Un área de unos 30 kilómetros de playas vírgenes, la joya inmobiliaria del futuro de Cancún, es el epicentro de una disputa que implica el tráfico de influencias, la ambición y hasta el presumible enriquecimiento inexplicable de prominentes políticos priistas.

En este escándalo inmobiliario están implicados el diputado federal por Nuevo León Felipe Enríquez, operador electoral del PRI; familiares del ex gobernador de Nuevo León Natividad González Parás y el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien está en prisión desde mayo de 2001.

Se trata de Isla Blanca, o Punta Blanca, una playa paradisiaca. Para tener una idea de sus dimensiones, basta decir que tiene la misma extensión de la zona hotelera de Cancún asentada en el Boulevard Kukulcán. Es otro Cancún, pero todavía virgen.

La ambición de poseer esta isla llega a tal grado, que el compadre de Enrique Peña Nieto, el diputado federal Felipe Enríquez, negoció la conquista de esta joya con un hombre detenido y acusado de narcotráfico: el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid.

Enríquez, un ansioso operador de sus negocios y de los de la familia del ex gobernador de Nuevo León Natividad González Parás, recurrió a Villanueva al menos en dos ocasiones.

En 2007 fue al Reclusorio Norte para pedir al ex gobernador de Quintana Roo, todavía sin extraditar a Estados Unidos, que utilizara sus influencias a cambio del pago de una suma calculada entre 50 y 70 millones de pesos.

Y es que el diputado Enríquez buscó a Villanueva porque la isla de 30 kilómetros de playa virgen tiene varios títulos de propiedad de la Reforma Agraria.

Como hay varios títulos, también hay varios juicios civiles en tribunales agrarios y penales que todavía están en disputa.

Y si alguien sabe de litigios en tribunales agrarios, ése es Felipe Enríquez. De 2001 a 2005 fue secretario particular en la Secretaría de la Reforma Agraria, donde se le conoció como operador de una “mafia agraria” que litigaba terrenos ejidales.

Pero las conexiones e influencias no fueron suficientes. Los González Parás como inversionistas, Felipe Enríquez como operador y Mario Villanueva como vendedor y copartícipe de los juicios, se toparon con otros hombres igual de ambiciosos que ansiaban apoderarse de Isla Blanca.

Los dos políticos nuevoleoneses y la familia de Villanueva Madrid no han podido tomar posesión de las codiciadas playas porque otros personajes también ostentan títulos de propiedad de la Reforma Agraria.

Y en medio de su avaricia por poseer y desarrollar la isla, los González Parás y Enríquez arrastraron a esta disputa a empresarios regiomontanos del ramo de la construcción, como las familias Garza Ponce y Maiz Mier.

En total, entre el tráfico de influencias y la ambición, hay unos 35 millones de dólares involucrados, capital de los políticos y los empresarios de Nuevo León implicados en este caso.

Dinero que a pesar de las influencias de su ahora socio, Mario Villanueva, todavía hoy flota sobre las aguas de la incertidumbre.

Porque como en la Reforma Agraria se expidieron distintos títulos de propiedad para las mismas tierras, otros dos grupos de codiciosos personajes buscan quedarse con la isla.

Uno de ellos, al que también están ligados Natividad González Parás y Felipe Enríquez, está relacionado con gente de la Ciudad de México que tiene un contrato de servicios sobre un título de propiedad, y con ese documento pelea la isla.

El otro grupo, rival de los dos anteriores, es liderado por Arturo Bojórquez León, originario de Quintana Roo, quien también tiene títulos agrarios de Isla Blanca.

Pero Bojórquez León no solamente ostenta documentación, sino que además está en posesión de las tierras.

Dispone de guardias armados en puestos de vigilancia a lo largo de las playas vírgenes para repeler a cualquiera que quiera entrar a su propiedad.

Incluso, el 20 de abril de 2009, un centenar de hombres armados trataron de tomar la isla enfrentándose a unos 30 vigilantes de Bojórquez León.

El operativo, planeado por los abogados de Felipe Enríquez y de Isabel Tenorio de Villanueva, esposa del ex gobernador de Quintana Roo, dejó un saldo de 30 detenidos, cuatro heridos y un desaparecido.

Los 100 hombres de Enríquez y de la esposa de Mario Villanueva ya habían tomado la isla, pero como intervino la Policía Municipal de Isla Mujeres, demarcación a la que corresponde Isla Blanca, las tierras volvieron a la posesión de Bojórquez León.

Los 30 detenidos eran gente de Enríquez y Villanueva.

Además, las empresas que crearon el diputado Felipe Enríquez, los familiares de Natividad González Parás y el ex gobernador convicto Mario Villanueva para quedarse con Isla Blanca, están demandadas por Bojórquez León.

Es una historia que muestra cómo algunos políticos mexicanos no están en el servicio público para beneficiar a la sociedad, sino por su interés personal.

Para mover sus influencias con el fin de privilegiar sus negocios particulares.

Negocios a los que tuvieron acceso gracias a su paso por cargos públicos, como el caso de Felipe Enríquez, los González Parás y Mario Villanueva Madrid, quien lleva 10 años en la cárcel, pero ni así dejó de seguir haciendo dinero mediante el tráfico de influencias.

Estos políticos de intereses oscuros quieren tener la posesión de su Isla Blanca. Ésta es la historia.

LA CONEXIÓN NL-VILLANUEVA

Para disputar Isla Blanca, el ex gobernador Natividad González Parás y el legislador federal Felipe Enríquez crearon al menos dos empresas.

Una con Mario Villanueva y su esposa.

La otra con un grupo de regios que aparecen en el acta constitutiva en lugar de los políticos y los empresarios.

Porque, claro, Natividad y Enríquez invitaron a este jugoso proyecto a quienes pueden invertir y desarrollar Isla Blanca, pero debían permanecer tras bambalinas para no exponerse a una relación de negocios con Mario Villanueva.

A través de estas dos compañías, con sus respectivos prestanombres, accionistas y representantes, ambos políticos otorgaron poderes para comprar tierras en Isla Blanca y litigar contra quienes tenían títulos agrarios de esas tierras.

Y luego, siguiendo con el plan, y al amparo de esos documentos de la Reforma Agraria, hoy buscan enfrentar a quien tiene posesión de la isla, a Bojórquez León.

La primera de estas empresas es Desarrollos I.M., S.A. de C.V., que inicialmente tuvo su sede en Isla Mujeres, y luego cambió su domicilio a Carretera Chetumal-Calderitas, en Chetumal, Quintana Roo.

Y la otra es GLS-4 Corporativo, S.A. de C.V., con sede en Batallón de San Patricio No. 111, en San Pedro Garza García.

Desarrollos I.M., que significa Desarrollos Islas Mujeres, es la primera conexión entre los políticos nuevoleoneses Natividad González Parás y Felipe Enríquez, con el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva.

Y es que el ahora legislador federal, Felipe Enríquez, había pasado por la Reforma Agraria entre diciembre de 2000 y 2001 como secretario particular de la entonces titular, la también nuevoleonesa María Teresa Herrera Tello.

Desde entonces, el legislador se interesó por los títulos agrarios de propiedad de Isla Blanca.

Los vio como una potencial mina de oro.

Desde entonces empezó a mover sus intereses particulares por esas tierras. Y años después, habló de esos títulos agrarios con Natividad González Parás.

Más tarde buscó a Mario Villanueva, quien había sido liberado del Penal del Altiplano en junio de 2007, pero fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para enfrentar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde actualmente está detenido en una prisión de Nueva York.

Como Enríquez sabía que existían varios títulos y varios involucrados en la disputa por Isla Blanca, visitó el reclusorio y se entrevistó con el ex gobernador de Quintana Roo.

Le propuso pagarle por las tierras que tuviera en la isla o que pudiera conseguir.

Se habla de sumas millonarias que sí fueron liquidadas al ex gobernador.

Incluso, hay quien dice que el dinero fue entregado dentro del Reclusorio Norte, donde el ex gobernador acusado de apoyar la introducción de cocaína a Estados Unidos tenía privilegios que iban desde la comida que le preparaban, hasta una celda amueblada.

Sin embargo, un compadre de Villanueva, Enrique Romero, ex líder de los taxistas de Quintana Roo que participó en las negociaciones, cuenta que la gente de Nuevo León no pagó al ex gobernador convicto todo el dinero que le habían prometido.

Una vez que Enríquez y Villanueva acordaron su plan sobre Isla Blanca, la esposa del ex gobernador, Isabel Tenorio Romero, creó la empresa Desarrollos I.M.

A través del folio 19290 y con el notario de confianza del ex gobernador, el abogado Luis Miguel Cámara Patrón, de la Notaría 30 de Cancún, inscribieron el 6 de marzo de 2008 la empresa.

Y el 26 de mayo de ese mismo año, Isabel Tenorio le da a su esposo Mario Ernesto Villanueva Madrid, detenido entonces en el Reclusorio Norte, un poder para actos de administración de la compañía.

El mismo día le otorga un poder de pleitos y cobranzas a Juan Manuel Ramírez Pacheco, que más tarde sería detenido junto con otros 30 hombres por tratar de invadir Isla Blanca y sacar a la fuerza a la gente de Bojórquez León.

A través de Desarrollos I.M., Villanueva recuerda que él también tenía un título de propiedad agrario de Isla Blanca, pero que estaba registrado a favor de unos de sus testaferros, un dentista de Chetumal llamado Amador López Hernández.

Así que el ex gobernador llamó a López Hernández y le pidió vender varias hectáreas de Isla Blanca a la empresa Desarrollos I.M., para posteriormente revender esa tierra a los nuevoleoneses.

Desarrollos I.M. también adquirió 8 hectáreas más de Sara Eugenia Pacheco Flores, propiedad por la que pagó 41 millones 270 mil pesos.

De esta manera, I.M. y la familia Villanueva cumplieron su parte de adquirir tierras de Isla Blanca para luego venderlas a los políticos y empresarios regios.

TÍTULOS DE VILLANUEVA A LOS REGIOS

Las fuentes de información de Cancún y Chetumal relacionan a GLS-4, S.A. de C.V. con la familia del ex gobernador González Parás, con Felipe Enríquez y con otros empresarios inmobiliarios de Nuevo León.

Y es que luego de que Desarrollos I.M. tuvo en su poder tierras de Isla Blanca, las vendió a la otra empresa creada en conexión con Nuevo León, la compañía GLS-4 Corporativo, inscrita en Monterrey.

Esta empresa fue creada en junio de 2007 con dos accionistas, Vicente Rafael González Lutteroth Loyo y Karla Daniela González Lutteroth Ortiz.

El comisario era Eduardo González Quezada, pero en abril de 2008, la compañía nombró como representante legal a Hugo César Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.

La empresa hizo un gran movimiento durante diciembre de 2009, cuando la empresa de los Villanueva tenía tierras listas para vender a los regiomontanos.

Ante la fe del notario Ubaldo Gárate Bravo, el favorito del ex gobernador González Parás, hicieron una asamblea que presidió el cuñado de Felipe Enríquez. Fueron eliminados los accionistas originales de GLS-4 y tomaron la compañía otras dos razones sociales: Raíces Consultoría, S.A. de C.V. y Consorcio GH, S.A. de C.V.

Esto sucedió el 3 de diciembre de 2009, y apenas 15 días después, el 18 de diciembre de ese año, la empresa GLS-4 compró a Desarrollos I.M., de la familia Villanueva, una extensión de tierra en Isla Blanca. La inversión fue de 169 millones de pesos.

En sólo 15 días, la empresa regia ligada a la familia Parás y a Felipe Enríquez cambió sus accionistas y compró en isla Blanca alrededor de 50 hectáreas.

Esta operación fue registrada con la escritura pública número 39,671.

Pero mientras los testaferros y las dos compañías vinculadas a los políticos nuevoleoneses y a la familia Villanueva hacían sus operaciones, la Reforma Agraria canceló títulos agrarios y luego los volvió a activar.

Incluso el título agrario de Bojórquez León, quien está en posesión de las tierras, fue cancelado por el Tribunal Agrario.

Parecía que la operación iniciada por Felipe Enríquez con Villanueva había resultado.

Pero Bojórquez León solicitó un amparo contra la cancelación de su título agrario y obtuvo la suspensión de amparo, con la cual dejó sin efectos la cancelación de su título.

Y no sólo eso, sino que el hombre que tiene la posesión de Isla Blanca presentó una demanda contra Desarrollos I.M. y GLS-4 por usucapión, o adquisición prescriptiva.

Esto significa que reclama que se inscriba toda Isla Blanca a su favor porque tiene años de estar en posesión de la tierra, y solicita que se cancelen los demás títulos.

De lograrlo, seguramente Bojórquez León provocaría una disputa legal entre los políticos y los empresarios de Nuevo León, ya que está involucrada una suma de 35 millones de dólares.

Una cifra que muchos abogados estarían dispuestos a demandar. Y quizás reclamarían su parte a los ambiciosos operadores políticos de esta trama: Felipe Enríquez, la familia González Parás y la familia Villanueva, aunque el líder de esta última está en la cárcel.

Esta historia de negocios negros por la Isla Blanca, por la joya al norte de Cancún, todavía tiene muchos claroscuros que deberán aclararse.

Conoce el video y los documentos que prueban esta historia de oscuros intereses en la edición 213 de Reporte Indigo.