En los hechos la secretaría de Gobernación federal es responsable de la impunidad y la falta de vigilancia que contribuyó a la tragedia del casino Royale.

No existe lugar para dudas y especulaciones, porque el Reglamento de Juegos y Sorteos que entró en vigor en 2005 fue violado por la propia secretaría.

Son tantos los hechos contundentes que muestran la nula vigilancia de Gobernación, que solamente pueden explicarse como actos de corrupción dentro de esa dependencia.

Porque no se trata de errores administrativos o humanos, sino de actos sistemáticos de violación al reglamento para que el negocio operara de manera irregular.

Por ello es que todavía las 52 familias de las víctimas y la sociedad nuevoleonesa reclaman la segunda parte de las investigaciones.

Aquella que no está ligada solamente a Los Zetas que provocaron el incendio, sino la investigación que conduzca a las sanciones contra las autoridades que por omisión o corrupción fueron un factor más para que ocurriera la tragedia.

Son hechos puntuales, violaciones flagrantes al Reglamento de Juegos y Sorteos.

La normatividad indica que debe haber fotografías, nombre y apellidos de los inspectores de Gobernación que vigilan los casinos, pero ni siquiera hay reportes de las inspecciones al Royale.

Por ello es que Gobernación permitió que el casino Royale violara la reglamentación al haber sido abierto junto a una escuela.

También por eso Gobernación ni siquiera sabía quiénes eran los socios o accionistas del centro de apuestas el día del incendio aquel 25 de agosto.

Tampoco sabían por qué el permiso con el que supuestamente estaba funcionando tenía otra dirección en la Colonia Vista Hermosa y no precisamente en el trágico domicilio de San Jerónimo.

Además de una serie de violaciones más, como el hecho de que el mismo reglamento ordena que cada diez días se actualice la información del sitio de internet de la Dirección de Juegos y Sorteos, donde deben aparecer los accionistas de las empresas permisionarias, su reporte de pago de derechos a Gobernación y su domicilio.

Pero en el sitio, todavía después del incendio, aparecen los datos de los primeros accionistas de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que recibieron el permiso en 1992 y que ya ni siquiera forman parte de esa empresa.

Es decir, la violación de Gobernación a su propio reglamento para Juegos y Sorteos es evidente y tiene un retraso de al menos seis años.

Porque el reglamento entró en vigor en 2005 y los datos en el sitio continúan sin ser actualizados hasta nuestros días.

También, el reglamento advierte que la secretaría de Gobernación, a través de sus inspectores, debegarantizar la seguridad de los clientes de los casinos.

Responsabilidad que tampoco fue acatada por la propia secretaría.

Impunidad, desorden, falta de vigilancia y corrupción que a 50 días de la tragedia siguen golpeando a los familiares de las víctimas y a la sociedad que busca justicia.

Pero es la misma autoridad, la secretaría de Gobernación, la que esconde todos estos reportes, porque ni siquiera a la Comisión Especial Investigadora del Casino Royale del Congreso del Estado le entregaron la información que le solicitó a la dependencia federal.

1.- PERMISO CLONADO