La chatarra sigue en el recreo

¿Cómo se supone que se debe luchar contra la obesidad –y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas– en niños y adolescentes si las autoridades de las escuelas ni siquiera conocen los lineamientos de la regulación obligatoria de alimentos y bebidas?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS) son responsables de hacer cumplir esta ley, que en el nuevo ciclo escolar ha sido calificada como “letra muerta” por Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una organización civil integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria. 

En un comunicado, Calvillo dijo que la SEP y la SS “han dejado en el papel esta regulación, que tenía como propósito proteger la salud de los niños y adolescentes mexicanos que presentan uno de los más altos índices de sobrepeso y obesidad en el mundo (33 por ciento)”. 

Y es que los lineamientos de la regulación, publicados el pasado 16 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, establecen que la SEP y la SS son responsables de “acordar la modalidad de las capacitaciones dirigidas a los actores involucrados en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, de acuerdo a las necesidades”. 

Asimismo, de ”brindar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria a los miembros del Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, proveedores, aspirantes a proveedores y padres de familia o tutores”.

Pero pareciera que ni maestros, ni directivos, y tampoco los padres de familia, conocen que la ley establece que de lunes a jueves, las cooperativas escolares solo podrán ofrecer frutas, verduras y cereales integrales a los alumnos.

Y que las escuelas deben dar acceso a agua potable a los alumnos, detalla la asociación. 

También desconocen los criterios nutricionales establecidos para los productos procesados, que se solo se podrán vender los viernes.

En una evaluación de los lineamientos aplicados en las escuelas entre 2010 y el primer semestre de 2014, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que los mismos eran desconocidos por entre 40 y 80 por ciento de directores, profesores, expendedores de alimentos, padres y miembros de los Comités de Establecimientos de Consumo Escolar. 

A su vez, se encontró que entre 40 y 60 por ciento de los directores desconocía qué botanas, pastelillos y bebidas azucaradas estaban prohibidos en base a los criterios.  

Además, en el 80 por ciento de las escuelas había disponibilidad de bebidas azucaradas, mientras que solo una tercera parte de las mismas contaba con bebederos de agua.

“Parece que la SEP y la Secretaría de Salud no han aprendido de la experiencia o bien no les interesa, y solo tratan de aparentar hacer, sin cambiar las condiciones que han contribuido a esta epidemia de sobrepeso y obesidad infantil”, apuntó Xaviera Cabada, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor.

> Un estudio realizado por la Fundación InterAmericana del Corazón en 40 escuelas de las delegaciones de Tlalpan y Xochimilco, en el Distrito Federal, reveló que 21 por ciento de los estudiantes de secundaria tenía presión arterial alta. En el primer año de secundaria, 13 por ciento de ellos tenía sobrepeso. Y 26 por ciento cuando pasaron a tercer año de secundaria.