Joe Arpaio siempre ha sido en parte Bull Connor y en parte Barney Fife.
Cuando el sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, no está imitando al comisionado de seguridad pública de Birmingham, Alabama, que fue el símbolo del prejuicio durante el movimiento de los derechos civiles, se parece un poco al torpe asistente de sheriff que patrulló Mayberry.
Arpaio ha actuado así durante los 13 años en que he estado escribiendo sobre él, desde cuando yo trabajaba en el periódico The Arizona Republic, a fines de los años 90. Aquella era una Arizona diferente. Dependía de los inmigrantes ilegales; no los despreciaba. Desde que el año pasado, el estado declaró temporada de caza de inmigrantes ilegales y los sospechosos de serlo (léase: los latinos), Arpaio ha llamado la atención por aprehender a gente de piel marrón y acento español.
Los críticos de Arpaio lo acusan de abusar de su autoridad y discriminar en contra de los latinos. Ahora que el Departamento de Justicia y un juez del Tribunal Federal de Distrito han remitido esos cargos —y agregado otros propios— al menos, esos críticos saben que no están locos. Lo que pensaron que estaba sucediendo podría realmente estar sucediendo.
En años recientes, Arpaio ha demostrado un deseo casi patológico de meterse con los mexicanos y mexicano-americanos. Tiendo a pensar que no se trata de una cuestión personal, sino de centrarse en un grupo, al cual él piensa que puede maltratar sin consecuencias. Imaginen la tormenta de polvo en la Cámara de Comercio de Arizona, si este policía republicano dejara de hostigar a los inmigrantes ilegales y comenzara a clausurar los negocios que los emplean.
Como la mayoría de los matones, Arpaio sólo se mete con los que no pueden defenderse. Lo habilita una población de electores del Condado de Maricopa que, obviamente, se sienten ansiosos por los cambios demográficos y necesitan sentirse superiores a alguien. Los que vienen del sur de la frontera —o cuyos antepasados lo hicieron— cumplen ese papel.
Cuando las cosas van tan mal, el gobierno federal debe rectificarlas. Tras una investigación de tres años, el Departamento de Justicia emitió, recientemente, un severo informe que acusó a la oficina de Arpaio de presentar “una omnipresente cultura de sesgo discriminatorio contra los latinos”, realizando una “vigilancia inconstitucional”, que incluye redadas iniciadas sobre la base de denuncias de ciudadanos teñidas de racismo, y represalias contra críticos.
Mientras tanto, el juez Federal de Distrito, Murray Snow, asestó otro golpe sobre Arpaio en una causa relativa a una demanda de derechos civiles de 2007, en la que se acusó a asistentes del sheriff de realizar perfiles raciales de latinos, en barridas de inmigración disfrazadas de paradas de tránsito.
Además de imponer sanciones legales contra Arpaio por destruir documentos, Snow también prohibió al sheriff y sus asistentes, detener a individuos simplemente por estar en el país ilegalmente. El juez —que criticó a los asistentes por circular mensajes electrónicos que “comparaban a los mexicanos con perros”-- certificó la demanda como una demanda colectiva, que cubriría a todos los latinos que han sido “parados, detenidos, interrogados o registrados” por los oficiales de Arpaio.
Era hora de que Arpaio pagara por sus actos, puesto que llevaba tiempo infringiendo las reglas, incluso antes de que la legislatura de Arizona aprobara una severa ley migratoria, el año pasado, que requiere que la policía local y estatal imponga la ley federal. Arpaio utilizó leyes estatales para combatir el contrabando a fin de aprehender a inmigrantes ilegales y acusarlos de ser conspiradores de los contrabandistas. Y aprovechó plenamente el programa federal 287 (g), que permite que las organizaciones de seguridad que deseen desempeñarse como agentes de Patrulla de la Frontera firmen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para poder hacerlo.
Pero cuando se aprobó la ley migratoria, Arpaio realmente arremetió a toda marcha. La Oficina del Sheriff condujo controles de vehículos y redadas en empresas sobre la base de denuncias de ciudadanos preocupados e indignados porque había gente que--¡ay, Dios mío!--hablaba español en el local.
Los que se opusieron a la ley predijeron que ese tipo de cosa ocurriría y, por ese servicio, los acusaron de suponer que todos los agentes del orden locales eran racistas.
No, racistas no. Sólo humanos, cargados de prejuicios como todos los demás. Cuando se les dio la tarea de encontrar inmigrantes ilegales, pero careciendo del entrenamiento para hacerlo, la policía local instintivamente se concentra en los latinos —ya que la mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos proviene de México y del resto de América Latina.
Para mucha gente, es de sentido común. Sin embargo, mucha de esta misma gente afirma —totalmente en serio— que la policía local no está centrándose en los latinos y que todo el mundo recibe el mismo trato. Hacen esa ridícula afirmación porque la verdad es demasiado desagradable para enfrentarla.
Ahora, no les queda otra opción. Ha ido demasiado lejos. Demasiada gente lo sabe. Deben enfrentarla, pues.
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(c) 2011, The Washington Post Writers Group
