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DICTAMEN

Desempolvan Ley de Desaparición Forzada

Ernesto Santillán

La iniciativa que fue propuesta en 2014 saldrá de la congeladora legislativa para reunir los votos necesarios y lograr ser publicada en el Diario Oficial de la Federación


Oct 12, 2017
Lectura 7 min
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Después de estar años en la congeladora legislativa, el dictamen de la Ley General en materia de Desaparición Forzada llegará al pleno de la Cámara de Diputados para ser votado.

La iniciativa fue propuesta por primera vez en 2014. Ahora con las elecciones del 2018 encima y todos los problemas que dejaron los sismos de septiembre los congresistas recordaron a los miles de desaparecidos y decidieron legislar a su favor.

El 4 de octubre pasado se aprobó por mayoría de votos en las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos el Dictamen por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada propuesto hace tres años por la senadora Angélica de la Peña.

El Dictamen contempla muchos puntos a los que no se les ha otorgado dinero para poder implementarlos. 

El presupuesto

La Ley General en materia de Desaparición Forzada enfrenta muchos retos. El primero será encarado hoy y consiste en juntar los votos necesarios para lograr que ésta se publique en el Diario Oficial de la Federación.

De lograrse este primer objetivo vendrán pruebas mucho más difíciles, como la asignación del dinero en el  Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 para ponerla en funcionamiento.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados la cantidad mínima de recursos que se tendrían que asignar para poder echar a andar la Ley es de 441.6 millones de pesos. Un monto que en el proyecto de egresos todavía no está contemplado.

Sin embargo, la senadora Angélica de la Peña, una de las principales impulsoras de esta ley, dijo que ya existe un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Gobernación que garantiza que la Ley tendrá recursos para poder implementarla.

La cantidad que señala el estudio está muy por debajo de la cifra que en realidad se necesitaría para poder llevar a cabo todo lo que se requiere a nivel de infraestructura, de capacitación y contratación de personal. 

En infraestructura se necesita construir un edificio especializado con características muy similares a las de un hospital que permita resguardar, clasificar y analizar los restos humanos, la ropa, la información genética de los familiares y todo lo que pueda ser material de valor que permita dar con el paradero de las personas que se encuentran desaparecidas, explicó la senadora de la Peña.

La creación de una base de datos a nivel nacional donde se tenga registro de todos los casos de personas desaparecidas en el país también es fundamental sin importar el motivo de la desaparición.

Tampoco se puede dejar de lado la construcción de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual funcionará como un órgano desconcentrado que además deberá contar con un homólogo en cada estado del país.

En capacitación los costos también serán significativos, pues se tiene planeado la creación de 82 grupos de búsqueda especializados que a su vez estarían conformados por 96 investigadores: 3 por cada entidad federativa del país.

Nada más de estos grupos la estimación de costo es de aproximadamente 82 millones de pesos al año.

Pero no todo es personal e infraestructura. A los gastos también se le deben añadir la creación de los programas de denuncia y las campañas publicitarias para dar a conocer la nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada.

¿Qué abarcaría?

Puntos que contempla el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada

> Establecimiento de los tipos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares

> Creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

> Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de comisiones homólogas en los distintos estados de la República

> Creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

> Establecimiento de la Declaración Especial de Ausencia

> Reconocimiento de la reparación integral del daño a las víctimas de los delitos materia de esta ley

Los otros retos

Además de la etiquetación de recursos adecuada para la implementación de la ley, la cual convertirá a México en el primer país a nivel mundial en contar con una legislación en la materia, existen otra serie de dificultades que podrían entorpecer la aplicación de la misma.

Para empezar en México no se cuenta con bases de datos certeras que permitan conocer las cifras exactas del número de personas desaparecidas. 

La primera vez que el gobierno otorgó una cifra del número de personas no localizadas fue en febrero del 2013. El número oficial fue de 26 mil 121 en un periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012.

El anuncio de la cifra trajo consigo diversas críticas, pues organizaciones no gubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas estiman que el número real superaba las 100 mil personas.

Un claro ejemplo de esto es lo que señala Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU, quien el año pasado presentó una serie de propuestas a los legisladores que trabajaban en la dictaminación de la Ley y dentro de las cuales señala que la Federación no acepta la gravedad del problema y tampoco asume la responsabilidad de liderazgo.

Por lo tanto hay pocos resultados en la búsqueda de desaparecidos y casi una nula reparación económica a pesar de que existe la Ley de Víctimas.

En relación a la falta de confianza en los Ministerios Públicos, la senadora Angélica de la Peña comentó que la mayoría de las familias que han vivido en carne propia la tragedia de la desaparición forzada exigen que las investigaciones sean atendidas por la Procuraduría General de la República (PGR), una exigencia imposible de cumplir pues la PGR no cuenta con la capacidad suficiente para atender todos los casos.

Además se debe garantizar que en la búsqueda la Comisión tenga acceso a todos los lugares, inclusive cuando se trate de instalaciones militares.

Ante las dificultades que tiene por delante la aprobación y la implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro﷯, explicó que de momento lo más importante es convertir el dictamen que se encuentra para discusión en el pleno de la Cámara de Diputados en ley.

Este hecho por sí solo representaría un avance significativo en el sistema jurídico mexicano. Una vez logrado ese objetivo, el diputado Ibarra dijo que toda ley es perfectible y que sin duda se tendrá que seguir trabajando para mejorarla de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.

“Existe un compromiso fuerte y serio con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Gobernación para otorgar presupuesto a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas”

- Angélica de la Peña

Senadora

441.6 Millones de pesos cantidad mínima para poder echar a andar la Ley

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