Los terrenos en discordia
A nivel federal, el debate sobre el destino de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no corre prisa, pero el Gobierno capitalino quiere definirlo lo más pronto posible.
A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno federal aplaza hasta el año 2020 la discusión de qué hacer con los terrenos del Aeropuerto.
En la administración local, el titular de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, intenta evitar que las 740 hectáreas sirvan para apalancar el financiamiento de la nueva sede aeroportuaria.
Icela LagunasSe estima que será dentro de cinco o seis años que dejará de funcionar en su totalidad el AICM Benito Juárez
A nivel federal, el debate sobre el destino de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no corre prisa, pero el Gobierno capitalino quiere definirlo lo más pronto posible.
A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno federal aplaza hasta el año 2020 la discusión de qué hacer con los terrenos del Aeropuerto.
En la administración local, el titular de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, intenta evitar que las 740 hectáreas sirvan para apalancar el financiamiento de la nueva sede aeroportuaria.
El jefe de Gobierno dijo que su gabinete, específicamente la Secretaría de Desarrollo Económico, mantendrá la defensa del derecho de la ciudad a decidir sobre el uso del suelo de esos terrenos y no la Federación.
La proyección federal
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) defiende el derecho de mano que tienen las autoridades de la Ciudad de México para influir en el futuro de esa hectáreas.
Insiste en que jurídicamente la Ciudad de México tiene preferencia o derechos para decidir qué hacer con los terrenos donde opera el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y que por su dimensión es uno de los tres terrenos más valiosos de la capital, junto con el Bosque de Chapultepec y Ciudad Universitaria.
En el Informe de avance de la opinión ciudadana se acordó que no debe iniciarse obra alguna o tomarse decisiones que impliquen la concesión de derechos o uso determinado del espacio, mientras no se construya un acuerdo político y social.
En el círculo rojo del Gobierno del Distrito Federal se comenta de una proyección efectuada por Ingeniería IDOM a petición del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
En ella se plantea la construcción de casi 50 mil viviendas en las 740 hectáreas del actual aeropuerto, una vez que se desocupe y la terminal opera en el Estado de México.
Ingeniería IDOM habría asesorado a la SCT respecto al potencial de dichos terrenos y la diversidad de proyectos que podrían detonarse ahí.
En principio, se presume que dicha asesoría proyecta un megadesarrollo al oriente de la Ciudad de México que conjugaría viviendas, universidades, comercios y hospitales.
Los supuestos planes alertaron a los funcionarios del Gobierno capitalino, quienes desde hace más de un año realizan foros con especialistas y ciudadanía para debatir qué hacer con esas hectáreas.
Los planes capitalinos
Al iniciar el 2016, Salomón Chertorivsky firmó un convenio con la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México.
El acuerdo sería para analizar el mejor aprovechamiento del espacio que hoy se disputan abiertamente el Distrito Federal y la federación.
De ahí que el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, se ha adelantado a hablar de usos mixtos de suelos que permitan conjugar en esos terrenos la habitación, la educación y el comercio con impacto directo a los casi 2 millones de ciudadanos que habitan en las 39 colonias aledañas a la terminal aérea.
La administración de Mancera no quiere soltar la oportunidad, por lo que se dio a conocer que a principios de mayo habrá un nuevo informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad.
De acuerdo con el proyecto nacional se estima que será dentro de cinco o seis años que dejará de funcionar en su totalidad el AICM Benito Juárez, fecha en la que ni el presidente Enrique Peña Nieto ni el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera permanecerían en funciones.
Pese a los tiempos que rebasan a ambas administraciones, las 740 hectáreas que se localizan en los límites de la delegación Venustiano Carranza y el Estado de México son objeto de diversas proyecciones, tales como una universidad, un centro intermodal de transporte, hasta un parque y centro cultural.
El oriente pobre
La inversión que se decida en esos extensos terrenos debe reivindicarse con el oriente empobrecido, que está al margen de obras y servicios respecto a la zona sur del Distrito Federal.
Los primeros diagnósticos sobre la situación que atraviesan las 39 colonias que conforman esa zona refieren una enorme deficiencia de universidades y hospitales y la pobreza de más de un millón 40 mil personas.
Con ese panorama a cuestas algunos inversionistas ya han puesto sus ojos en los extensos terrenos y las infinitas posibilidades de lo que podría construirse en esas hectáreas.
De acuerdo con el razonamiento del Gobierno del Distrito Federal, la Constitución de la República y la Ley General de Asentamientos Humanos le confirma el derecho de preferencia sobre el uso de ese espacio.
