Choque de trenes

19 de Sep, 2017

La Cámara de Diputados se alista para definir mañana su agenda prioritaria de temas y en la negociación se prevé un choque de trenes entre el bloque del PRI y sus aliados y el llamado Frente Ciudadano por México.

El Frente Ciudadano, conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, definió su propia agenda de prioridades la semana pasada y dejó fuera de ella algunos temas que habían sido calificados como urgentes: la Ley de Seguridad Interior, la revisión del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, entre otros.

De estos temas, la Ley de Seguridad Interior es la prioridad número uno no solo para el PRI, sino para varios gobernadores… incluidos los emanados de las coaliciones PAN-PRD.

Ello le ha ganado críticas a los panistas del ala cercana a Ricardo Anaya, dirigente nacional de Acción Nacional, por sacar de la discusión uno de los temas que es considerado prioritario para el país.

Este miércoles se reunirá en San Lázaro la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, órgano conformado por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, donde se definen los temas prioritarios que tendrá la agenda de este periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre.

“Como nunca antes nuestros gobernadores requieren el apoyo de sus legisladores para avanzar en ciertas agendas; es prioritario concluir el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior”

¿Fuera seguridad interior?

El tema más polémico que quedó fuera de la agenda legislativa del Frente Ciudadano por México fue la Ley de Seguridad Interior.

Mediante la creación de dicha Ley, el Congreso de la Unión pretende poner reglas a la actuación de las Fuerzas Armadas en el país.

Esta legislación ha sido exigida por los mandos militares de México. A raíz de los cuestionamientos por la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, los secretarios de Defensa Nacional y de Marina han pedido al Congreso un instrumento legal que dé certeza a su labor.

Desde diciembre del 2006, cuando el Gobierno de Felipe Calderón, entonces presidente de la República, declaró la guerra al narcotráfico, tanto el Ejército como la Marina han participado en tareas de seguridad pública que, legalmente, competen a las autoridades civiles.

Las distintas iniciativas sobre Seguridad Interior proponen un regreso gradual de los militares a los cuarteles, pone tiempos para la profesionalización de las policías civiles y establece plazos para que las Fuerzas Armadas se retiren de sus actividades en la seguridad pública.

Esta propuesta, sin embargo, ha enfrentado múltiples críticas de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y partidos de izquierda.

Los partidos del Frente Ciudadano tienen visiones encontradas. Mientras el PAN se había pronunciado a favor de la Ley, el PRD y MC habían mostrado sus reservas por las supuestas nuevas facultades que se daba a las Fuerzas Armadas.

Para evitar roces en el nuevo Frente que se formaba, el PAN decidió no incluir en la agenda común la Ley de Seguridad Interior y evitar así un enfrentamiento con sus aliados.

Esto fue duramente criticado por el ala de congresistas del PAN que están contra el líder de su partido, Ricardo Anaya.

Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Luisa María Calderón, José María Martínez, Octavio Pedroza, Fernando Torres Graciano, José Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, senadores del PAN cercanos al expresidente Felipe Calderón, criticaron que el Frente dé prioridad a lo electoral y dé la espalda a un tema que han pedido los propios gobernadores emanados del PAN y de la coalición PAN-PRD.

“Como nunca antes nuestros gobernadores requieren el apoyo de sus legisladores para avanzar en ciertas agendas; es prioritario concluir el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior”, afirmó Gil Zuarth.

Estos legisladores recordaron que los gobernadores emanados de ese partido han pedido insistentemente que se trabaje en la Ley de Seguridad Interior.

Ante la insistencia de estos legisladores y el pronunciamiento de algunos gobernadores este fin de semana, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, aclaró que sin importar la agenda del Frente, continuarán con el análisis de la Ley de Seguridad Interior.

“Apoyar estos 15 puntos no implica, bajo ninguna circunstancia, abandonar la agenda legislativa que los respectivos grupos parlamentarios ya habían aprobado en sus reuniones plenarias.

“De tal manera que la agenda del PAN sigue adelante y, por supuesto, reiteramos nuestro respaldo a estos 15 puntos que son de coincidencia entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano”, expuso ayer Ricardo Anaya.

Si el PAN decide apoyar al PRI en la Ley de Seguridad Interior, ¿no provocará un rompimiento con los otros partidos del Frente?

Surgirán diferencias

Este miércoles se sentarán a la mesa los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja. Juntos, conforman la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, donde se decidirán las prioridades de este periodo.

Ahí, el PAN estará en la disyuntiva: apoyar al PRI para discutir la Ley de Seguridad Interior o unirse a sus aliados para encarecer la negociación de esa Ley.

Será el tema de la seguridad interior el que haga florecer las diferencias entre los tres aliados, pues han mantenido posiciones muy distintas entre sí.

Mientras el PAN siempre ha apoyado al PRI en el tema de Seguridad Interior –aunque ha condicionado su aprobación al Mando Mixto policial-, en el PRD y MC no están tan convencidos.

Desde inicios de este año, el coordinador de la bancada de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, anunció que votarían en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que se legaliza y se intensifica la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Movimiento Ciudadano ha expresado su reticencia a aprobar la Ley de Seguridad Interior si no se aprueban también otros ordenamientos en materia de derechos humanos; han alertado además que se trata de un intento por “normalizar” el estado de excepción en México.

Las distintas iniciativas sobre Seguridad Interior establece plazos para que las Fuerzas Armadas se retiren de sus actividades en la seguridad pública