Avalan irregularidades
Hay una prueba contundente de que Gobernación lanzó a la opinión pública un paliativo que favorece al director de la empresa operadora del casino, CYMSA Corporation S.A. de C.V.
La declaración fue difundida el 29 de agosto pasado en la Ciudad de México, por Laura Gurza, Coordinadora de Protección Civil de la secretaría de Gobernación.
Laura Gurza sale a declarar que 30 peritos llevan a cabo las investigaciones de las condiciones en que se encontraba el edificio del casino Royale.
Pero antes de que tengan el dictamen final, dice que el centro de apuestas cumplía con las disposiciones de protección civil.
Esto, cuando ya hay un delito por el cual se persigue a Raúl Rocha Cantú, que es el homicidio culposo, luego de que las 52 víctimas del incendio quedaron atrapadas en el casino.
Y de que según declaraciones públicas de empleados y clientes que se encontraban ahí, las puertas laterales estaban atrancadas.
También, de que evidentemente en un costado del edificio no hay puertas ni escaleras de emergencia que bajen del segundo piso hacia el estacionamiento.
Incluso, los cuerpos de rescate tuvieron que abrir dos hoyos en el muro contiguo al estacionamiento.
Y además, la dirección de Protección Civil del Municipio no podía entrar a inspeccionar el casino Royale, porque el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Alfonso Solís, concedió la protección de la justicia contra esa dependencia.
Y ayer jueves, el Cuerpo de Bomberos de Monterrey difundió que ellos no avalan las medidas de seguridad que encontraron en el edificio por la falta de puertas de emergencia.
¿Negligencia o colusión?
La actuación de la Dirección General de Juegos y Sorteos de Gobernación, permitió que fuera otorgado un permiso para abrir 35 “Salas de Sorteos de Números” en Jalisco.
Se trata de la única concesión que se otorgó durante la administración de Felipe Calderón y que cuenta con omisiones demasiado inocentes de parte de Gobernación, incluso quizás con dolo, para que la empresa recibiera el amparo de un tribunal federal.
Gracias a que la dependencia señaló que el esquema financiero de Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. era inviable, sin dar a la empresa una prevención para subsanar deficiencias en su solicitud, el Séptimo Tribunal en Materia Administrativa obligó a Gobernación a otorgar el permiso.
Y es que el Reglamento de Juegos y Sorteos establece 16 requisitos para que una concesionaria pueda acceder a un permiso, pero la Segob consideró “ocioso” revisar si cumplían con el resto sólo por el presunto incumplimiento del requisito financiero.
La autoridad judicial al ver que la inversión inicial de Juegos y Sorteos Jalisco, S.A. de C.V. sería de 16.5 millones de pesos, dio en 2008 un primer amparo por considerar que la inversión era suficiente y pidió a la dependencia federal resolver los 15 requisitos restantes.
