Reporte Indigo publicó en enero de este año el escándalo de Isla Blanca, una historia de tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable. Una saga que involucra a las familias del operador político de Enrique Peña Nieto, el diputado federal de Nuevo León Felipe Enríquez, y del ex gobernador Natividad González Parás. Ahora se revela que ambos están involucrados en un contrato con el consorcio español Grupo Martinón para construir más de 6 mil habitaciones al norte de Cancún, aunque esas playas están en litigio y con doble escrituración.
Esta historia es un testimonio del oscuro proceso que lleva a los políticos mexicanos a convertirse en socios de empresas millonarias.
A hoteleros de cinco estrellas y terratenientes, cuando siempre recibieron sueldos del servicio público.
Inclusive, nos aclara cómo son capaces de extender su invitación a inversionistas extranjeros, quienes podrían estar siendo partícipes de un botín construido sobre violaciones a la ley, o simplemente estar siendo engañados por los políticos mexicanos.
Es una historia de tráfico de influencias, de enriquecimiento inexplicable y de falta de coherencia entre la ética y la política en este país.
Porque los protagonistas utilizan el servicio público para gestionar y negociar beneficios personales, incluso incurriendo en ilegalidades.
Se trata del legislador federal priista Felipe Enríquez [15], operador de campaña y compadre de Enrique Peña Nieto, y Natividad González Parás [16], ex gobernador de Nuevo León.
Y es que para tratar de poseer al menos una parte de los 30 kilómetros de playas vírgenes ubicadas al norte de Cancún, [17] las familias del ex gobernador y del legislador crearon tres empresas.
A través de ellas, se convirtieron en promotores y litigantes de un desarrollo turístico [18] que se proyecta construir sobre tierras en litigio y con doble escrituración.
Es un proyecto hotelero denominado Sotolindo por los inversionistas españoles.
A través de las compañías que fundaron, Felipe Enríquez Hernández y Natividad González Parás [19] usaron sus cargos públicos e influencias políticas para apostarle a ganar una serie de juicios sobre la posesión de esas playas en Isla Blanca.
También se involucraron en delitos que están documentados en la doble escrituración de esas propiedades.
Incluso, están relacionados con una invasión violenta a esa isla que terminó con la aprehensión de decenas de personas.
Además, Enríquez negoció personalmente una parte de esas tierras dentro del Reclusorio Norte, donde estaba recluido el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien fue detenido por cargos de narcotráfico y actualmente está preso en Estados Unidos.
Los dos políticos nuevoleoneses [20] hicieron todo esto sabiendo que Isla Blanca todavía tiene varios juicios y procesos abiertos sobre la posesión de la tierra.
Y sin tener certeza sobre la propiedad de los terrenos, confiando en sus influencias y su capacidad corruptora, los políticos regiomontanos firmaron en junio pasado un contrato con inversionistas españoles.
De tal manera que Grupo Martinón y NH Hoteles, como cómplices, o simplemente engañados por los políticos mexicanos, ya promueven el desarrollo turístico de Isla Blanca con el nombre de Sotolindo.
Incluso, ambas empresas españolas ya describen el proyecto en Internet y hasta publican fotos de Isla Blanca.
Grupo Martinón habla de este desarrollo en su sitio www.grupomartinon.com [21], dentro del apartado “Proyectos Futuros”.
Y la cadena NH Hoteles hace referencia al proyecto en su Informe Anual 2010.
Así de avanzado está el proyecto que se planea construir en tierras que tienen una serie de juicios pendientes de resolver.
Desarrollo turístico en el que los dos políticos regiomontanos han invertido millones de dólares en escrituraciones y compraventas irregulares, cuando realmente son dos abogados que siempre se dedicaron al servicio público.
El operador de campaña y compadre de Enrique Peña Nieto, el diputado federal de Nuevo León Felipe Enríquez, a su paso por la Secretaría de la Reforma Agraria y Fomerrey (Fomento Metropolitano de Monterrey), se convirtió en operador e inversionista en bienes raíces.
Amasó una riqueza que no puede explicar porque, en lugar de ejercer sus cargos públicos, los utilizó para buscar y encontrar propiedades con problemas de doble titulación en la Reforma Agraria.
También usó el servicio público para tener información privilegiada, como el caso de Isla Blanca, y hacer compras turbias de terrenos ejidales en condiciones ventajosas, como en Ucú, en los suburbios de Mérida, Yucatán.
De hecho, el diputado federal actualmente construye una residencia de lujo en el fraccionamiento El Renacimiento, en Monterrey. Además de tener propiedades y departamentos de lujo en Cancún, Quintana Roo.
De ese destino turístico partió un yate de su propiedad que luego apareció en Florida vacío y con el motor encendido, por lo que las autoridades piensan que pudo ser utilizado para operaciones de narcotráfico.
En el caso del ex gobernador de Nuevo León Natividad González Parás, siempre está presente la sombra de sus hermanos incómodos, Luis Francisco y Javier.
Porque desde su cargo público como gobernador, Natividad cobijó negocios particulares y proyectos de sus hermanos.
El propio ex gobernador, de ser un abogado de clase media que vivía en la casa que le regaló su suegro en San Pedro Garza García, ahora busca ser un empresario hotelero en Isla Blanca a pesar de que siempre se ha dedicado al servicio público.
De hecho, como lo denunció su cuñada Martha Maiz, la residencia que le regaló su suegro fue en pago de la próspera relación de negocios que tuvo la administración de González Parás con la empresa de su familia política, la Constructora Maiz Mier.
Porque la obra pública que hizo esa compañía estuvo marcada por los sobreprecios. Porcentajes de dinero público que fueron pagados a la constructora y que están muy por encima de las cotizaciones originales con las que los Maiz ganaron las licitaciones.
LA ALIANZA CON LOS ESPAÑOLES
Para invitar a los ibéricos, los políticos regiomontanos crearon tres empresas a nombre de familiares.
Las compañías relacionadas con Felipe Enríquez y Natividad González Parás son Consorcio GH, S.A. de C.V. y Raíces Consultoría, S.A. de C.V., inscritas en Monterrey.
Éstas tienen dos lotes de unas 27 hectáreas en Isla Blanca.
Y en relación solamente con Felipe Enríquez y un socio de éste en Yucatán, Arturo Millet, se constituyó la compañía RYR, S.A. de C.V., inscrita en Playa del Carmen. Ésta posee unas 13 hectáreas en la isla.
Pero, a su vez, Consorcio GH Y Raíces Consultoría están como accionistas de una tercera: GLS-4 Corporativo, S.A. de C.V.
Así, las dos compañías con las que negocian los regiomontanos son GLS-4 Corporativo y RYR.
Luego de crear estas dos razones sociales, los políticos priistas de Nuevo León buscaron a Arturo Bojórquez León.
Este hombre de Quintana Roo está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra.
Y es que como hay tantos juicios y querellas sobre los 30 kilómetros de playas vírgenes localizadas al norte de Cancún, ni los González Parás ni Felipe Enríquez pudieron destrabar los casos por la vía civil.
Así que usaron la fuerza para tratar de quitarle a Arturo Bojórquez León la posesión de Isla Blanca.
Los políticos nuevoleoneses invadieron la isla con la ayuda del Sindicato de Taxistas de Quintana Roo, quienes sirvieron de porros armados con palos y piedras.
Pero no lograron sacar a Bojórquez León, quien tiene vigías armados con fusiles.
Así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio.
Por medio de las empresas GLS-4 Corporativo, S.A. de C.V. y RYR, S.A. de C.V., donde aparecen como socios familiares de González Parás y Enríquez, ambos políticos hicieron una alianza con quien era su enemigo, Arturo Bojórquez León.
Esta nueva sociedad abrió la puerta para invitar a los españoles de Grupo Martinón a desarrollar Isla Blanca turísticamente.
Arturo Bojórquez León, GLS-4 Corporativo y RYR hicieron una sociedad con Grupo Martinón para crear la compañía Fomento Inmobiliario del Caribe, S.A. de C.V. (FICSA).
Según un contrato firmado entre Grupo Martinón, Bojórquez León, GLS-4 Corporativo y RYR, los españoles pondrían 40 millones de dólares.
Y con esa sociedad, GLS-4 Corporativo, empresa que está a nombre de parientes de los dos políticos nuevoleoneses, obtendría 8.59 por ciento de acciones del desarrollo turístico Sotolindo.
Esto, aunque con las escrituras que tienen GLS-4 Corporativo y RYR, todavía corren el riesgo de no poder realizar el traslado de las tierras a FICSA, empresa que crearon en sociedad con los españoles.
Porque existe una demanda y una ampliación de ésta que podría ocasionar que se detenga cualquier movimiento en las escrituras de esas tierras que están en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.
Lo que ocasionaría que las dos compañías creadas por los políticos nuevoleoneses no pudieran hacer el movimiento de esas tierras a la sociedad FICSA.
Y es que todo este plan está sustentado en una serie de juicios y una demanda civil por parte de José Francisco Dives León y Alejandro Culebro Siles, quienes afirman tener los títulos originales de una gran parte de Isla Blanca.
De hecho, en 2006, estos dos hombres habrían recurrido a un tercero, Francisco Farjeat, para que el entonces gobernador Natividad González Parás hiciera labores de gestoría aprovechando sus influencias.
Y fue Natividad quien le pidió a Felipe Enríquez que operara para recuperar las tierras de Isla Blanca que estaban en poder de Arturo Bojórquez León.
Los dos políticos entraron a la disputa por Isla Blanca buscando obtener una parte de la propiedad como pago por sus influencias.
La ampliación de la demanda civil interpuesta por los dos hombres que reclaman tener los títulos originales parece poner en evidencia que ya no confían en los políticos regiomontanos.
Pero los planes turísticos de las empresas constituidas a nombre de familiares de Enríquez y González Parás parecen seguir su curso a pesar de los problemas jurídicos.
Incluso, ambos políticos presentaron su proyecto ante el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo, que es la municipalidad a la que pertenece Isla Blanca.
De hecho, el diputado Enríquez, ya como operador de campaña de Enrique Peña Nieto, cabildeó ante ese municipio para lograr la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano del proyecto turístico.
LAS EMPRESAS DE CINCO ESTRELLAS
Son dos las compañías que utilizaron los políticos y sus familias para hacer la alianza con los españoles. Se trata de GLS-4 Corporativo, S.A. de C.V. y RYR, S.A. de C.V.
La clave, el rastro de los políticos de Monterrey está principalmente en GLS-4 Corporativo.
En esta empresa, el delegado especial de la Asamblea de Accionistas es Alfredo Martínez González, yerno de Luis Francisco González Parás, hermano del ex gobernador de Nuevo León.
Y GLS-4 Corporativo, a su vez, está conformada por otras dos empresas: Consorcio GH, S.A. de C.V. y Raíces Consultoría, S.A. de C.V.
En Consorcio GH aparecen como socios Luis Francisco González Parás, hermano del ex gobernador nuevoleonés Natividad, y su hijo Luis Francisco González Hinojosa.
En la segunda empresa, Raíces Consultoría, S.A. de C.V., aparece como socio Hugo César Flores Toba, cuñado del diputado federal Felipe Enríquez.
Además, hay otras razones sociales que también suscriben el proyecto de Isla Blanca con el consorcio Martinón.
Una es RYR, S.A. de C.V. y la otra está a nombre del particular Arturo Bojórquez León, quien está en posesión de toda Isla Blanca con gente armada, aunque sólo tiene documentos que amparan la propiedad de unas 80 hectáreas, de un total de 220.
RYR, S.A. de C.V. es atribuida a Felipe Enríquez y a su socio en la península de Yucatán, Arturo Millet.
GLS-4 Corporativo, RYR y Arturo Bojórquez León ahora son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA), cuyo accionista mayoritario es Grupo Matinón.
FICSA, empresa que tiene 65 por ciento de participación de Grupo Martinón, pretende desarrollar más de 6 mil habitaciones hoteleras y de uso residencial en Isla Blanca bajo el nombre de Sotolindo.
De ahí, alrededor de 26 por ciento sería para Arturo Bojórquez León, y 8.59 por ciento para GLS-4, propiedad de los políticos regiomontanos.
Aunque, claro está, quienes reclaman tener los títulos originales y presentaron una ampliación de la demanda podrían provocar que el Grupo Martinón decidiera retirase del negocio.
Y es que el consorcio ibérico que ha desarrollado hoteles en alianza con Meliá y NH Hoteles en Islas Canarias, Cuba, la Riviera Maya y República Dominicana, podría ser notificado esta misma semana de la ampliación de la demanda.
Así, el operador de campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado Felipe Enríquez, espera que su compadre llegue a la candidatura del PRI y luego a la Presidencia de la República, para convertirse en hotelero de cinco estrellas.
Y seguramente también está en compás de espera el ex gobernador Natividad González Parás, pues es quien encargó la operación de Isla Blanca a Felipe Enríquez.
Pero en esta historia todavía falta recorrer un largo camino de juicios, prestanombres y doble escrituración para resolver el caso de Isla Blanca.
