El noreste de México vive una de sus máximas expresiones de violencia en el país: el uso de campos de exterminio por organizaciones del crimen organizado.
Con al menos una decena de sitios en donde se han localizado cientos de restos humanos en solo dos entidades federativas, el debate se torna sobre si las autoridades gubernamentales y el Estado mismo se encuentran bajo una captura total o van rumbo a ser declarados como fallidos.
A finales de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda anunció el hallazgo de un campo de exterminio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De un rancho, supuestamente aún en operación, en el kilómetro 26 de la carretera a Monterrey, se rescataron poco más de 500 kilos de restos humanos. Karla Quintana, titular de la CNB, señaló que en el lugar se incineraban restos y que en dicha carretera se han registrado más de 70 desapariciones.
Organizaciones de víctimas y buscadores, como los colectivos 10 de Marzo y Todos Somos Uno, reclamaron que ese campo había sido encontrado un mes antes, pero la CNB prefirió hacer el anuncio a medios antes que reunirse con los familiares.
De igual manera, advirtieron de otros tres campos hallados en Reynosa y dos más en Matamoros, todos con capacidad para el exterminio de cientos de personas, habiendo todavía más de menor tamaño por todo el estado.
A esto se suma el llamado hecho desde finales de julio por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, otro colectivo de víctimas, el cual pidió a las autoridades de su estado acciones específicas respecto a los cinco campos de exterminio localizados en la entidad en últimos años: dos en el municipio de García y tres más en Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria y Juárez, de donde se rescataron más de 667 mil restos óseos.
Para analizar la situación de violencia superlativa que representan los campos de exterminio, Reporte Índigo entrevistó a Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, quien considerando estos actos como actos extremos por parte del crimen organizado, postula la posibilidad de lo que se ha identificado como una captura total del Estado a manos de estos grupos.
“El Estado ya no se mueve de manera independiente, sino que hay una presión, al menos por un lado, de la delincuencia organizada para que haga ciertas cosas en favor de ellos”
“Mucho tiene que ver con dos factores: el poder de corrupción que tienen los grupos de la delincuencia organizada a través del dinero y de la violencia. Y, por otro lado, la debilidad de las instituciones en cuanto a falta de recursos humanos, materiales y a veces la lejanía territorial”.
En Colombia, otro país que también ha enfrentado el embate del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, Nava señala que casos como los de los campos de exterminio muestran la capacidad que han alcanzado estas organizaciones, incluso pudiendo llevar a cabo “limpiezas”. Es decir, masacres y desapariciones de integrantes de bandas contrarias, delincuentes menores y ciudadanos comunes.
De igual manera, recalca que el Estado se entiende en el sentido clásico, significando el conjunto de territorio, gobierno y población. Por lo que el control de la dinámica social por medio de las mismas estrategias de violencia y corrupción por parte de las organizaciones criminales es tan importante como lo es mantener el dominio territorial y la influencia que han venido ejerciendo en el plano político, llegando a intervenir en los recientes procesos electorales en determinadas entidades del país.
“El control de la dinámica social se da a partir de varios elementos que pueden ser ‘positivos’ o ‘negativos’ para la población. Positivos pueden ser cuando empiezan a matar secuestradores para hacerle justicia a la gente, en lugar de las propias autoridades, sustituyéndolas. De forma negativa pueden imponer toques de queda, las extorsiones, el secuestro u obligar a que la gente se desplace debido a la violencia. Finalmente son tácticas violentas para mantener el control social”.
En contraste, la doctora Arlene Ramírez, académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y fundadora de la agencia Brandketing, advierte que casos extremos como los campos de exterminio se pueden interpretar como el preámbulo a que México se convierta en un Estado fallido. Principalmente por la ausencia de un Estado de Derecho que proteja las garantías individuales y a los grupos vulnerables.
“Con el paso del tiempo, no solamente vemos la preocupación de la comunidad internacional, sino al interior del país en función de menos respuesta y acciones por parte del gobierno. La preocupación crece porque hay una falta de actividad o de posturas más contundentes. Lo que requeriríamos es, justamente, la articulación de todo lo que comprometemos en tratados internacionales para poder realmente decir que vivimos en un país libre de violencia”.
Apuntando a que México es signatario de varios convenios internacionales que lo obligan a garantizar la seguridad de la población, Ramírez también sustenta su argumento recordando las bajas en calificaciones financieras que ha tenido el país en los últimos años. Siendo que, en julio, Moody ‘s degradó a Petróleos Mexicanos a Ba3. Mientras que Fitch redujo la calificación del país a BBB -desde abril de 2020-, si bien esta se mantuvo tras el reciente proceso electoral.
Por ello advierte de “la pérdida de confianza en un Estado de Derecho que deberíamos tener y estar procurando.
“El riesgo de esto es que el país ha comprometido demasiadas acciones -a través de organismos internacionales a los que pertenecemos, cartas compromiso y muchos instrumentos- que finalmente no son aterrizados en cosas reales. Más bien, son hoy faltas a estos mismos instrumentos que no tenemos listos para ser aplicados en México al 100 por ciento”.
