanos
El rechazo
Rigoberto Campos, dirigente de la CNC en la región, ha denunciado que la disminución en el flujo de agua condenará a la crisis a los productores, pues las obras proyectadas no hacen que aparezca más agua
Los problemas de agua en Baja California no se limitan al acuerdo de distribución del agua del Río Colorado.
En ciudades como Ensenada, al sur de la frontera, ya se distribuye el agua por tandeos; ahí y en Rosarito, el Gobierno estatal pretende construir dos plantas desalinizadoras, que junto con otras obras crearían una deuda de más de 82 mil millones de pesos a los ciudadanos de esa entidad, quienes han protestado contra el endeudamiento.
En el Valle de Mexicali, al este de la capital estatal, los ciudadanos mantienen una resistencia contra la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands, que consumirá –argumentan sus detractores- alrededor de 20 millones de metros cúbicos de agua potable al año, en plena zona desértica.
En el Valle de Guadalupe, la región vinícola de la entidad, los productores han hablado sobre los problemas de sequía que enfrentan y ponen en peligro su producción de vid y vino, que tiene renombre internacional.
A todos estos problemas se suma ahora el Acta 323, que disminuirá el flujo de agua que llega al Valle de Mexicali.
Rigoberto Campos, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región, ha denunciado que la disminución en el flujo de agua condenará a la crisis a los productores, pues las obras no hacen que aparezca más agua.
El lunes 18 de septiembre, ante la inminente firma del Acta 323, Rigoberto y otros productores tomaron las oficinas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), donde reclamó que el acta se estuviera negociando en la opacidad.
“Esa es la inconformidad que traemos. Cómo es posible que en Estados Unidos esa Acta la traiga hasta el paletero, hasta el barrendero, y aquí no. El Acta 323 hubo una reunión en el distrito de riego (en Estados Unidos) y aquí no. Allá sí se discute abiertamente, allá sí se trabaja entre todos. Qué tristeza que en nuestro país se sigan haciendo las cosas, a estas alturas, a espaldas del verdadero interesado”, reclamó Campos a las autoridades del CILA.
Los productores agrícolas liberaron las oficinas el día de ayer, después de que la firma del Acta ya fue un hecho.
Rigoberto Campos acusó que México terminará “vendiendo” el agua a un precio irrisorio a Estados Unidos (por la inversión en obras), de 11 centavos de dólar por metro cúbico; mientras, los organismos operadores de agua de Estados Unidos lo venderán a las ciudades de ese país a 20 dólares por metro cúbico.
“El Acta 323 es una burda venta de agua de México a Estados Unidos, del volumen del Tratado de 1944. El Acta 323 es un documento financiero donde meten a México en el mercado del agua; es la mercantilización del mercado del agua, como lo están haciendo los distritos de Valle Imperial, el condado de San Diego, el Valle de Arizona (…) en México el agua no es un producto, es un derecho humano.
“Los presidentes de los organismos de riego, los funcionarios del CILA, ya no van a estar en unos años y están comprometiendo un bien a más de una década. ¿A quién le vamos a reclamar cuando haya escasez, por esto que se está firmando hoy?”, cuestionó Campos en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El tema ya llegó al Senado. El petista Marco Antonio Blásquez llevó a la tribuna de la Cámara alta un exhorto para que se llame a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no aprobar los términos de este acuerdo binacional.
“Los presidentes de los organismos de riego y los funcionarios del CILA ya no van a estar en unos años y están comprometiendo un bien por más de una década. ¿A quién le vamos a reclamar cuando haya escasez por esto que se está firmando hoy?”
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