Constitución CDMX, plan de negocios
El rechazo a la propuesta de Constitución presentada por el jefe de Gobierno no sólo surge de partidos políticos.
La red ciudadana Suma Urbana, apoyada por especialistas en desarrollo urbano y derecho, acusan que el documento es un plan de negocios que busca el control político y económico a través de la vivienda social.
Icela LagunasEn otra parte el documento dice que se suprimen las inmunidades y privilegios, cuando estos en realidad se suprimen desde la Constitución de Apatzingán de 1814 (…) cómo vas a suprimir algo que no existe”
La Constitución miente, no desaparece el fuero, se amplía a otros funcionarios”
El rechazo a la propuesta de Constitución presentada por el jefe de Gobierno no sólo surge de partidos políticos.
La red ciudadana Suma Urbana, apoyada por especialistas en desarrollo urbano y derecho, acusan que el documento es un plan de negocios que busca el control político y económico a través de la vivienda social.
Aunque la crítica de esta red vecinal a la Constitución se centra en los temas de uso de suelo, desarrollo urbano, construcción de vivienda y participación inmobiliaria, el grupo de activistas considera que el documento elaborado por el grupo de “notables” contiene falsedades.
Ejemplo de lo anterior, explica Josefina McGregor, de Suma Urbana, es que la Constitución de Miguel Mancera dice eliminar el fuero, aunque en realidad lo amplía a más puestos públicos.
Hace referencia a lo estipulado en la página 15, punto 6 “De la Buena Administración” que puntualiza: “Se suprimen privilegios e inmunidades de las personas servidoras públicas para desterrar la impunidad. Desaparece el fuero constitucional y se coloca a las y los funcionarios en igualdad frente a la ciudadanía para responder ante la justicia cuando ésta sea vulnerada”.
También al capítulo 1, de la Función Legislativa, artículo 34, del Congreso de la ciudad: “Las y los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás serán reconvenidos por ellas. No gozarán de fuero ni inmunidad alguna”.
Sin embargo, en el artículo 72 referente a la responsabilidad penal, precisa el documento que “las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las diputaciones al Congreso local, de las magistraturas, de las Secretarías del gabinete, de la Fiscalía General, así como de las Alcaldías no podrán ser privadas de su libertad durante el periodo de su encargo”.
Los procesos penales en su contra se llevarán a cabo sin que proceda prisión preventiva y en caso que se dicte sentencia condenatoria, se solicitará al Congreso la separación del cargo de la persona servidora pública.
“La Constitución miente, no desaparece el fuero, se amplía a otros funcionarios”, sostiene Mc Gregor.
Suprimir lo que no existe
Ismael Reyes Retana, abogado constitucionalista y consejero de la firma White and Case, destaca que en la iniciativa que Mancera envió a la Constituyente, en la exposición de motivos dice que se eliminará el fuero, pero al revisar los artículos eso no ocurre.
“Es demagocia pura, lo deja exactamente igual”, subraya.
Reyes Retana, quien participó en la formulación de un amparo para evitar la construcción del Corredor Cultural Chapultepec (CCC), detalla que es preocupante que por un lado se le haga creer a la gente que se va a eliminar, y sin embargo mete candados para evitar la prisión de los funcionarios durante el ejercicio de su encargo.
“En otra parte el documento dice que se suprimen las inmunidades y privilegios, cuando estos en realidad se suprimen desde la Constitución de Apatzingán de 1814.
“Sólo a nivel internacional sí existen estos privilegios para diplomáticos, no tiene nada que ver con lo que plantea la Constitución de la capital, cómo vas a suprimir algo que no existe”.
El constitucionalista dice no estar en contra de la existencia del fuero ya que la figura, bien utilizada, sirve para darle tranquilidad a los servidores públicos para que realicen su función sin presiones externas.
Intentan revivir iniciativa congelada
Para Susana Kanahuati, de la misma red, el gobierno capitalino retoma la intención de plasmar en la Constitución los objetivos de la polémica Ley de Vivienda para la Ciudad de México, que no ha
podido ser aprobada en la Asamblea Legislativa gracias a las movilizaciones de la ciudadanía.
El proyecto de Ley que se encuentra en la congeladora permite edificar lo que el gobierno llama edificios de vivienda social en todas las colonias, pudiendo para ello expropiar predios.
Con ese mismo enfoque se introduce en la Constitución el concepto de creación de reservas territoriales para vivienda social.
Habla de dar prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen una serie de proyectos; sin embargo, no define qué es acceso al suelo.
No se toma en consideración el hecho de que los usos están ya definidos en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, concepto que desaparece de esta Constitución, pero que debería existir por su vinculación con la Ley de Asentamientos Humanos.
Se crea un Instituto de Vivienda (mismo que también aparece en la Ley de Vivienda que se quiso aprobar en la ALDF este septiembre) que se encargará de todas las decisiones y manejo de fondos vinculados con la vivienda social.
Los activistas consideran que es clara la intención del gobierno de apostar por la construcción de vivienda que se dará en renta, y las constructoras que apoyen esta estrategia gozarán de diversos subdidios.
En el artículo 14, “Ciudad Solidaria”, apartado G se estipula el derecho a la vivienda: “Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y mecanismos de seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, protección contra el desalojo forzoso y los aumentos desproporcionados de los alquileres”.
La propuesta de Mancera subraya la tenencia de la vivienda, más no la propiedad, lo que apuntala sus intenciones de edificación de departamentos para entregar en renta, no venta, destacan.
El proyecto también recalca el compromiso de las autoridades para instrumentar políticas de suelo urbano y reservas territoriales para el desarrollo de vivienda social de calidad, en colaboración con los organismos federales y locales y con los promotores privados y sociales.
