Cuidan a Polanco en la ilegalidad
En nombre de la “buena convivencia vecinal”, el delegado en la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, firma acuerdos con dueños de establecimientos de Polanco para que éstos realicen aportaciones que son administradas por el Fideicomiso Social Miguel Hidalgo.
A través de dichos convenios se obliga a los empresarios de Polanco para que contraten a elementos de la Policía Auxiliar para apoyar a la seguridad de quienes transitan por estas calles.
Icela LagunasA través de dichos convenios se obliga a los empresarios de Polanco para que contraten a elementos de la Policía Auxiliar para apoyar a la seguridad de quienes transitan por estas calles
En ‘Cuidemos Polanco’ participan autoridades delegacionales y del Gobierno de la Ciudad de México
Si se trata de una colaboración para la sana convivencia en la zona, ¿por qué la obligación de que la contratación de los elementos de seguridad sea a través del Fideicomiso Miguel Hidalgo?
En nombre de la “buena convivencia vecinal”, el delegado en la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, firma acuerdos con dueños de establecimientos de Polanco para que éstos realicen aportaciones que son administradas por el Fideicomiso Social Miguel Hidalgo.
A través de dichos convenios se obliga a los empresarios de Polanco para que contraten a elementos de la Policía Auxiliar para apoyar a la seguridad de quienes transitan por estas calles.
No sólo eso, una de las cláusulas de dicho documento puntualiza que la contratación de los elementos de la Policía Auxiliar debe efectuarse por la vía del Fideicomiso Miguel Hidalgo que preside Miguel Ángel Cheschistz, a quien algunos constructores acusan de haberles exigido el pago de una iguala cuando se desempeñó como particular de Víctor Romo.
Reporte Indigo tiene en su poder la copia de uno de estos convenios de colaboración en el que se estipula de manera sorpresiva que la delegación Miguel Hidalgo desplegará en Polanco personal que fungirá como supervisores extralegales, es decir, fuera de la ley.
A la letra, la cláusula cuarta de dicho documento precisa:
“La delegación implementará en toda la zona de Polanco un elemento que fungirá como Autoridad Supervisora de la zona, quien se encargará de monitorear extra legalmente el cumplimiento de la Ley y del presente convenio”.
¿Supervisores y revisiones fuera de la Ley? Además, el hecho de garantizar seguridad a los ciudadanos es una obligación que le corresponde al Estado y no a los particulares.
En todo caso, si se trata de una colaboración para la sana convivencia en la zona, ¿por qué la obligación de que la contratación de los elementos de seguridad sea a través del Fideicomiso Miguel Hidalgo?
En dichos convenios se determina que la delegación Miguel Hidalgo participa representada por Víctor Hugo Romo Guerra, en su carácter de jefe delegacional, el establecimiento mercantil y en carácter de testigos, los vecinos.
Detrás de la buena intención
“Ambas partes declaran que las aportaciones que haga el establecimiento mercantil serán administradas por el Fideicomiso Social Miguel Hidalgo, para lo cual se creará el Proyecto denominado ‘Cuidemos Polanco’”.
Desde marzo pasado, la delegación Miguel Hidalgo dio a conocer y puso en marcha el operativo “Cuidemos Polanco”, cuyo objetivo, a decir de las autoridades de esa demarcación, es liberar calles, verificar establecimientos mercantiles y brindar mayor seguridad a vecinos y paseantes en 11 colonias de esa zona de la capital.
En Cuidemos Polanco participan no sólo autoridades delegacionales, sino también la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF), y el Instituto de Verificación Administrativa (Inve).
Pero detrás de esa aparatosa estrategia, a partir de la cual se remiten personas al Juez Cívico y Ministerio Público, se revisan bases de taxis y se retiran módulos de valet parking, la delegación utiliza estas herramientas que comprometen a los dueños de restaurantes, bares y antros para que realicen aportaciones.
“Realizar una aportación junto con la delegación para la compra de una grúa que permita mejorar la problemática vehicular de la zona”, es una de las aportaciones.
En principio el instrumento suena justo si se toma en cuenta la intención de obligar a los empresarios de establecimientos mercantiles a que realicen una campaña de concientización respecto a la buena conducta y apego a la Ley de Cultura Cívica.
Así se interpreta en muchos de los alcances, como la restricción de hacer uso de un solo módulo de valet parking, la instalación de cámaras viales para realizar estudios de tráfico, eliminación de bahías de ascenso y descenso, entre otros.
Sobre todo si se toma en cuenta el caos vial que se registra en la zona de Polanco derivado de la operación de dichos negocios.
“Contribuir para la realización en toda la zona de cruceros ideales, mismos que serán propuestos por la delegación”, precisa una de los objetivos.
“Cambiar en su caso las terrazas fijas por unas retráctiles en un plazo que no exceda 60 días naturales a partir de la firma del presente convenio”, establece otro.
Sospechoso monitoreo
Pero lo que podría interpretarse como una buena acción de gobierno se enrarece debido a la intervención de estos elementos asignados como “autoridad supervisora”, que tienen la misión de monitorear extralegalmente lo pactado en el documento.
El monitoreo fuera de la ley de dichos supervisores es sospechoso y hasta ilegal, en especial si se tienen en cuenta las denuncias de algunos empresarios de la zona que refieren actos de corrupción de ciertos funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo, a quienes presuntamente se les estaría pagando mensualmente una “iguala” a cambio de protección para sus negocios.
Además, a través de la cláusula décima de los convenios se precisa que ambas partes (delegación y establecimiento) realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento.
“Los conflictos que llegaren a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo por las partes”.
Porque si el delegado Víctor Hugo Romo se desmarca de la corrupción, como lo afirmó en la carta que envió a este medio, por qué permitir la operación de supervisores fuera de la Ley, qué más ilegal que eso.
En ese escenario de acusaciones entre vecinos, constructores, autoridades, el PRD tendrá que redoblar esfuerzos para mantener en sus manos la delegación Miguel Hidalgo, que apenas en la elección pasada le arrebató al PAN luego de años de gobiernos azules.
