En los últimos tres cuartos del año la PGR y la Procuraduría del Estado se la pasaron jugando con la sociedad respecto a la tragedia del casino Royale.
Pasaron cuatro meses después del incendio y llegó la Navidad, pero los sobrevivientes de la trágica tarde en el casino de San Jerónimo ni siquiera fueron citados a declarar.
Ni por la PGR ni por la Procuraduría estatal.
Además del acto de obvia negligencia, o de intencionalmente sacarle la vuelta a la investigación, las procuradurías demostraron que son capaces de mentir, manipular y contradecirse frente a toda la sociedad.
Pero dentro del ámbito del Derecho, tanto el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Cuitláhuac Salinas, así como el Procurador del Estado Adrián de la Garza, hicieron el ridículo.
Porque el paso más elemental de una investigación, el primero en toda averiguación, debió ser que los sobrevivientes a la tragedia acudieran a rendir su declaración ministerial.
Y así también con las autoridades que ingresaron a la escena del crimen y tomaron nota de cómo se encontraban las cosas.
Como el director de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, Andrés Molina, quien dijo que al entrar no vio que existiera la red de tuberías de los aspersores contra incendios y tampoco vio suficientes salidas de emergencia.
Pero esa primera fase de la investigación simplemente no la hizo ni la PGR ni la Procuraduría del Estado.
Es un hecho que no se cumplió con la primera fase, con la foto inicial de una investigación sobre las condiciones de la escena.
Y con ello, como muchos abogados consultados opinan, no solamente se omitió la más importante etapa de una investigación y de un dictamen de Protección Civil, sino que además permitieron que se viciara la información sobre la escena del crimen.
Ambas procuradurías, porque para ser claros debieron hacerlo las dos, desecharon el principio básico de la Inmediatez Procesal en los testimonios de testigos presenciales.
Esta figura del Derecho y de la Procuración de Justicia indica que ante un hecho, los testimonios que son recabados con mayor proximidad al momento en que ocurrió, tienen un valor más nítido y claro en una investigación.
Porque cuando pasan las horas, los días, los meses, como en este caso del casino Royale, los testimonios pierden valor.
Y es que hay tres factores que regulan la valoración de un testimonio, como pudieron rendirlo en su momento los sobrevivientes o los bomberos que entraron al casino en llamas.
Estos tres niveles son la percepción, la evocación y el recuerdo.
Los tres son afectados con el transcurrir del tiempo.
Entre más se tarde la autoridad en recabar las declaraciones ministeriales de los testigos presenciales, menos valor tienen como pruebas testimoniales.
Con el tiempo se pierde percepción en cuanto a la acción de percatarse de los hechos a través de los sentidos.
También, al transcurrir el tiempo se pierde la evocación en cuanto a la capacidad de traer al consciente lo que permanece guardado en la memoria.
Y finalmente, los recuerdos se van borrando paulatinamente con el pasar del tiempo.
Esos tres factores del principio de Inmediatez Procesal pasaron de noche a dos abogados que debieron haber cumplido con ellos por su preparación académica y porque se supone, a nivel federal y al estatal son los fiscales de la sociedad.
