Con la presa hasta el cuello
Durante 10 años, los habitantes de Temacapulín, en la región Altos de Jalisco, han alargado el aliento ante la amenaza de inundación de este poblado, representada en la presa El Zapotillo, proyecto hidráulico para abastecer de agua al Área Metropolitana de Guadalajara, y a León, en Guanajuato.
Jonathan Ávila105
"Hasta la fecha no hemos podido obtener ni en tiempo, forma ni verídica la información"
"No vamos a inundar Temaca"
En el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de los afectados. Pidió a los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, y a la Conagua, dejar sin efecto un acuerdo que modificaba la altura de la presa
Durante 10 años, los habitantes de Temacapulín, en la región Altos de Jalisco, han alargado el aliento ante la amenaza de inundación de este poblado, representada en la presa El Zapotillo, proyecto hidráulico para abastecer de agua al Área Metropolitana de Guadalajara, y a León, en Guanajuato.
“Yo soy una vieja rebelde (…) que sepan, le mandamos un mensaje al gobierno, no nos vamos a salir. Palabra de una vieja”, dijo María de Jesús García Guzmán –Marichuy le dicen en ‘Temaca’–, al mediodía del 1 de junio del 2014, frente al monumento de concreto que ya daba forma, casi en su totalidad, a El Zapotillo.
En una década, los afectados han obtenido diversos fallos judiciales, para que la altura de la cortina de la presa no rebase los 80 metros de altura, como fue concebida originalmente.
Eso y una serie de adecuaciones, permitirían la sobrevivencia del poblado de cerca de 400 habitantes, enclavado en el municipio de Cañadas de Obregón.
Pero las autoridades federales han insistido en que la altura de la cortina llegue a los 105 metros, una proyección hacia 2018, según ha declarado José Elías Chedid, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Jalisco.
Hoy la presa El Zapotillo tiene un avance físico superior al 84 por ciento, y su costo total será mayor a los 16 mil millones de pesos, de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura que presentó el gobierno federal en abril del 2014.
En agosto de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un primer fallo a favor de los afectados. Pidió a los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, así como a la propia Conagua, dejar sin efecto un acuerdo que modificaba la altura de la presa, y que ésta se apegara al proyecto original que marca los 80 metros de altura.
Durante el 2014, Temacapulín obtuvo tres sentencias definitivas de amparo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, para que las autoridades demandadas se apegaran a la resolución de la SCJN.
Agua que corre a otro lado
La presa El Zapotillo fue contemplada para dotar de agua a la zona industrial de Silao, Guanajuato, a través de un acueducto de 143 kilómetros que conectara a los Altos de Jalisco con León y de ahí a Silao.
Los activistas que han denunciado las irregularidades de este proyecto que se erige sobre el río Verede, han manifestado que el agua que correría hacia aquel estado sería sólo en beneficio del proyecto Guanajuato Puerto Escondido o Puerto Seco.
Para expertos en el tema del agua, como Pedro Arrojo Agudo, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza e integrante del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, los argumentos en defensa de la presa son ilógicos ante los datos sobre la distribución del agua desde los Altos.
“Los cálculos de disponibilidad de caudales a almacenar en El Zapotillo para, en lo fundamental, alimentar los negocios de hacendados e industriales en León, Guanajuato, han sido sobreestimados, especialmente si se tienen en cuenta las perspectivas del cambio climático en curso”, escribió Arrojo Agudo en una carta abierta al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, emitida en mayo del 2014.
En El Zapotillo están involucradas empresas trasnacionales, como las españolas Abengoa–señalada de promover la privatización del agua en Bolivia–, que se encarga de la construcción de la presa, y FCC, que se encargará de crear el acueducto.
Además está la empresa Hermes Construcciones, del político priista Carlos Hank Rhon.
En 2007, con el gobernador panista Emilio González Márquez, el proyecto tomaría un nuevo rumbo, al firmarse un convenio entre el gobierno federal, y los estados de Jalisco y Guanajuato, que marcaba una ampliación de la altura de la presa a 105 metros, 20 más del proyecto original.
Sube la altura y el conflicto social
Con el incremento en la altura de la presa surgió también la inminente noticia de que el pueblo sería inundado y que los habitantes debían ser desalojados, por lo que organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Colectivo de Abogados (COA) extendieron su apoyo y se logró la creación, en el año 2008, del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
“Desde ahí, como cascada, empezaron las movilizaciones, empezamos a buscar a las legislaturas tanto locales como federales.
“En su momento visitamos a los presidentes municipales en turno, y obviamente por seis años visitamos a Emilio González Márquez para que nos diera información, que por cierto hasta la fecha no hemos podido obtener ni en tiempo y forma, ni verídica la información”, relata en entrevista Emma Juárez García, quien desde el año 2008 ha sido uno de los rostros más visibles de la defensa de Temacapulín.
Tras diversas visitas con los legisladores locales y federales del estado de Jalisco, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo logró establecer contacto y apoyo con la entonces diputada local perredista de la pasada legislatura 59, Olga Araceli Gómez Flores, y el diputado federal Salvador Caro Cabrera, entonces legislador bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.
Gracias a dicho apoyo se logró promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en el año 2012.
Dicha acción fue respondida para el año 2013 y señalaba como inválido el convenio firmado por la federación y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, haciendo valer una altura máxima de 80 metros, que a decir de los pobladores, a dicha altura no afectaría al poblado.
Ese mismo año, poco antes de tomar posesión del cargo, el mandatario Aristóteles Sandoval expresó en su cuenta de Twitter: “No vamos a inundar Temacapulín”.
Actualmente el proyecto del acueducto que llevaría el agua de los Altos de Jalisco a Silao se encuentra detenido, según información de Conagua proporcionada al periódico local El Informador, vía transparencia.
La presa se encuentra así en adecuaciones técnicas; el fallo de la Corte ha permtido que la obra quede estancada en los 79 metros de altura, lo cual le da un ligero respiro a Temacapulín, hasta ahora.
