Nadie puede darse por sorprendido ante lo que sucedió en el Penal de Apodaca, en Nuevo León, con la masacre de 44 internos ligados al Cártel del Golfo y la fuga de 30 integrantes de Los Zetas.

Al presidente Felipe Calderón se le advirtió que la captura de cientos o miles de criminales obligaba a ampliar y modificar el sistema penitenciario. No escuchó.

A Genaro García Luna se le delegó la responsabilidad de cuidar los exámenes de confianza. Pero como ni él mismo ni sus principales subordinados los aprobarían, enmudeció. El secretario de Seguridad Pública calló.

Y Rodrigo Medina fue ciego a las advertencias de que su nuevo director del Penal de Apodaca había sido despedido del reclusorio de Santa Martha Acatitla por presuntos actos de corrupción. El gobernador se volvió ‘invidente’, aun frente a las alertas publicadas hace siete meses por Reporte Indigo, que denunciaban las disputas entre Golfos y Zetas por el control de esa cárcel. Analicemos.

UN PRESIDENTE ‘SORDO’

Felipe Calderón no escucha razones. Su virtud está en el hablar, pero no en el escuchar.

En su discurso diario sobre lo que llama “su guerra” contra el crimen organizado, se desvive por presumir sus logros. Ya es cosa de todos los días.

Que la lucha es sin cuartel, que sus hombres de seguridad pública están depurando las corporaciones.

Que se están imponiendo los exámenes de confianza para evitar filtraciones de los criminales.

Que se está asesorando a los estados para que tengan mejores policías que apoyen la cruzada anticrimen.

Que cada día son más y más los jefes de los cárteles que están detrás de las rejas, purgando sentencias.

Pero todo ese discurso se desvaneció en la madrugada del domingo pasado, cuando en el Penal de Apodaca, en Nuevo León, 30 integrantes de Los Zetas se dieron a la fuga y 44 internos ligados al cártel del Golfo fueron ejecutados.

Cinco años del sexenio capturando a los cabecillas de los cárteles en el conflictivo Nuevo León, para que en una sola acción violenta recuperaran su libertad a la mala.

Sin que sea definitivo, el veredicto hasta ahora es que los directivos y algunos celadores del penal entraron en complicidad con los criminales, que tenían el control del sobreocupado reclusorio.

Y no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando el presidente Felipe Calderón inició su lucha contra el narcotráfico, se advirtió sobre la escasez de penitenciarías.

Apenas en el quinto año, se están construyendo cinco. La resaca criminal de la guerra de cinco años fue a parar a prisiones federales y a reclusorios estatales saturados. Hay unos 40 mil reos por encima de la capacidad máxima de las cárceles.

Es una falla de cálculo. Si, como se esperaba, la guerra era eficiente y serían detenidos cientos o miles de criminales, ¿a qué prisiones irían a parar? La solución fácil fue sobrepoblar las cárceles estatales.

Pero el problema se salió de control. Los motines en todo el país aumentaron por las deplorables condiciones de los penales, un hecho que fue alertado por las Naciones Unidas. Un hecho que fue desoído por el gobierno federal.

¿De qué sirve detener y detener criminales, si terminan por convertir las prisiones en sus modernos centros de operaciones, con celular en mano, Internet disponible y suites con servicios de chefs y meseros?

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