Las entradas y salidas del municipio son vigiladas por policías sampetrinos, pero también por civiles que circulan en autos robados y que rastrean los movimientos de cualquier sospechoso, pero también del Ejército y La Marina (véase la edición 233 de RIM).
De hecho, los policías y los patrulleros no oficiales que presuntamente trabajan para el Cártel de los Beltrán Leyva, tienen claves para reportar los movimientos de La Marina y del Ejército, pues saben que en ocasiones sus radiofrecuencias son interferidas.
Así emplean frases como “Máquina 20” o “líquido” para referirse a militares o marinos.
El temor de que las fuerzas federales descubran la red que existe entre policías y patrulleros civiles en San Pedro, tiene a varios de los miembros del grupo de los Dragones más alerta que nunca: se avisan entre ellos cuando las fuerzas federales están cerca.
Apenas el lunes pasado el Ejército visitó de nuevo las instalaciones del Ayuntamiento de San Pedro.
Con ésta sería la cuarta incursión que realizan fuerzas federales y podría significar la inevitable entrada de militares al patrullaje de las calles, pero a diferencia de Guadalupe, sin la coordinación de la administración municipal: actuando solos.
Y es que San Pedro es el único municipio de la Zona Metropolitana de Monterrey en el que ya había ingresado un militar a dirigir la Secretaría de Seguridad y tuvo que salir debido a la infiltración de un grupo del crimen organizado.
Se trata del general brigadier, Gonzalo Adalid Mier, quien antes del desencuentro con el acalde de San Pedro Mauricio Fernández, ya había trazado una estrategia de seguridad.
En el plan del general se incluía la compra de patrullas y motocicletas de lujo así como el aumento de los salarios de los elementos policiacos para evitar la vinculación con el crimen organizado.
Parte de estos recursos saldrían del mismo fondo que hoy tiene cabildeando a la alcaldesa de Guadalupe con la Federación: el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).
Porque San Pedro recibió en 2010, 10 millones de pesos de ese fondo, de los cuales 3.3 estarían destinados a pagar compensaciones a 300 elementos municipales, dependiendo de su rango y trayectoria (véase la edición U39 de Indigo Update).
Pero en la asignación de estos bonos para los policías, se evidenció la realidad que obligó a Adalid Mier a dejar su cargo: la prestación sólo llegó para algunos elementos, los cercanos al Grupo Rudo y a los Dragones.
Incluso a algunos oficiales que no trabajaban en estos grupos, se les degradó el rango para evitar darles la compensación.
El resto de los 10 millones en realidad no se sabe en donde terminaron, pues varias de las acciones que el general deseaba implementar, nunca se llevaron a cabo.
Mauricio Fernández se da el lujo de desviar el dinero que hoy tanto trabajo le cuesta conseguir a Ivonne Álvarez, en una estrategia que según él mantiene al municipio en paz, pero que en realidad tiene a las fuerzas federales rastreando pistas para desmantelarla.
