Todo empezó después del aburrido espectáculo que dieron los precandidatos del PAN el 17 de enero, en un evento que alguien denominó “debate”.
Los aspirantes blanquiazules no dijeron nada que no hubieran dicho antes. Daban la impresión de ser autómatas que leían para sí mismos lo que estaba escrito en un teleprompter.
Y aunque era previsible que esto ocurriera, la mayoría de quienes se tomaron la molestia de ver el “debate” esperaban que surgiera algo que llamara su atención.
Santiago Creel insistió en que los índices de la delincuencia bajaron a la mitad en el gobierno de Vicente Fox. Que él, como secretario de Gobernación, pudo lograrlo.
Y, sin decirlo expresamente, dio a entender que la inseguridad que hoy padece México es culpa de Felipe Calderón.
Josefina Vázquez Mota dijo sin titubear lo que parecía una recitación aprendida de memoria por una niña aplicada de primaria.
Ni siquiera se inmutó cuando Ernesto Cordero la acusó de no ser una auténtica calderonista por no haber defendido las iniciativas y políticas del presidente.
En tanto, Ernesto Cordero volvió a su consabida metáfora del avión. Argumentó que su experiencia como secretario de Hacienda lo califica como el único de los tres precandidatos que está preparado para pilotear la nave (la nación) en medio de las turbulentas amenazas económicas y financieras que se avecinan.
No hubo ganador del debate. Tampoco perdedor. Y es que nunca hubo debate.
Seguramente por eso generó tantas expectativas la iniciativa de Carmen Aristegui, quien invitó a los tres precandidatos a su programa para hacer algo diferente: a tener un debate en serio.
Santiago Creel aceptó. Lo mismo hizo Ernesto Cordero.
Sin embargo, Josefina Vázquez Mota declinó la invitación. Dijo que tenía que esperar el pronunciamiento de la Comisión de Elecciones de su partido sobre la licitud de los debates.
EL DEBATE SOBRE LA LICITUD DE LOS DEBATES
El debate sobre la licitud de los debates empezó el viernes previo al debate de los precandidatos panistas.
Joaquín López-Dóriga anunció que había cancelado el debate que había acordado realizar en su programa de radio con los precandidatos perredistas a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Justificó su decisión explicando que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) había dirigido una circular a sus miembros para pedirles que se abstuvieran de realizar debates.
Supuestamente, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente a un caso de Nayarit, dejaba en claro que los debates estaban prohibidos y que los medios electrónicos podrían hacerse acreedores a una sanción.
Muchos conductores empezaron a criticar la presunta prohibición. Culpaban a los legisladores de haber hecho una ley que impedía los debates en una contienda que supuestamente es democrática.
Sin embargo, como tal prohibición no existe en la ley electoral, muchos entendieron que el reclamo habría sido utilizado como un pretexto para criticar la ley, que lo que sí prohíbe es la contratación de medios electrónicos por alguien diferente de las autoridades electorales.
En la radio se escucharon las voces de políticos, funcionarios electorales y expertos.
Lo mismo vertieron sus opiniones ex consejeros del IFE como Luis Carlos Ugalde, que el mismísimo presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. Todos coincidieron en que tal prohibición no existe en la ley.
Sin embargo, el que dilucidó el tema con mayor claridad fue el presidente del IFE.
