Linchamiento mediático
Hubo una época, hace algunos años, en la que la culpabilidad o inocencia de una persona era decidida en un tribunal.
Los acusados de un delito tenían derecho a un abogado, podían presentar pruebas a su favor y era un juez el que al final del proceso judicial determinaba la responsabilidad o no del inculpado.
Hoy eso ocurre cada vez menos. Actualmente es en redes sociales donde se enjuician los actos –o presuntos actos– tanto de ciudadanos como de políticos.
César CepedaRamos Miranda asegura que las propiedades señaladas en el video se tratan de inmuebles que compró producto de su trabajo como abogado antes de asumir el cargo
"Renuncié de inmediato por mi convicción, jamás seré un factor de inestabilidad en un proyecto político en el que creo, me separé de inmediato para poder recabar las pruebas que sean contundentes”
Hubo una época, hace algunos años, en la que la culpabilidad o inocencia de una persona era decidida en un tribunal.
Los acusados de un delito tenían derecho a un abogado, podían presentar pruebas a su favor y era un juez el que al final del proceso judicial determinaba la responsabilidad o no del inculpado.
Hoy eso ocurre cada vez menos. Actualmente es en redes sociales donde se enjuician los actos –o presuntos actos– tanto de ciudadanos como de políticos.
Y es ahí en ese tribunal virtual donde se decide la culpabilidad o no de una persona. El fallo es inapelable. Casi un linchamiento.
Los usuarios de Twitter, Facebook y YouTube son hoy los jueces que procesan y sentencian los actos y los que deciden el castigo.
Este fue el caso de Aarón Josué Ramos Miranda, quien la semana pasada tuvo que separarse de su cargo de Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cuando se le involucró en un videoescándalo.
Ramos Miranda fue acusado, a través de un video anónimo que circuló primero en redes sociales y que luego fue retomado por medios de comunicación, de enriquecimiento ilícito y de tener vínculos con el crimen organizado.
“Narco Oficial Mayor de la ALDF”, se tituló el video subido a esta plataforma.
El material se viralizó el 2 de diciembre y Ramos Miranda tomó la decisión ese mismo día de separarse de su puesto para que se investigara la denuncia en su contra.
En la grabación –atribuida a Anonymous, pese a que este colectivo de hackers no se lo ha adjudicado– se le acusa de tener vínculos con un presunto sicario del Cártel de Sinaloa.
Ramos Miranda aceptó que la voz que se escucha en la grabación es suya, pero que la persona con la que conversa se trata realmente de Javier González, un amigo cercano.
En el video a Ramos Miranda se le vincula con Rey Alfonso Terán Estrada, un supuesto miembro del Cártel de Sinaloa, a quien confunden con uno de sus escoltas de nombre Rey Adolfo Terán Estrada.
Ramos Miranda asegura que las propiedades señaladas en el video –como supuesta prueba de su enriquecimiento ilícito– se tratan de inmuebles que compró producto de su trabajo como abogado antes de asumir hace dos años el cargo de Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa.
El funcionario capitalino entregó a Reporte Indigo una copia de su declaración patrimonial donde consta la compra de estos inmuebles como una casa en Huixquilucan y un departamento en el norte de la Ciudad de México antes del año 2012.
Ataque político
La difusión de este video se trata más bien de un capítulo más de la rivalidad que existe entre el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Serrano, y el presidente de la ALDF, el diputado Manuel Granados Covarrubias.
Ramos Miranda presentó una denuncia ante la PGR y la procuraduría capitalina para que se investigue el espionaje del cual fue víctima.
En el video difundido contra Ramos Miranda se revela que Terán Estrada –escolta del ex Oficial Mayor– fue detenido en 2012 por las autoridades de Puebla por posesión de armas.
Eso es cierto; sin embargo, las autoridades poblanas tuvieron que dictar el no ejercicio de la acción penal porque la empresa de seguridad para la que trabajaba acreditó el permiso de portación de armas expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Reporte Indigo tiene copia de la credencial de portación de arma de fuego, bajo la licencia colectiva de la empresa Previniendo, S.C., para la cual trabaja actualmente el guardia asignado a Ramos Miranda.
De acuerdo a este documento, en todo caso el escolta acusado de pertenecer al crimen organizado en el video posee permiso de la Sedena para portar una arma corta y una escopeta.
También se tuvo acceso a la carta de no antecedentes penales que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa expidió para hacer constar que el elemento de seguridad no tiene antecedentes criminales.
Además de estos documentos, este periódico posee copia de los resultados negativos de los exámenes de antidoping practicados a Terán Estrada.
Inocencia por demostrar
Tras el ataque cibernético, hoy el ex Oficial Mayor de la ALDF está dedicado en demostrar que no tiene nexos con el narcotráfico, como se le acusa en el video, y que todo es un ataque político por las pugnas internas que existen en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Los resultados de una prueba de control de confianza, que se le practicó el mes pasado a Ramos Miranda, concluyen que es un funcionario apto para desempeñarse en un cargo público.
El exfuncionario aprobó las pruebas de honestidad, psicométricas, de valores, además del examen de polígrafo, de acuerdo a los documentos en poder de este periódico.
También en el 2012 la Contraloría General del Distrito Federal le expidió una constancia de no existencia de registro de inhabilitación para poder asumir el cargo de Oficial Mayor de la ALDF.
“La Dirección de Situación Patrimonial (…) hace constar que, después de haber consultado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública del Distrito Federal, no existe a esta fecha registro alguno, que determine que usted se encuentre inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público”, dice la constancia No. 32498 con fecha del 17 de octubre de 2012.
Ramos Miranda cuenta también con una carta de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, de la Dirección de Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, donde se le informa que no tiene sentencias irrevocables condenatorias pronunciadas por órganos del ámbito federal.
Las pruebas indican que Ramos Miranda difícilmente es –como se le acusa en el video anónimo– un integrante del crimen organizado infiltrado en la Asamblea Legislativa del DF.
Pero ese video y las redes sociales –convertidas en la nueva Inquisición- ya lo han sentenciado como culpable y lo han condenado.
