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Casino Royale cobra seguro

Javier Estrada

Los deudos de las 52 víctimas mortales del trágico casino Royale aún claman justicia para resarcir los daños de uno de los ataques más sanguinarios del narcotráfico, atribuido a Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”.

En cambio, Raúl Rocha Cantú, dueño de la casa de apuestas, ya se benefició de la póliza que aseguraba al inmueble y sus contenidos, que cobró el pasado 22 de julio.

Según cálculos que se desprenden del documento en poder de Reporte Índigo, la cantidad ascendería a los 103 millones de pesos.


Jul 23, 2013
Lectura 11 min

Según cálculos que se desprenden del documento en poder de Reporte Índigo, la cantidad ascendería a los 103 millones de pesos

Rocha Cantú declaró que el 80 por ciento de los deudos de los empleados fallecidos, la habían recibido la indemnización

http://www.youtube.com/watch?v=1MNIUh4HyJg

Los deudos de las 52 víctimas mortales del trágico casino Royale aún claman justicia para resarcir los daños de uno de los ataques más sanguinarios del narcotráfico, atribuido a Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”.

En cambio, Raúl Rocha Cantú, dueño de la casa de apuestas, ya se benefició de la póliza que aseguraba al inmueble y sus contenidos, que cobró el pasado 22 de julio.

Según cálculos que se desprenden del documento en poder de Reporte Índigo, la cantidad ascendería a los 103 millones de pesos.

El casinero regiomontano huyó del país con la excusa de temer por su vida tras el ataque del 25 de agosto de 2011, atribuido a una célula del Cártel de Los Zetas, la organización que dominó Monterrey y su área metropolitana hasta su debilitamiento con la reciente captura del “Z-40”.

El día del atentado abordó un avión y se trasladó a la ciudad de Miami, Florida, pero la Procuraduría de Nuevo León solicitó ayuda a la Interpol para localizarlo. 

Mientras los familiares sufrían por la pérdida de sus seres queridos, él se refugiaba en una exclusiva zona de la ciudad costera estadounidense. 

A casi un mes de cumplirse dos años del ataque, el beneficiario cobraría el dinero a AXA Seguros, a través de la compañía Impulsora de Entretenimiento y Destreza Génova S.A. de C.V., como consta en el contrato del Paquete de Seguro Empresarial que adquirió el casino.

La póliza número GSA075830000, de cobertura total y nacional, aseguraba el inmueble por 40 millones de pesos, su contenido por otros 50 millones, 6 millones más por remoción de escombros, otra cantidad igual por gastos extraordinarios y un millón adicional por cobertura automática.

La póliza cubría al negocio con el giro de “restaurante-casino”, y tenía una vigencia anual que abarcaba del 4 de noviembre de 2010 hasta el 4 de noviembre de 2011, dos meses más desde el atentado que cimbró al país.

La empresa asegurada está operada por gente cercana a Rocha Cantú y Carlos Alejandro Salinas Martínez, el propietario del predio donde funcionaba ilegalmente la casa de apuestas.

El operador es Fernando Canales Cantú, apoderado del arrendador del terreno, y de Jorge Vázquez Lugo, socio de Enrique Hernández Navarro, apoderado de Entertainment Enterprises of Mexico S.A. de C.V., la sociedad de Rocha Cantú que operaba el Royale.

El domicilio que aparece en el contrato es el número 3603 de la calle Los Portales, en la colonia La Puerta, en Monterrey, y carece de un Código Postal, pero los datos no coinciden con ninguna dirección real en el estado.

Los términos y condiciones de la póliza protegían al casino de una posible pérdida total por incendio, causado directamente en forma accidental, súbita e imprevista en un solo evento.

“Sobre todos los bienes muebles e inmuebles, propiedad del asegurado y/o de terceros que estén bajo su cargo, custodia o control y por los cuales sea legalmente responsable y se encuentren en las ubicaciones citadas”, se lee.

Seguro cubre a terceros,  pero aún no lo han cobrado 

Aunque la póliza incluye un apartado de indemnización por responsabilidad civil a terceros de hasta 5 millones de pesos, fuentes allegadas al caso aseguran que los familiares de las víctimas no han tenido este beneficio.

Sin embargo, en diciembre pasado Rocha Cantú declaró al Ministerio Público de Nuevo León que el 80 por ciento de los deudos de los empleados fallecidos la habían recibido.

Esto ha generado discrepancias entre las oficinas de la aseguradora en la Ciudad de México y Monterrey. 

En enero de este año Juan Carlos de la Fuente, apoderado del Royale, cuestionó a la aseguradora y la exhortó a que cumpliera con la obligación de liquidar esa disposición a favor de los afectados. 

Pese a las presiones, no se han dado resultados.

La relación Rocha-Peña Neder

El seguro de cobertura total no era exclusivo para el casino Royale, sino también para otros siete inmuebles ubicados en los estados de Baja California, Querétaro, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León.

En total se aseguraron estas propiedades hasta por 366 millones de pesos por daño físico, gastos extraordinarios, remoción de escombros, cobertura automática, extensión de cubierta y otros riesgos no especificados.

Entre las propiedades aseguradas están el casino Fantastic, reabierto después con el nombre de Malibú, localizado en el número 220 de la avenida Manuel Barragán, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo, Nuevo León.

Precisamente esa casa de apuestas, fundada por Rocha Cantú al norte del área metropolitana de Monterrey, está vinculada con los negocios que hizo la mafia de la Secretaría de Gobernación (Segob) que traficaba con permisos falsos.

Reporte Indigo publicó que esta red, integrada por exfuncionarios cercanos a Felipe Calderón, estaba encabezada por el excoordinador de asesores de Gobernación, Juan Iván Peña Neder.

El exfuncionario está recluido en el Cereso de Morelia, acusado de violación tumultuaria y amenazas contra su exesposa Talía Vázquez Alatorre, quien denunció a la red criminal.

La abogada declaró ante las cámaras que en la mafia estaba involucrado Guillermo Santillán Ortega, extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación, y Roberto Correa Méndez, exdirector adjunto de Juegos y Sorteos de la Segob.

La denunciante también señaló al abogado Julio Esponda, quien habría recibido sobornos para la operación de casinos, y al senador Roberto Gil Zuarth, exsecretario privado de Calderón, quien presuntamente obtuvo 800 mil dólares por su intervención en la apertura del Royale en Querétaro.

El legislador del PAN calificó como una calumnia esta acusación y desconoció a Vázquez Alatorre.

La litigante los acusó de ser los dueños de Exciting Games S.A. de C.V. y Producciones Móviles S.A de C.V, compañías con las que presuntamente traficaban los permisos federales.

Esta publicación dio a conocer correos electrónicos intercambiados entre Rocha Cantú y Peña Neder en julio de 2010, en los que se adjuntaron fichas de depósito por pagos a una cuenta bancaria de Banorte.

Uno de los depósitos de 148 mil 875 pesos, supuestamente a favor del exfuncionario preso, contenía la inscripción “Fantastic”, y en otro de 99 mil 250 pesos se leía la palabra “Acuña”, escrita a mano.

Además del casino en Escobedo, la póliza también contempla un inmueble ubicado en el centro de Acuña, Coahuila, en el número 365 poniente de la calle Miguel Hidalgo, y otro inmueble sin especificar, en Querétaro.

Es decir, se aseguraron tres propiedades en ciudades donde operó la mafia de los permisos.

El seguro también abarca dos inmuebles más en Nuevo León: una bodega en el número 115 de la calle Monte de los Olivos, en la colonia Industrial Monte de los Olivos, en Santa Catarina, y otra sin dirección en Guadalupe.

También otro localizado en el lote 14 de Plaza Náutica, en boulevard Marina, en Los Cabos, Baja California; y uno en Mazatlán, Sinaloa, ubicado entre Camarón y Sábalo y Sierra Nevada, en la colonia Lomas de Mazatlán.

El pasado 27 de febrero, la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob suspendió los permisos de las empresas ligadas a esta mafia de exfuncionarios.

La medida obligó a cerrar unos 21 casinos en todo México que operaban con las autorizaciones traficadas por la red de la Segob.

¿Quién es Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú es dueño de Conexiones y Mangueras S.A. (Cymsa) y Entertainment Enterprises México S.A. de C.V., empresa operadora del casino Royale. 

Se asoció con la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V. para utilizar la licencia federal otorgada por la Secretaría de Gobernación.

Rocha Cantú es como socio de otros casinos en Nuevo León, como el Cristal Palace, en Avenida Revolución,  Fantastic, de Escobedo, Abu Dhabi, en Apodaca, Prestige, en la calle Madero de Monterrey, y otro ubicado en la carretera a Nuevo Laredo. 

En publicaciones en la prensa figura además como dueño de Royale & Sport Books en conjunto con Javier Vázquez, además en la empresa Wolrdwide Eagle LCC, con sede en San Antonio, Texas, en sociedad con Leticia Rocha Cantú.

Después de la tragedia del Royale, Rocha Cantú se expatrió a Estados Unidos y desde ahí alegó inocencia el 7 de septiembre de 2011, dos semanas después de la tragedia, cuando la PGR recabó su declaración, vía consular, desde Miami.

Un año y cuatro meses después de la tragedia, el casinero Raúl Rocha Cantú regresó a Monterrey.

¿Terrorismo o no? 

¿El Cártel de Los Zetas cometió un acto terrorista?

Para las autoridades estatales no fue así, aunque Calderón lo calificó de esta manera.

Inclusive, la póliza del casino Royale contiene una cláusula especial que lo excluye de riesgo de terrorismo.

En enero pasado, el director de Protección Civil de Nuevo León, Jorge Camacho Rincón, declaró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que la célula atacante había consumado un acto de esa naturaleza.

Ante las declaraciones, el procurador de Justicia Adrián de la Garza Santos, y el secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra, salieron a desmentir la versión del comandante.

“El presidente de la República los clasificó así públicamente, pero para los efectos formales legales hay que cumplir con ciertas características para que se pueda dar el tipo penal de acto terrorista. En este caso no fue así”, declaró Ibarra ante medios de comunicación.

AXA Seguros define “terrorismo” en el convenio firmado con el asegurado de la siguiente manera: 

“Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de alguien o en conexión con cualquier organización o gobierno, realicen actividades por la fuerza, violencia o por utilización de cualquier otro medio con fines políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza.

“Destinados a derrocar, influenciar o presionar al gobierno de hecho o de derecho, para que tome una determinación, o alterar y/o influenciar y/o producir alarma, temor, terror o zozobra en la población”.

Se siente sin culpa

Existe una denuncia penal de los deudos contra Rocha Cantú, pero el casinero no se siente culpable del multihomicidio de civiles inocentes.

Un año y medio después de la tragedia, el casinero aseguró al Ministerio Público de Nuevo León no sentirse responsable de la tragedia.

Al ser interrogado por la autoridad en diciembre del año pasado, dentro de la averiguación previa por el asesinato de 52 personas, se presentó como una víctima más de uno de los mayores atentados del narcotráfico registrados en el país.

El propietario de Entertainment Enterprises of Mexico tampoco aceptó su responsabilidad por la presunta operación ilegal del casino que funcionaba el día de los hechos con los permisos irregulares de la Segob.

El centro de apuestas funcionaba con una licencia expedida por Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta S.A. de C.V., empresa que denunció Gobernación.

Tampoco admitió que el establecimiento no contaba con las medidas suficientes de seguridad, como lo señalaron las investigaciones federales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El empresario compareció en la investigación, pero de manera reservada por la Procuraduría del estado, que no informó del regreso del casinero a Monterrey.

Breve historia del Royale

Desde su inauguración en 2007, la casa de apuestas ha pasado por momentos marcados por la tragedia y la polémica.

2007
El casino Royale, localizado en la avenida San Jerónimo, en Monterrey, se inaugura en noviembre ante más de 500 invitados.

2011

17 de enero
Un comando armado entró a las instalaciones sometiendo a las personas presentes, hecho que fue negado por el que entonces era su apoderado legal, Enrique Hernández Navarro.

4 de mayo
El Municipio de Monterrey lo clausura por carecer de permisos de ampliación.

31 de mayo
Reabre sus puertas bajo un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorgado por el magistrado José Alfonso Solís Navarro.

25 de agosto
A las 15:30 horas, ocurre una explosión provocada atribuida al Cártel de los Zetas, que causa la muerte a 52 personas.


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