Por Philip Rucker

El ataque en Arizona que mató a seis e hirió a una congresista y a otros 12 desencadenó un debate entre los legisladores del estado sobre las leyes de compra de armas y la reforma de salud mental.

Pero aún y cuando los legisladores preparan propuestas sobre la reforma del sistema de salud mental de Arizona, como otros estados, tiene un enorme déficit fiscal.

En el caso de Arizona los problemas presupuestales podrían resultar en reducciones de gasto en programas de ayuda para personas con discapacidad mental.

Bajo la propuesta presupuestal presentada por la gobernadora Jan Brewer, el estado recortaría gastos en el seguro social, afectando a 280 mil residentes de Arizona que cuentan con Medicaid, entre ellos 5 mil 200 personas con discapacidad mental.

Brewer destinará 10.3 millones a la compra de medicamentos genéricos para aquellos afectados que perderán las prestaciones que tenían antes.

La gobernadora es una figura clave en este debate. A lo largo de su carrera defendió la necesidad de incluir servicios de salud mental en las leyes estatales; su hijo mayor, Ron, ha sufrido años por una discapacidad mental y vive en una clínica especializada. Fue absuelto de abuso sexual y secuestro hace 20 años cuando se le diagnosticó como esquizofrénico.

Como Arizona enfrentará el próximo un déficit de más de mil millones de dólares, Brewer propuso dar de baja a unos cuantos indigentes de los programas estatales, un paso necesario para balancear el presupuesto.

Con la tragedia del 8 de enero, abogados y líderes políticos dijeron que los recortes presupuestales podrían causar que las personas con discapacidades mentales fueran rechazadas de instituciones, convirtiéndose en una amenaza a la sociedad.

“Hay una tormenta perfecta aquí en Arizona”, dijo el legislador estatal demócrata Matt Heinz, doctor de Tucson y amigo de la congresista herida Gabrielle Giffords.

“Están recortando los servicios. Probablemente en los próximos meses muchas personas perderán la estabilidad. Nuestra comunidad ya no tiene recursos y el estado se encuentra peor”.

Heinz y la senadora estatal Paul Aboud dijeron que planean presentar una propuesta de ley que permitiría a cualquier colegio, empresa o entidad reportar ante las autoridades a cualquier persona que presente conducta errática.

El estado entonces señalaría el nombre en los registros de armas para prevenir compras a futuro sin antes recibir una evaluación médica.

Aunque Arizona tiene unas de las leyes más laxas del país referentes a la compra de armas, los líderes legislativos dijeron que seguirían luchando por su derecho constitucional de portar armas.

“No creo que podamos proteger mejor al público con leyes más rigurosas sin cruzar la raya de la privacidad y los derechos individuales protegidos por la Constitución”, dijo la republicana Nancy Barto, presidenta del comité de salud del senado de Arizona.

“En una sociedad libre, corres el riesgo de que personas locas hagan cosas horribles a los demás”.

Los expertos dicen que Arizona tiene unas de las más extensas leyes sobre salud mental de todo el país. Cualquier persona en el estado puede pedir a un tribunal que se lleve a cabo una evaluación psiquiátrica para cualquier otra persona por el simple hecho de que pueda sufrir de alguna enfermedad mental sin saberlo.

(c) 2011, The Washington Post

 

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